Unidad de Intervención en Crisis, la respuesta de Santiago a las complejidades que golpean a los trabajadores de la educación

Desde que asumió la alcaldía de Santiago, Irací Hassler ha tenido que lidiar con una crisis educacional desatada. Y es que no solo buena parte de sus establecimientos educacionales han exhibido bajas en los rendimientos académicos históricos, sino que la violencia que han protagonizado grupos estudiantiles, en oportunidades al interior de los recintos, ha sido también una constante.

Aunque muchas veces son grupos reducidos, los mismos han causado serios problemas a sus comunidades educativas y quienes trabajan en los establecimientos más conflictivos lo han resentido.

Por esta situación, según explica Rodrigo Roco, jefe de Educación de Santiago, a través de la Dirección de Educación Municipal (DEM), “hemos estado desarrollando acciones para abordar el impacto en las y los funcionarios que generan situaciones traumáticas, en especial de violencia aguda, pero no solo estas. Los problemas de violencia son, sobre todo, problemas de salud mental comunitaria”.

Así, buscando responder a las complejidades que afectan a las escuelas y liceos desde la pandemia, y en específico en el marco de las movilizaciones que comenzaron con el regreso a la presencialidad en abril, la DEM se comunicó con la Asociación Chilena de Seguridad (Achs) para coordinar protocolos y formas de apoyo a los funcionarios afectados por temas de violencia y se puso a disposición una red de orientación, contención y apoyo psicológico denominada Unidad de Intervención en Crisis (UIC), guiada por profesionales de la salud mental de la Achs y que funciona de forma presencial, remota, grupal e individual.

El objetivo es entregar estrategias preventivas y acompañamiento sicológico reactivo, oportuno y especializado ante cierto tipo de situaciones. Busca, además, prevenir accidentes del trabajo y enfermedades asociadas a la salud mental.

“El propósito de esta unidad es ayudar en la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales asociadas a salud mental. Este apoyo emocional está disponible para personas y equipos que se vean enfrentados a violencias de diferente tipo, o que vivencien situaciones de alta complejidad cuando estén en el cumplimiento de sus funciones”, señala Roco, quien, además, asegura que este modelo de intervención preventivo y reactivo ha sido validado por la Subsecretaría de Previsión y Seguridad Social.

Y es que, como se ha detallado, en algunos establecimientos, como el Instituto Nacional, el 60% de sus profesores está con licencia, en su mayoría por motivos siquiátricos. De ahí la necesidad de hacerle frente a esta situación que, en todo caso, no solo tiene que ver con la violencia interna, sino que aborda también todos los problemas derivados de la pandemia y otro tipo de situaciones que se pueden dar en el contexto laboral.

En la DEM definieron esto para, según dicen, ocuparse “oportunamente de la salud mental de nuestros funcionarios cuando estén realizando sus funciones laborales y se vean enfrentados a situaciones de alta complejidad, interviniendo de manera oportuna y entregando apoyo profesional”.

En ese orden, la UIC apunta a dar primeros auxilios sicológicos a los equipos de trabajo y funcionarios emocionalmente afectados, brindar alivio y facilitar el equilibrio emocional, además de prevenir el desarrollo de complicaciones a largo plazo.

Pero ¿cuándo actúa la UIC? Según se ha explicado a los propios afectados, es en casos asociados a violencia externa y a situaciones de alta complejidad a las que se ven enfrentados los trabajadores en cumplimiento de sus funciones. Estas últimas tienen que ver con violencia tipo I (no existe relación entre el agresor y la víctima, como un robo con violencia), violencia tipo II (existe algún tipo de relación entre el agresor y la víctima, como docentes y estudiantes; apoderados y docentes; o acciones violentas dentro de establecimientos) y situaciones disruptivas y de alta complejidad. No actúa, por ejemplo, en situaciones de violencia tipo III (aquella que se ejerce entre funcionarios, donde opera otro sistema).

Así, la unidad tiene que activarse dentro de las 72 horas luego de que se produzcan hechos como robos con violencia al interior del establecimiento; robos con violencia o situaciones de alta complejidad durante el trayecto; vivencias de agresiones individuales o colectivas como turbas, riñas, tomas y otros; agresiones y amenazas psicológicas de estudiantes, apoderados y terceros; accidentes de gran magnitud presenciados por el personal; accidentes de alta complejidad, o pérdidas complejas al interior del equipo.

Con todo, a los equipos se les han entregado los alcances de esta medida, como que durante la intervención de la UIC la misma no debe ser interrumpida, que no puede ingresar nadie al espacio hasta que se retiren las personas atendidas, que para hacer consultas se debe esperar a que se retire la totalidad de los asistentes, que se debe permitir un espacio seguro donde se resguarde la confidencialidad, que por temas Covid el espacio en que se realizará la orientación sicológica debe tener flujo de aire y ser amplio, cumplir con los protocolos, que si es atención grupal no supere las ocho personas y que los equipos directivos se deben atender en un espacio distinto a los otros estamentos.

Hasta aquí, por ejemplo, según detallan desde la propia DEM, la UIC se ha activado en 70 oportunidades y ha atendido a 251 funcionarios y funcionarias de 17 establecimientos, entre las escuelas Santiago Apóstol y Cadete Arturo Prat Chacón, entre otras, o los liceos Barros Borgoño, Aplicación, Inba, Teresa Prats, Isaura Dinator, Confederación Suiza e Instituto Nacional.

En el caso particular de este último, se creó también un Protocolo de Evacuación que define el actuar de las y los profesores y asistentes de la educación ante situaciones de violencia como las que generan los overoles blancos. “Este protocolo se activa cada vez que hay hechos de violencia y cuenta con la validación de la Achs”, detalla el jefe de Educación santiaguina.

De forma paralela, la DEM también está ejecutando un Plan de Salud Laboral para profesores, profesoras y asistentes de la educación. En el Instituto Nacional, específicamente, ya se realizó la primera etapa de este plan, que es la realización de un diagnóstico para el abordaje en profundidad de la salud laboral de las y los funcionarios.