Sitio web de la Segpres y exconvencionales en la mira: Fiscalía abre investigación por eventual uso irregular de logos de la Convención

En atención a una denuncia interpuesta por el diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno Bascur, el fiscal nacional Jorge Abbott pidió a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte iniciar una investigación por eventual uso irregular de sellos, membretes o logos oficiales de la Convención Constitucional con posterioridad al término de las funciones de la misma. Así, el pasado 18 de julio se abrió oficialmente la indagatoria quedando en manos del fiscal Paulo Ramírez, quien ya emitió orden de investigar a la PDI.

Y es que como se ejemplifica en el escrito al que tuvo acceso La Tercera PM, la cuenta de Twitter @convencioncl, que anteriormente era la “voz oficial” del organismo en dicha red social, tiene publicaciones que son posteriores a la disolución del mismo. De igual forma, se menciona el sitio web GuíaConstitucional.cl, que hasta hace poco estaba inscrita a nombre de Sergio Gajardo Ugás, dueño de la agencia de marketing digital Warketing y excapitán del Ejército que asesoraba a la entidad, y que luego pasó a manos de la Segpres. Como se muestra en el escrito, este sitio también se mantuvo activo hasta después del 4 de julio.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el parlamentario en el documento de 10 carillas, el uso de los citados elementos en dichas plataformas podrían no sólo “constituir un atentado en contra de la fe pública”, sino que también “delitos como la falsificación de sellos, logos, punzones, papel sellado o membretado, o incluso el uso de timbres de la institución afectada”. A juicio de Moreno, además, tampoco se puede descartar que se esté ante ilícitos como la usurpación de funciones públicas, nombres o calidades.

“Nadie podría negar la comisión de uno de los delitos antes descritos cuando por ejemplo, un exparlamentario, habiendo cesado en el ejercicio de sus funciones usa el logo de la Cámara o del Senado, o hace ostentación del cargo del cual ya no goza, además de usar material oficial de cualquiera de dichas corporaciones, más aún, se podría estar cometiendo este delito por quienes ostenten dichos cargos en actividades que tienen el carácter de públicas o, quienes públicamente utilicen información o se arroguen facultades constitucionales o legales que nunca les han sido otorgadas o conferidas”, argumenta el diputado.

En el mismo sentido, hace presente que cualquier otro funcionario público que hubiese cesado en su calidad de tal, “tampoco puede utilizar las redes sociales oficiales de dicha institución”. Lo mismo corre, enfatiza, para personas ajenas a dicho proceso.

Como indicaron fuentes ligadas a la indagatoria, en el marco de la cual no sólo se revisarán los antecedentes incluidos por el diputado, las pericias tendientes a esclarecer la situación ya comenzaron. Hasta el momento se le ha tomado declaración al denunciante, y el persecutor y los detectives han ubicado a testigos y a eventuales imputados.

Como expresó el denunciante ante el máximo persecutor, “se estarían ejerciendo acciones indebidas con calidades o méritos respecto de los cuales se carecen”, y por lo mismo insiste en que “el texto del Código Penal es claro: el mero fingimiento de esos cargos o profesiones será sancionado como tentativa del delito”.

Elisa Loncon, María Elisa Quinteros, Jaime Bassa y Gáspar Domínguez, podrían eventualmente ser algunos de los blancos a investigar, dado que tras la disolución de la Convención, se colgó en la cuenta de Twitter de dicha entidad una escena de “Nuestra Constitución”, que es parte del registro que hicieron quienes lideraron la instancia para entregar pormenores sobre el proceso de trabajo.

“La Convención Constitucional finalizó sus funciones y, por ende, su competencia, en la sesión del pleno del día lunes 4 de julio pasado, en la cual sonó la campanilla de cierre de la misma y, por tanto, terminó su existencia y funcionamiento”, enfatiza.