Una excepción estival: Congreso suspenderá vacaciones para discutir la presencia militar en La Araucanía y el Biobío

Entre el 19 y el 23 de febrero, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado sesionarán en forma extraordinaria para discutir una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, medida que se viene aplicando desde el 15 de octubre en cuatro provincias de la Macrozona Sur: Arauco y el Biobío (Región del Biobío) y Cautín y Malleco (Región de La Araucanía).

Para ello, algunas bancadas ya se están organizando para al menos cumplir con “un turno veraniego” de legisladores que tendrían que ir a Valparaíso para estar presentes en la sesión y votar. Los reglamentos de la Cámara y el Senado, en ese sentido, autorizan que se pueda votar con un tercio de sus legisladores en ejercicio, es decir, 52 diputados y 14 senadores como mínimo.

Si bien cada año el Congreso Nacional suspende sus actividades por un receso legislativo durante febrero (lo que permite que parlamentarios, asesores y funcionarios se tomen vacaciones), este año no había otra alternativa jurídica para garantizar la continuidad de esta prerrogativa que faculta a las FF.AA. poder participar del control del orden público y la seguridad en zonas de conflicto.

Según confirman autoridades de gobierno y del Congreso, se exploraron varias fórmulas, por ejemplo, votar conjuntamente por adelantado un par de prórrogas, autorizar que la medida se extendiera por 30 días o, incluso, tramitar una reforma constitucional para facilitar un mayor plazo. Sin embargo, todas esas fórmulas finalmente fueron desechadas, por lo que no quedó otra alternativa que citar en forma extraordinaria a la Cámara y al Senado.

La actual Carta Fundamental señala que el Estado de Excepción de Emergencia es determinado por el Presidente de la República en vista de una “grave alteración del orden público”.

La primera vez, la disposición se aplica solo por decisión del Mandatario por un período de 15 días. Sin embargo, para extender esta excepción constitucional “por igual período” (es decir, obligatoriamente por 15 días) se requiere de la autorización de las dos ramas del Congreso.

Desde que el Presidente envía la solicitud, senadores y diputados están obligados a aprobar o rechazar esta prórroga dentro de cinco días. En caso contrario, la medida se da por aprobada.

Así, este ritual se ha mantenido desde octubre y ya van seis prórrogas votadas mayoritariamente a favor.

Si bien los estados de excepción han sido cuestionados por la oposición como política pública para garantizar el orden público y la seguridad, hasta la fecha el bloque opositor no ha querido imponer la mayoría que tiene en el Congreso para rechazar esta medida.

En privado, algunos legisladores opositores admiten que tendría un alto costo político ser responsables de la retirada de las FF.AA. No obstante, algunos especulan que es probable que una vez que Gabriel Boric asuma en la Presidencia de la República se acabará el estado de excepción en la Macrozona Sur.