Socavones: el incierto nuevo desalojo tras el decreto de inhabitabilidad de Ripamonti y la arremetida judicial de los vecinos

La teleserie en el campo dunar de Viña del Mar parece no terminar nunca. La sucesión de hechos y la aparición de nuevos socavones -el último en el sector de Euromarina II- han provocado que los habitantes, tanto del mismo edificio afectado por el colapso del colector, como los de sectores aledaños, empiecen a movilizarse y activar ofensivas administrativas y judiciales.

Recursos de protección, denuncias en la Contraloría General de la República y seguridad privada son parte de las medidas que han ido tomando los residentes y propietarios de las edificaciones afectadas debido a la peligrosidad que supone un presunto derrumbe de los terrenos que se encuentran sobre los colectores de aguas lluvias y que casi con cada frente de mal tiempo exponen su fragilidad, y que como último suceso tiene el decreto de inhabitabilidad firmado por la municipalidad que lidera Macarena Ripamonti (RD), decisión adoptada tras un informe del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, que daba cuenta del descenso de tres centímetros del sector de la terraza, aledaño al último socavón.

Ante esto, el municipio emanó la noche del martes el decreto de inhabitabilidad “por riesgo de colapso”, no solo en las dos torres que se encuentran cerca del socavón, sino que las cinco que componen la construcción del Euromarina II.

Es así que los propietarios han comenzado a irse de la zona decretada inhabitable, aunque el desalojo total no se ha ejecutado completamente. Y en ese contexto, algunos vecinos afirman que la mayor preocupación ahora apunta a la seguridad del sector, con el ejemplo cercano del edificio Kandinsky, afectado por uno de los anteriores socavones y que ante la ausencia de moradores sufrió vandalizaciones y robos en sus departamentos.

El vicepresidente del Comité de Administración Euromarina II y propietario, Francisco Torrent, afirma a La Tercera que “la preocupación que queda es que el edificio queda abandonado, además de la posibilidad de que recibamos nuestras viviendas en hasta dos años más. La autoridad no nos ha dado garantías de qué pueda pasar con la seguridad de la estructura”. En ese sentido, los grupos de vecinos han comenzado a evaluar la contratación de seguridad privada debido al riesgo de ver vandalizado el sector.

En medio de la incerteza tras el decreto, la alcaldesa Ripamonti salió durante esta jornada a dar cuenta de que esta medida no es eterna y que se va a acompañar con distintas variables y medidas: “Los decretos de inhabitabilidad no son permanentes, esto siempre puede ir cambiando dependiendo de los informes que vayamos teniendo”, dijo.

Hasta el momento los departamentos que están calle Las Perlas se encontraban prácticamente del todo deshabitados. De hecho, los mismos vecinos confirmaban que el desalojo se ejecutó casi voluntariamente mucho antes del decreto tras la recomendación del gobierno para evacuarlos el lunes de la semana pasada, cuando se informó que al menos 87 departamentos fueron deshabitados apenas ocurrida la nueva emergencia.

Pero como ahora ya es un hecho, durante la jornada de este miércoles los vecinos del Euromarina II comenzaron a retirar las pertenencias de sus vivendas con la latente incertidumbre de lo que podría pasar incluso en un futuro muy cercano, considerando que para este viernes ya están pronosticadas lluvias en el sector.

Durante esta jornada el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, respaldó la medida tomada por Ripamonti e indicó “que la alcaldesa diga ‘no se construye más en las dunas’ yo no podría estar más de acuerdo con ella. Mientras no se eleven los estándares y mientras no se tomen otro conjunto de medidas para que esto no se repita”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Obras del Concejo Municipal de Viña del Mar, el concejal Alejandro Aguilera (CS), señala a este medio que se solicitará un catastro de todos los permisos de edificación desde 2005 hasta la fecha, e indica que solicitará una paralización de obras, considerando que hay permisos ya otorgados, con obras no ejecutadas.

“Se debe declarar una paralización completa de obras hasta que la situación, en términos geomecánicos, esté completa y que se haga una revisión por parte del Serviu y del MOP de todo el sistema de colectores, que es lo que ha ido provocando en el paso de estos dos años los socavones”, cierra.

Al menos cuatro juntas de vecinos -Altos de Cochoa, Jardín del Mar, Los Almendros de Reñaca y Reñaca Norte- ingresaron durante esta jornada una denuncia en la Contraloría con el objetivo de dilucidar los hechos ocurridos en la zona del socavón, apuntando a la revisión de los permisos de edificación.

“Hemos presentado una solicitud de investigación y fiscalización, los certificados de informaciones previas, anteproyectos, proyectos y edificaciones ya construidas, si se ajustan a la legalidad vigente, si están dentro del plan regulador comunal y por sobre todo dentro de las restricciones que impone la Ley de Urbanismo y Construcciones”, dice el vicepresidente de la administración del edificio Alto Cochoa, Andrés Gringuelli.

Esta denuncia en Contraloría se suma al recurso de protección que presentó el Comité de Administración del edificio Eurocochoa Norte en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, el Serviu de Valparaíso y la comunidad de copropietarios del edificio Euromarina 2 por la no mantención del colector. En él solicitan medidas de mitigación y reparación “necesarias y adecuadas” para asegurar la edificación colindante y así resguardar la integridad de las personas que podrían verse afectadas ante un eventual derrumbe.

Estas arremetidas se suman a diversas acciones emprendidas durante el periodo posterior a los socavones aledaños al edificio Kandinsky el año pasado. La primera fue emprendida por la alcaldesa Ripamonti, la segunda por parte de un vecino de uno de los edificios evacuados, y la tercera por la Inmobiliaria Montemar S.A.