El Ministerio Público resolvió formalizar a Mario Vittorio Signorio Larzabal, controlador del holding ICB S.A., cuya marca más conocida es Marco Polo, en el contexto de una antigua disputa familiar por el control de los negocios.

El 13 de septiembre, el magistrado del 2º Juzgado de Garantía de Santiago, César Orellana, acogió la petición de la fiscalía y agendó para el 15 de febrero de 2022 una audiencia en la que se llevará a cabo la formalización del empresario acusado del delito de estafa.

ICB es uno de los grupos de alimentos más grandes de Chile. Su marca propia más reconocida es Marco Polo, pero además importa productos Cola Cao, Kellogg’s, Pringles y Ferrero Rocher, entre otros. Sus ventas ascienden a más US$ 280 millones al año.

Todo comenzó cuando el 5 de octubre de 2016, Inversiones y Rentas Quimán S.A., propiedad Chantal Signorio y sus hijos, presentó una querella por el presunto delito de estafa en contra de su hermano. Esto luego de detectar una serie de facturas por servicios legales al estudio Barros & Errázuriz pagadas con fondos de ICB S.A. Según la acción judicial, entre las facturas cuestionadas se encuentran gastos de un viaje familiar de Mario Signorio en febrero de 2015 a Hawai (EE.UU). Con fondos de ICB S.A se habrían financiado los pagos a restaurantes, arriendo de limusina, clases de surf, arriendo de autos, tours, entre otros. Este gasto fue solventado por ICB S.A., lo cual consta en el memorándum de rendición de gastos del 27 de febrero de 2015 por un monto total de US$ 3.652.

Posteriormente, en agosto de 2015, la administración registró otro viaje que también fue financiado con fondos de la compañía. Esta vez fue a Buenos Aires, Argentina, y costó $1.258.582. Según la querella, el itinerario tampoco tuvo razones laborales ni nada que justifique el gasto de dichos recursos. De hecho, según el documento, el propio abogado Franco Acchiardo consultó sobre el desembolso al jefe de Control de Gestión, Juan Antonio Cornejo, y éste manifestó no tener conocimiento del caso.

En los registros contables de ICB S.A. también se detectó la emisión de la factura Nº 0493 de la Sociedad de Turismo Zahr Ltda., agencia de viajes, por la suma de US$ 3.532, correspondiente a la compra de pasajes a Europa para la presidenta del directorio de la compañía, Francesca Signorio Larzabal.

Pero no sólo fueron viajes los que cuestionó en su querella Chantal Signorio, sino que también otros gastos a sociedades vinculadas a sus hermanos Mario, Francesca y Donatella Signorio, los cuales, a su parecer, generaron un perjuicio directo a ICB y, por lo mismo, a la sociedad Quimán de la cual ella es propietaria.

En paralelo, el conflicto entre los hermanos Signorio se ventila en sede civil. Esto luego de que el 13 de enero de 2016, Chantal Signorio presentara una demanda a su hermano Mario acusándolo de simular un traspaso de acciones con lo cual se hizo del “control total” de la compañía, por lo que solicitó la nulidad de la partición de una herencia realizada en 2015, o una indemnización de $ 11.365 millones.

El 20 de diciembre de 2018, Mario Signorio contestó la demanda. En su presentación sostuvo que ICB fue constituida por su padre, Víctor Signorio Ferrertti, el año 1968.

“Contrariamente a lo dicho por Chantal, don Víctor, nacido en Italia y radicado en Chile, era sumamente moderno para la época, y una persona que no presentaba en absoluto rasgos machistas, como se acreditará con el testimonio de quienes le conocieron. Por lo tanto, esta teoría de discriminación de género que ha tratado de construir la actora es completamente falsa”, acotó su abogado.

En sede penal, a cargo de la defensa de Chantal Signorio se encuentra su esposo, Arturo Majlis, socio del estudio Grasty Quintana Majlis, quien declinó efectuar comentarios sobre este artículo. Quien sí lo hizo fue el asesor del empresario Mario Signori, el penalista Jorge Bofill, socio del bufete Bofill, Escobar Silva.

¿Cómo enfrenta la defensa de Mario Signorio la solicitud de formalización que anunció el Ministerio Público?

Con mucha tranquilidad, este es un caso -de tantos- en los que se intenta instrumentalizar el sistema penal. Aquí el verdadero conflicto está muy lejos de eso. Lamentamos, por supuesto, que el fiscal haya tomado la decisión de formalizar la investigación. Pero, al mismo tiempo, ella nos abrirá la puerta para que, oportunamente, pidamos a un tribunal que se pronuncie sobre el caso. Aquí no hay ningún delito, ni nada parecido.

¿Cuál es su defensa frente a la querella que presentó en 2016 Inversiones y Rentas Quiman S.A.?

Que esa querella carece de todo mérito y sentido. Como dije, su único propósito es instrumentalizar el sistema penal, para intentar obtener ventajas en otros procesos. Pero serán los tribunales ante quienes expondremos nuestros argumentos.

¿Qué opinión tienen frente a la actuación el Ministerio Público en este caso?

Nos cuesta entenderla. En la investigación no ha habido ningún movimiento desde junio de 2020, nada justifica esta forma de actuar. Además, hace poco, en una causa relacionada, el Ministerio Público desestimó otra denuncia del mismo querellante, por carecer de todo mérito. Es una situación extraña.