En caso de ganar el Apruebo el próximo 25 de octubre, una de las primeras tareas de una posible Convención -sea Constitucional o Mixta Constitucional- será la de definir a un presidente o presidenta y a una vicepresidenta o vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros. Después de eso, vendrá lo que algunos auguran como lo más díficil y que será la primera gran discusión que enfrentarán los convencionales: definir el reglamento de votación y redacción de la nueva Constitución.

En ese reglamento se definirá si la Convención tendrá comisiones, cuántas y cuáles serán sus funciones, cómo será la transparencia de las sesiones y también cómo se podrían crear mecanismos de participación ciudadana durante la redacción. El oficialismo sostiene que ahí también se podría incluir la regla de que la nueva Carta Magna tenga que ser ratificada, al final del mandato de la Convención y antes del plebiscito de salida, por 2/3 de sus miembros.

Eso último, que ha preocupado a Chile Vamos en los últimos meses, está en la propuesta de reglamento redactada por el abogado y académico de la Universidad del Desarrollo, Sergio Verdugo. Ésta fue presentada hoy en un seminario web organizado por el centro de estudios Horizontal, ligado a Evópoli, del cual Verdugo es miembro de su consejo asesor. La decana de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez, y el abogado y consejero del Consejo de Defensa del Estado, Sebastián Soto, fueron los encargados de comentar la propuesta.

A través de siete criterios, Verdugo propone -entre otras cosas- que la Convención apruebe un acuerdo complementario al reglamento, una especie de “índice” sobre contenidos estructurales de la posible nueva Constitución, y la creación de comisiones: una “comisión codificadora”, una comisión que pueda “identificar infracciones a los límites, reglamento y acuerdo complementario de la Convención”, otra “Comisión de Medios, Participación y Comunicación” y una “Comisión de armonización”, encargada de unificar y darle coherencia al nuevo texto.

Que la posible nueva Constitución sea aprobada, al final, por 2/3 de sus miembros ha sido una discusión que en las últimas semanas ha cobrado fuerza. Durante las tratativas de noviembre pasado, algunos dirigentes de Chile Vamos insistieron en este punto pero sin éxito luego de que la oposición fijara el plebiscito de salida como la ratificación final del nuevo texto.

La propuesta de Verdugo señala, en tanto, que “el plebiscito de salida no es una herramienta adecuada para resolver las controversias que surjan al interior de la Convención”. Para el acádemico de la Universidad del Desarrollo el artículo 133 de la reforma al capítulo XV de la actual Constitución, relativo al funcionamiento de la Convención, debe considerarse como un “acuerdo incompleto”.

“Así, no debería argumentarse que una doble discusión o votación es inconstitucional, o que la votación de las normas artículo por artículo necesariamente excluirá revisiones futuras, o que la votación final de un texto completo es una exigencia sin la cual la nueva constitución no podría aprobarse válidamente”, se lee en la propuesta de Verdugo.

Para el abogado, si la Convención logra un acuerdo sobre el “índice” de la nueva Carta Fundamental, se podrá avanzar en “construir un mecanismo de doble discusión que permita elevar las posibilidades de que la nueva Constitución posea un contenido coherente, que refleje acuerdos genuinos, que no arriesgue judicializar la política en exceso y que produzca confianzas”.

¿Serán públicas las sesiones de la Convención? ¿Se transmitirán por streaming? Esas son algunas de las interrogantes que también tendrá que zanjar la Convención en el reglamento.

“Si bien la Convención debe ser capaz de generar deliberaciones “hacia dentro” que garanticen la profundidad y sinceridad del debate, ella debe, además, ser capaz de comunicar “hacia fuera” (mediante mecanismos de transparencia y una política de medios), de representar las distintas visiones existentes en la sociedad y asegurar que diversas perspectivas puedan ser oídas durante el proceso. Entre ellas, es importante oír y hacer partícipe a organizaciones sociales y a expertos”, se lee en el texto.

Sobre la deliberación “hacia dentro” de la Convención, para Verdugo, una de las consecuencias “negativas” que puede tener la exposición de las sesiones es que ciertos integrantes de la Convención estén más interesados en hablarle a sus audiencias externas que a llegar a acuerdos con sus pares.

También agrega que aunque la transparencia debe ser la regla general, “no obstante, si bien los mecanismos de transparencia y publicidad pueden ser relevantes para que la opinión pública se informe respecto del proceso, genere comentarios, perciba que el proceso es inclusivo, pueda identificarse con el mismo y ofrezca razones para que las normas constitucionales pueden ser ampliamente aceptadas, dichos mecanismos no deben impedir que existan instancias para que los convencionales puedan comunicarse entre sí de manera genuina”.

Para Verdugo, luego de observar experiencias en España e Irlanda, agrega que “algunos académicos no descartan la conveniencia de que partes de los procesos constituyentes puedan combinar la necesidad de establecer mecanismos de transparencia con la existencia de sesiones confidenciales”.

Entre otros puntos, Henríquez y Soto coincidieron con Verdugo en que deben existir instancias que no sean públicas. De hecho, el académico de la Universidad Católica señaló que “es muy valiente lo que hace Sergio (Verdugo) porque se enfrenta con lo políticamente correcto. Hoy decir que debe tiene que haber un espacio reservado al escrutinio de las redes sociales, es arriesgarse a una funa”.

La decana de derecho de la Universidad Alberto Hurtado, en tanto, señaló que ella cree que deben haber solo cinco comisiones: una sobre los principios, derechos y deberes, otra sobre el ordenamiento territorial del Estado, otra sobre régimen político, una sobre justicia y organismos autónomos y otra sobre la participación democrática, partidos políticos y otra sobre reforma constitucional.

Asimismo, Henríquez discrepa de Verdugo y Soto ya que cree que la aprobación final por 2/3 de la Convención “no es una forma de resolver inconsistencias ni tampoco es una vía que propicie los acuerdos. Por el contrario, podría incentivar un bloqueo para que siga vigente la Constitución actual”. La abogada cree que esas incosistencias se pueden resolver “a través de mecanismos menos costosos para el proceso. Por ejemplo, con discusiones sucesivas en las comisiones temáticas y el Pleno de la Convención, con la intervención de una comisión armonizadora del texto y de una comisión redactora del mismo. Incluso podría preverse una comisión de consensos que, al modo de una comisión mixta, acerque posiciones que luego sean sometidas a la aprobación del Pleno de la Convención por dos tercios”.

El seminario en el que se presentó el documento hoy, según los organizadores, contó con la presencia virtual de exministros como René Cortázar, José Antonio Viera-Gallo y Jorge Burgos; de empresarios como Jorge Carey, Ítalo Zunino y José Miguel Musalem; y personas que trabajan actualmente en el gobierno de Sebastián Piñera, como el abogado Andrés Sotomayor, que actualmente trabaja en el Segundo Piso, y el jefe de la división de relaciones políticas de la Segpres, Max Pavez.