Tu pasado te condena: las sanciones que pesan contra aspirantes a fiscal nacional

Este lunes 7 de noviembre es una de las fechas clave en la elección del próximo fiscal nacional. La tarde de ese día, a partir de las 14.30 horas, los 17 aspirantes a suceder a Jorge Abbott -quien dejó el cargo el pasado 1 de octubre por cumplir la edad máxima para ocupar el puesto- expondrán ante el pleno de la Corte Suprema, instancia que deberá elaborar la quina entre la cual el Presidente Gabriel Boric elegirá un nombre para proponérselo al Senado.

En la cita, los ministros no sólo escucharán a cada uno de los postulantes por alrededor de 10 minutos, sino que también se espera que voten. De manera secreta, los 20 supremos en ejercicio elegirán, uno por uno, a sus tres favoritos y así, las cinco primeras mayorías pasaran a integrar el selecto grupo entre el cual el Mandatario fijará a su candidato.

Las ponencias son consideradas de suma relevancia durante el proceso, aunque para nadie es un secreto que los jueces también ponderan los antecedentes y las respectivas trayectorias de los interesados en liderar el Ministerio Público. Así, asoma como información relevante la “hoja de vida” de quienes han sido parte de la institución, ya que da cuenta de eventuales sanciones y procesos disciplinarios abiertos en su contra.

La Tercera PM hizo una revisión de esos datos, mediante información solicitada vía transparencia, y se pudo advertir que cuatro de los postulantes que hoy se desempeñan en la Fiscalía han sido foco de investigaciones internas, siendo tres de ellos finalmente “castigados”: Emiliano Arias, Erika Maira y Eugenio Campos.

En el caso de Nayalet Mansilla, quien también fue objeto de un proceso disciplinario, resultó absuelta.

La situación del fiscal regional de O’Higgins es la más conocida tanto en la esfera pública como en la interna de la institución. Como él ha reconocido públicamente, ha sido objeto de una serie de investigaciones internas, a su juicio, porque estaba en desacuerdo con las definiciones de su otrora superior jerárquico, Jorge Abbott.

Según los antecedentes, en los últimos años le han cursado cuatro sumarios. El primero, por decir que en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca hubo corrupción, donde resultó absuelto. El segundo, por reunirse con víctimas de los incendios que se registraron en su región y adelantarles que el origen del fuego estaba relacionado con fallas eléctricas, hechos por los cuales el fiscal nacional le fijó una multa correspondiente al 5% de su remuneración.

El tercero, por una denuncia que presentó en su contra el fiscal Sergio Moya y que ocasionó su suspensión por dos meses, y posteriormente derivó en que el fiscal Abbott pidiera sin éxito su remoción ante la Corte Suprema.

En cuarto lugar aparece otro sumario que se generó a raíz de otra denuncia de Moya, pero en este caso resultó absuelto.

En el caso de la actual gerenta de atención a víctimas de la Fiscalía Nacional, en octubre de 2019 fue sancionada por haber infringido la obligación de “obedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico”. Esto, según constan en datos del proceso disciplinario a los que accedió La Tercera PM, porque cuando fue nombrada en su actual cargo y dejó su puesto como fiscal adjunta en la Fiscalía Metropolitana Sur -cuando llevaba principalmente investigaciones por violencia intrafamiliar-, no hizo entrega del informe que debía entregar respecto del estado de las causas que llevaba ni tampoco del material recopilado, pese a que en reiteradas ocasiones se le solicitó. Además, no se encontraron las carpetas de cinco de las causas.

En sus descargos, aseguró que sí tuvo toda la atención de enviar el informe solicitado, pero dado que no tenía equipo que le colaborara y como tenía alrededor de 850 causas a su cargo, no le habría sido posible.

“Tenía la firme intención de cumplir la instrucción al fiscal regional y realicé todos los esfuerzos para así hacerlo, al mismo tiempo que seguí generando instrucciones de tramitación en las carpetas para facilitar la continuidad de su tramitación. Frente a la gran carga de trabajo que el desarrollo del informe me representaba, no fui capaz de terminarlo y por estar incompleto no entregué lo que llevaba, pero intenté comunicarme con el Fiscal Palma, quien asumió mi cartera para darle esa información y así de alguna manera cumplir con lo solicitado pero no fue posible reunirnos”, indicó en ese momento, agregando que luego dejó de tener acceso a dicha documentación.

