Fiscalía, CDE y municipio: la triple solicitud de prisión preventiva que enfrentará Torrealba, acusado de millonarios desvíos de dineros en Vitacura

Una jornada que se prevé intensa es la que está programada para este jueves 15 de junio en el Centro de Justicia de Santiago, donde a partir de las 9 horas se realizará la audiencia en que el Ministerio Público formalizará la investigación en contra del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba. Enfrentará, al igual que otros cinco exfuncionarios, imputación de cargos por fraude, delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita.

Todo, luego de que por casi dos años la Fiscalía se abocara al análisis de irregularidades que fueron alertadas en una denuncia estampada por la administración de la alcaldesa Camila Merino, quien sucedió al ex RN a la cabeza del municipio a partir de junio de 2021.

Así, en medio de la audiencia -que de acuerdo con datos recabados por La Tercera PM podría extenderse por varias horas-, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y el fiscal jefe de Santiago Centro, Francisco Jacir, comunicarán formalmente los cargos por los que Torrealba es indagado y pedirán, conforme a antecedentes a los que accedió este medio, que quede sujeto a la medida cautelar más gravosa que contempla el Código Penal: prisión preventiva.

En ello, además, contarán con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que en diciembre pasado determinó querellarse en la causa y que también se inclinará porque el otrora jefe comunal quede preventivamente en la cárcel.

Como se pudo constatar, la determinación de los persecutores y de los representantes del CDE referente a solicitar la mencionada medida cautelar se funda, en primer punto, en que se debe cautelar a la sociedad e impedir una eventual fuga del exjefe comunal. Esto, porque enfrenta pena de cárcel, dado que la comisión de los delitos que se le imputan se dan en grado de consumados y reiterados, y a que lo montos de dinero involucrados son bastante altos.

Además, concuerdan las fuentes consultadas, se debe cautelar el correcto despliegue de la investigación e impedir que pruebas valiosas pudiesen ser manipuladas o eliminadas, lo que ya habría pasado anteriormente. Investigadores constataron, por medio de interceptaciones telefónicas y de revisión de conversaciones, que Torrealba ya eliminó una serie de mensajes que estaban en su celular y que eventualmente podrían haber resultado relevantes para esclarecer los hechos.

Se estima, por otra parte, que el exalcalde no estaría en el escenario de alegar colaboración sustancial, una aminorante para la pena que arriesga, ya que en el caso ha negado los delitos indagados y se ha accedido a sus cuentas y viviendas a través de órdenes judiciales tramitadas por el Ministerio Público.

Mismos argumentos, cabe mencionar, serían los que expondrán los abogados que representarán a la Municipalidad de Vitacura en la audiencia de este jueves, puesto que como adelantó la alcaldesa Merino en entrevista con La Tercera, ellos también pedirán que Torrealba quede en prisión preventiva.

“Vamos a pedir la prisión preventiva contra el exalcalde por la gravedad de los delitos y porque era el líder de esta asociación ilícita, y estamos evaluando si la pedimos para el resto de los querellados”, sostuvo la militante de Evópoli.

Al exjefe comunal, como queda en evidencia en los cientos de documentos que hasta ahora componen la carpeta investigativa, se le indaga como imputado por presuntamente haber desviado fondos, a través de las corporaciones de derecho privado “Vita”, tanto a sus cuentas personales como mediante sobres con efectivo.

Y para ello, de acuerdo con datos de la causa, habría desplegado todo un sistema en el que incluyó a varios exfuncionarios que también son indagados. Entre ellos están Renato Sepúlveda, director de desarrollo comunitario de Vitacura entre 2008 y 2010; Antonia Larraín, exsubdirectora de desarrollo comunitario y luego directora subrogante de la misma repartición; Domingo Prieto, exdirector de los programas Vita, y dos contadores, Arnaldo Cañas y Augusto Silva.

En el entramado para defraudar las arcas municipales, además, también habrían participado cuatro conductores contratados por el municipio, y que de acuerdo con un informe elaborado por detectives de la PDI, habrían depositado más de $ 85 millones en efectivo en cuentas que Torrealba y su esposa, María Soledad Simonetti, mantenían en diferentes bancos.

En ese mismo informe, además, se advierte que el matrimonio Torrealba Simonetti, entre 2011 y 2021, recibió $ 633.997.385 por concepto de depósitos en efectivo, monto que eventualmente podría aumentar, en la medida en que se amplíe el secreto bancario del imputado.