La trama electoral de San Ramón -comuna del sector sur de la Región Metropolitana- no acaba y el conflicto está recién comenzando. El pasado 22 de mayo, cuatro candidatos a alcalde y 11 al concejo se unieron y presentaron un requerimiento ante el Segundo Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en el que acusan graves irregularidades en el proceso que terminó con la reelección de Miguel Ángel Aguilera, hoy independiente, ex PS, con 8.342 votos, alcanzando un 23,98% de las preferencias. El alcalde actualmente es investigado por los eventuales delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero, cargos por los que será formalizado por la Fiscalía Sur.

El problema, según los denunciantes, es que en 16 recintos educacionales que sirvieron de centros de votación los días 15 y 16 de mayo habrían ocurrido una serie de vicios que afectaron la constitución del cuerpo electoral, como, por ejemplo, urnas que no habrían contado con sellos y el uso masivo e irregular del voto asistido a personas que no calificaban para ello, siendo auxiliados al momento de sufragar por personas vinculadas al alcalde Aguilera. También, según los acusadores, hubo cortes del suministro eléctrico en locales de votación al momento del conteo de votos y se habría procedido al cierre de las puertas para impedir el ingreso de apoderados y de la prensa.

La Tercera tuvo acceso a las declaraciones de cinco testigos que confirman ante el tribunal electoral las supuestas irregularidades en el proceso eleccionario. Uno de ellos, cuya identidad la mantendremos en reserva, aseguró que con su esposa vio cómo le pagaban $ 10.000 a una joven de 18 años que estaba en la fila poco antes de votar. Minutos antes de dirigirse al local de votación, según dijo, vio a una persona que llegó silbando o haciendo ruidos. “‘Traje plata para que vayan a votar todos. Vayan a votar por Aguilera’, decía, y entregaba plata. Después me enteré que este señor es familiar de un narcotraficante conocido en la población”, sostuvo.

El mismo testigo agregó que “después de que yo sufragué me dirigí con mi esposa al sector norte de la comuna, porque mi señora votaba en el colegio Vate, ahí no tuvimos mayores problemas, pero al ir saliendo nos percatamos nuevamente de un vehículo, no ya como un furgón escolar, pero sí como un 4x4 llevando gente al lugar de votación, esto cerca de las 18 horas, entonces le dije a mi señora que esto había que denunciarlo. En esa misma línea denunció que ese día “nos estacionamos cerca de una iglesia, entonces llegó el 4x4 y bajó una persona que, fuera del local, les comenzó a dar instrucciones a los que venían en el vehículo”.

Esta es una de las declaraciones que acumula el caso que actualmente es revisado por el Segundo Tribunal Electoral de Santiago que, además, está recibiendo información de las instituciones que participaron en el proceso, como Fuerzas Armadas y el propio Servicio Electoral (Servel). Esto luego de que se rindiera la prueba testimonial y se entregaran medios de prueba fotográficos. Por lo pronto, el tribunal puede resolver derechamente el requerimiento o solicitar nuevos medios de prueba. En caso de optar por la primera opción, podría decretar la nulidad de las elecciones, revertir el triunfo de Aguilera o, por el contrario, validar el proceso.

Gustavo Toro (DC), candidato que salió segundo en la elección detrás de Aguilera y uno de los denunciantes, explicó que en un principio habían calculado que cerca de 1.000 votos podrían haber sido obtenidos de forma ilegal, pero que luego de escuchar las declaraciones de los testigos calculan que “poco más del 10% de la votación fue con voto asistido”. Es decir, más de 3.500 votos se habrían llevado a cabo de manera irregular si se considera que en total hubo 35.601 sufragios.

Otro de los hechos que llamó la atención a uno de los testigos es que en el Liceo Vate Vicente García, de San Ramón, había en cada mesa un grupo de personas que se ofrecía para ser vocal. De hecho, en otro de los testimonios se asegura que se denunció este hecho a un comandante de las Fuerzas Armadas que estaba a cargo del recinto y éste le señaló que “hemos tenido muchas dificultades, porque la delegada electoral no dejaba entrar a los votantes mientras no se instalaran todas las mesas de votación y me instruyó a mantener el colegio cerrado”.

El mismo testigo denunció que hubo mesas de votación cuyas urnas no contaban con sellos. A modo de ejemplo, aseguró que en el centro Educadores de Chile de San Ramón Norte no había sellos para las urnas y esto fue resuelto por una persona que se ofreció a ir a comprarlos a una ferretería.

