Un diluvio a goteo: oficialismo aumenta presión a La Moneda para impulsar reformas sociales

“Vamos a pasar de lo que algunos llaman sequía al diluvio (legislativo)”, dijo el Presidente Gabriel Boric, en una entrevista de La Tercera, publicada el 1° de mayo pasado.

Sin embargo, a casi 20 días de aquella frase, la inquietud por la falta de una agenda que cope el trabajo del Congreso no solo inquieta a la oposición -donde es habitual que surjan reproches a lo que se llama “sequía legislativa”-, también ha comenzado a instalarse como preocupación en el oficialismo.

Incluso, a pesar de que este miércoles el gobierno se anotó un triunfo en el Congreso, al lograr aprobar el proyecto de salario mínimo de 400 mil (a partir de agosto), ese mismo día un grupo transversal de diputados oficialistas puso presión al Ejecutivo para apurar la discusión de la iniciativa que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales.

“Queremos hacer un llamado a nuestro gobierno, de quienes somos parte de este gobierno del Presidente Gabriel Boric, a acelerar la tramitación de este proyecto y hacer un llamado al Senado también. Ahora sí, tenemos las posibilidades de avanzar. Este es el momento y la ciudadanía lo está pidiendo. Así que somos más de cuarenta parlamentarios los que demandamos la rebaja de la jornada laboral a 40 horas”, dijo la diputada comunista Karol Cariola, jefa de bancada del PC-FREVS-independientes, quien estaba escoltada por una treintena de legisladores.

A pesar de que en los últimos días se habían tensionado las relaciones entre las “dos almas” del oficialismo (Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad) por el rol de las FF.AA. en tareas de seguridad interna, en el punto de prensa de Cariola participaron diputados del PC, el PPD, el PS, el Frente Amplio e independientes de izquierda y centroizquierda, e incluso del Partido de la Gente (que hoy no es parte del oficialismo). Todos ellos, en una demostración de fuerza suprapartidaria -que desde los debates por los retiros previsionales no se veía en la Cámara-, desplegaron un lienzo “Bancada Transversal: Vamos por las 40 horas”.

Aunque la actividad también buscó reanudar la presión sobre el Senado, que había frenado la tramitación de las 40 horas (iniciativa de autoría de Cariola y Camila Vallejo, en sus tiempos de diputada), el mensaje a La Moneda fue explícito, ya que hasta la fecha esta iniciativa que rebaja la jornada laboral no ha recibido ningún tipo de urgencia.

Tras el punto de prensa, un grupo de legisladoras que ha tratado de reactivar el debate, entre ellas Cariola y la socialista Daniella Cicardini, se reunieron con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), para manifestarle el deseo de apurar el proyecto, que está incluido en el programa de gobierno y que fue creado por la titular de la Segegob.

Según algunas versiones, Jara les habría reiterado el compromiso de impulsar este año el proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara en noviembre de 2019 y está en manos del Senado desde entonces. Sin embargo, en estos momentos, el tema fue sometido a consultas con la sociedad civil y actores económicos a través de una mesa técnica.

En el Ejecutivo añaden que, una vez que culmine ese período de consultas, se presentarán indicaciones al proyecto de Vallejo y Cariola, pero que por mientras no hay una fecha exacta para pasar a la acción legislativa.

Sin embargo, un influyente dirigente oficialista comenta que detrás la parsimonia con la que gobierno está tratando el tema, hay razones económicas. Asimismo, dice que la estrategia es ir graduando el avance de reformas que tengan impacto en el crecimiento, la inflación y el mercado laboral, más aún cuando el reajuste de salario mínimo ni siquiera se implementa.

De hecho, si bien el compromiso del Ejecutivo es presentar este año también las reformas tributaria y previsional, el inicio de su tramitación quedó para después de junio o incluso septiembre. En el caso de estas reformas estratégicas, además de la consideración económica, el gobierno prefiere esperar cómo culmina el proceso de elaboración de la nueva Carta Fundamental, que inevitablemente incidirá en el contexto de ambas iniciativas.

El problema del Ejecutivo, es que la aprobación del salario mínimo, que era la iniciativa más importante que estaba tramitando el Congreso, provoque un nuevo vacío legislativo, como ocurrió cuando se rechazaron los dos proyectos de retiro previsional en abril pasado.

En todo caso, en La Moneda desestiman que exista una eventual sequía legislativa, ya que cada semana están ingresando al menos un proyecto nuevo, lo que se suma a cerca de 40 urgencias para mantener en discusión iniciativas parlamentarias y de factura gubernamental.

Las estadísticas avalan parcialmente la postura de La Moneda, ya que el número de proyectos ingresados se encuentra dentro del promedio de gobiernos pasados. Desde el 11 de marzo hasta la fecha, la administración de Boric ha ingresado 11 proyectos, de los cuales uno ya se transformó en ley, dos están aprobados por el Congreso y una cuarta iniciativa (el Pacto de Escazú) está en su fase final. No obstante, otros seis proyectos están en su etapa inicial. Además, una de las reformas del gobierno ha sido rechazada: el giro acotado de fondos previsionales, que se presentó en respuesta al llamado “quinto retiro”.

En el mismo período, la última administración de Sebastián Piñera llevaba 9 proyectos propios y el segundo gobierno de Michelle Bachelet sumaba 18.

En todo caso, las cifras de Boric están debajo de los números del Ejecutivo de Patricio Aylwin, el más prolífico en sus primeros meses desde el punto de vista legislativo, ya que entre el 11 de marzo y el 19 de mayo de 1990, ya acumulaba 25 reformas ingresadas al Congreso.

El problema de Boric, sin embargo, se agrava, porque además de las consideraciones económicas, hay otros dos factores estructurales.

El primer factor es que al ser una coalición nueva en el poder no tiene una gran agenda legislativa heredada, como la tenía Ricardo Lagos en 2000, con el precedente de dos gobiernos de la Concertación anteriores. En todo caso, La Moneda igualmente ha seleccionado algunas iniciativas para darle patrocinio, por ejemplo, la reforma que entregaba facilidades para votar e implementar el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

La segunda variable es que el proceso constituyente ha inhibido al Ejecutivo de Boric para presentar iniciativas que puedan ser alteradas por la nueva Carta Fundamental. Ello anula completamente una agenda de reformas políticas, pero además restringe, por ejemplo, el margen de presentación de proyectos ligados a derechos sociales, laborales y previsionales.

Incluso, el mismo ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, argumentó este factor de incertidumbre constitucional para abstenerse en la tramitación de una reforma que otorgaría una nueva facultad al Presidenta para usar a la FF.AA. en la protección de infraestructura crítica. Ese comentario del ministro, sin embargo, causó molestia en el Congreso y fue criticado desde el PS a la UDI.

A juicio del presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), “la preocupación por sequía legislativa ya fue superada” y “el gobierno se ha activado bastante en materia de ingreso de proyectos”, los que se sumarán a varias mociones parlamentarias que “irán ocupando también su espacio en los debates”.

Sin embargo, Soto coincide con los reparos de que “el Poder Legislativo debe cumplir con su principal función y no puede desistir de aquello, más allá de toda contingencia”.