Alegó, asimismo, que testigos aseguraron en medio del proceso que nunca se había podido completar estos informes para entregarlos a quienes asumen los cargos y que, por lo mismo, no se habían cursado sumarios de este tipo.

Sin embargo, la sanción en su contra fue confirmada: Amonestación Privada. Se hizo hincapié, en ese sentido, que “el retardo en la reasignación de carpetas investigativas, pudiere significar que medidas cautelares decretadas en favor de la víctima quedarán sin efecto; no disponer de evaluaciones de riesgo de la víctima o subgrupo familiar, para que se adoptaran medidas de protección en su favor; que los plazos de presentación de acusación fiscal vencieran sin que se ejerciera la acción penal pública”, entre otros aspectos.

El fiscal regional de Magallanes registra en sus antecedentes dos sumarios por los cuales fue sancionado con una Amonestación Privada (2006) y con Censura por Escrito (2009).

En el caso de la causa de 2006, se le sancionó por haber incurrido en “omisiones que constituyen infracción a deberes genéricos de eficiencia en el ejercicio de la función pública, al no haber hecho las gestiones necesarias para darle un debido diligenciamiento, seguimiento, control y cumplimiento a una instrucción clara y directa que le fuere impartida por su superior jerárquico”.

Como se da cuenta en los antecedentes del proceso que pudo revisar La Tercera PM, mientras se desempeñaba como fiscal adjunto, dejó “de ejercer las atribuciones que le irrogan la Ley Orgánica de la Institución y las instrucciones generales que, dentro del ámbito de sus facultades, han impartido el Sr. Fiscal Nacional y el Sr. Fiscal Regional en lo relativo al ingreso de causas, manejo de documentación y control de los procedimientos administrativos internos, omitiendo velar por el cumplimiento de los reglamentos e instrucciones que rigen su desempeño y el funcionamiento del Ministerio Público por parte de sus subordinados, infracciones todas que incidieron en un desfase superior a las nueve meses entre la fecha de recepción personal que hiciere de la documentación en comento y la de su registro”.

Si bien en sus descargos él indicó que en su momento advirtió sobre el desorden que habría en la Fiscalía, se determinó amonestarlo.

En cuanto al segundo proceso que enfrentó Campos, éste se originó por presuntas faltas cometidas en medio de una investigación que él llevaba por supuesto tráfico de drogas y contrabando. Como se advierte de la imputación que le realizó un fiscal adjunto que lo acusó, hubo irregularidades en la incorporación de audios de escuchas telefónicas y no registró de manera adecuada copia de un informe policial expuesto.

Según lo que se detalle en la indagación interna, Campos “mantuvo durante la investigación una carpeta apócrifa o paralela, que no se encontraba foliada y que no tuvo el carácter de pública para los demás intervinientes, la que contenía información sustancial para la investigación, a saber, una matriz y un compilado de escuchas telefónicas del abogado e imputado, que ingresaron a la custodia de la Fiscalía Local de Punta Arenas 3 días después de que se cerrare la investigación- y una declaración del imputado en la que se acogía a la llamada “Delación Compensada””.

Asimismo, se detalló que “faltó a la verdad frente a sus superiores jerárquicos e, incluso, frente a los tribunales de justicia, a saber, el Jugado de Garantía y la I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, al sostener que en la investigación siempre hubo 17 matrices grabadas en Cds. y un compilado del abogado en circunstancias que su propia acusación separa en distintos puntos del acápite “Otros Medios de Prueba” 17 matrices que se enuncian genéricamente, una matriz del abogado y tres compilados distintos, lo que hace un total de 21 Cds”.

Estimando que todo ello implicaban faltas graves, que faltó a su obligación legal y “comprometió” al Estado con sus acciones, incluso el fiscal a cargo pidió que fuera removido, pero finalmente se le sancionó con una censura por escrito.