“En el colegio Paula Jaraquemada de La Bandera, a eso de las 12 horas, pude constatar que faltaban sellos para la mitad de las urnas. Esto lo transmitió tanto el delegado del colegio como los apoderados. Habían usado cuatro sellos, pero solo alcanzaban para la mitad de las urnas, y ellos no sabían que faltaban la mitad del material. Esta situación se corrigió a eso de las 15 horas, en que fue a solicitar que le llevaran los sellos a ese establecimiento”, sostuvo.

En su declaración también señaló que esto mismo ocurrió en el colegio Tupahue de La Bandera. “La dificultad de acceder a los sellos no permitió cubrir todas las urnas con sellos durante el día sábado. Ello se corrigió porque a eso de las 16 horas pude pedir sellos a otro establecimiento”, consignó la declaración.

Según el denunciante, no sólo este fue un problema, sino que también lo hubo con las actas. En algunos colegios incluso comenzaron a usar hojas en blanco provisoriamente, porque no contaban con los documentos legales del Servel. “Así, en unos casos los vocales dejaron constancia del voto asistido al final de libro de firmas, en otros casos simplemente no se dejó observaciones sobre el voto asistido, aunque esto me lo dijeron para tranquilizarnos, y yo no podía acceder al material de los vocales”, remató.

La gravedad de las declaraciones de estos testigos, sin embargo, no se condice con lo que ha planteado la autoridad electoral. El 25 de mayo la directora regional del Servel, Verónica Clavería, respondió al tribunal que “la responsabilidad respecto de la implementación de cámaras y urnas con sus respectivos cierres o amarras plásticas correspondió a la Municipalidad de San Ramón con la respectiva verificación de los delegados”. Asimismo, agregó que si bien no tuvo antecedentes de hechos que afectaran el normal desarrollo del proceso en los locales, admitió estar al tanto de que la secretaria de la Junta Electoral Tercera de Presidente Aguirre Cerda, Verónica Villaseñor, “sí tuvo conocimiento de hechos irregulares”.

Esta última señaló en su declaración que en el Centro Educacional San Ramón, la delegada Francisca Urzúa Garrido comunicó el día lunes 17 de mayo que tenía inconvenientes en la entrega de los sobres que contenían las actas al Colegio Escrutador, lo que comunicó al Servel ese mismo día. Al día siguiente, detalló que la delegada le entregó los sobres correspondientes a las 14 horas y que los formularios fueron insertados por error en la caja de delegados que se envía al Servel.

Por su parte, CorreosChile -empresa a cargo del traslado de los materiales usados en la votación- informó que hay dos colegios (Escuela Nanihe y Escuela Villa La Cultura) que no tienen la hora de entrega efectiva en el local de votación en la guía de traslado, para lo cual se recurrió a la información indicada por la torre de control. Sin embargo, en su respuesta la compañía sostuvo que “dados los antecedentes recabados es posible determinar que de los procesos de operación de retiro, entrega y transporte no se ha constatado faltantes o alteraciones de contenido en los procesos relacionados con los 15 locales de votación”.

Frente a los cuestionamientos que vienen a poner en tela de juicio el triunfo del alcalde Miguel Ángel Aguilera, sus cercanos desestiman las denuncias. De hecho, hoy sus abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas se harán parte del proceso ante el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana solicitando que sea rechazado el requerimiento que pide declarar la nulidad de las elecciones.

Isaac Ramírez, abogado del estudio Lagos & Asociados, afina por estos días el escrito que será presentado al tribunal. A juicio de los abogados del jefe comunal, la denuncia “no tiene ningún fundamento” y es “muy probable que sea rechazada por el tribunal”. Consultado por La Tercera PM, el defensor sostuvo que “el mérito de lo informado por las autoridades viene a desmentir categóricamente las imputaciones que falsamente los reclamantes han expuesto, respecto de un proceso eleccionario que se desarrolló en forma ejemplar, y que por tanto no han tenido otro propósito que intentar alterar el legítimo resultado electoral que no les fue favorable a los reclamantes, a través de acusaciones infundadas, injurias y calumnias que afectan especialmente la imagen del alcalde en ejercicio y ahora reelecto, y de los actuales funcionarios municipales de la comuna de San Ramón, cuestión que anunciamos desde ya, dará lugar a las acciones penales pertinentes en contra de los responsables”.

En paralelo, Rodrigo Salinas, quien es sindicado como uno de los funcionarios municipales que habría participado en el presunto “acarreo” de votantes a los lugares de votación -según se acusa-, presentó una querella por falso testimonio en contra de uno de los denunciantes. La acción penal presentada en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago es patrocinada por el abogado Carlos Tudela, histórico militante DC, quien fuera embajador en Singapur durante el gobierno de Eduardo Frei e intendente de Los Lagos por seis meses en la administración de Ricardo Lagos.