¿Cuál ha sido el aporte de la primera generación de gobernadores?

Once de las 16 regiones de Chile protagonizarán este domingo la segunda vuelta de las elecciones para Gobernadores Regionales (Gores), una disputa electoral que definirá quiénes comandarán el futuro de esas zonas en medio de los esfuerzos aparejados a la creación de este cargo para intentar descentralizar el país. Desde la primera elección por voto popular en 2021, los Gores han enfrentado un escenario en que muchas veces se ha remarcado sus limitadas competencias, pero también la lenta ejecución presupuestaria, tensiones con los delegados presidenciales y, ahora último, una serie de acusaciones por múltiples casos que involucran corrupción.

Por eso, en el marco de una elección que busca determinar quiénes liderarán estas regiones durante los próximos cuatro años, surge una interrogante crucial: ¿Ha cumplido esta figura con la descentralización y desarrollo prometidas en la discusión legislativa? Lo cierto hasta aquí es que poco más de una década después de las reformas que dieron paso a esta figura, la gestión de los Gores sigue siendo objeto de evaluación, tanto por sus logros como por sus desaciertos.

La Ley Nº 21.073 promulgada en 2018 marcó un hito en la historia administrativa de Chile. Por primera vez las regiones pasaban a contar con una autoridad electa democráticamente, reemplazando a los antiguos intendentes designados por el Presidente de turno. En paralelo al Gore también se creó la figura del delegado presidencial, dando paso a tensiones y dudas sobre la verdadera capacidad del gobernador para liderar el desarrollo de su territorio.

Mientras los Gores son responsables de liderar el Consejo Regional, diseñar políticas de desarrollo y gestionar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el delegado presidencial, designado por el Presidente de la República, mantiene el control de materias como seguridad, orden público y representación del Ejecutivo en la región. Y aunque en los papeles tienen funciones distintas, en distintos momentos y diversas voces han señalado que las dos autoridades chocan y se entorpecen.

Así lo enmarca el abogado y exsenador Felipe Harboe, uno de los personeros que participaron en la discusión legislativa tras la creación de los Gores, quien indica que “la reforma quedó a medio camino, en vez de descentralizar, creó una figura de elección popular que sigue dependiendo del nivel central para funciones estratégicas”.

Los expertos, de hecho, coinciden en que es una de las principales fuentes de conflicto, con una pregunta que persiste: ¿Puede el gobernador cumplir con las expectativas de descentralización y desarrollo cuando su margen de acción está limitado por la influencia del delegado presidencial y la dependencia administrativa de las secretarías regionales ministeriales?

Al respecto, el entonces candidato Gabriel Boric prometió durante su campaña presidencial eliminar a los delegados presidenciales, justamente apuntando hacia una real descentralización. En la Cumbre de Gobernadores Regionales, Boric señaló que el cargo estaba siendo “un obstáculo”. Sin embargo, ya en el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, moderó el tono al afirmar que “no se trata solo de eliminar a los delegados, sino de modificar la institucionalidad para resolver su rol insatisfactorio”.

El tema es que el descontento entre los gobernadores ha sido palpable. El Gore de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en entrevista con La Tercera, criticó la falta de avances en descentralización fiscal, indicando que “el 93% de nuestro presupuesto proviene del erario central”, subrayando la necesidad de autonomía financiera para abordar las necesidades locales. Así también lo señaló durante este año el gobernador de la RM, Claudio Orrego, quien calificó como “lamentable” el incumplimiento de esta promesa, señalando que la duplicidad de funciones genera “confusiones y descoordinaciones”.

Pese a estas críticas, el Ejecutivo ha buscado avanzar en otros aspectos de la descentralización. En 2022, por ejemplo, se firmó un acuerdo con la Asociación de Gobernadores Regionales que permitió el traspaso de competencias en áreas clave, como Desarrollo Productivo y Ordenamiento Territorial. No obstante, los gobernadores argumentan que estos esfuerzos no son suficientes para consolidar una autonomía efectiva y superar las barreras impuestas por la figura del delegado presidencial.

En esa línea, Sergio Galilea, exintendente y ex subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) en Bachelet II, es contundente: “Esta coexistencia es compleja, especialmente cuando las figuras tienen signos políticos distintos. El gobernador maneja recursos importantes, pero el delegado concentra la seguridad y no hay una coordinación efectiva. Esto refleja una reforma incompleta, donde no se terminaron de delimitar las competencias entre ambas figuras”.

La reciente creación del Ministerio de Seguridad Pública, a la espera de su votación en el Congreso, introduce la figura del seremi de Seguridad, sumando un nuevo actor a la ecuación. Esta autoridad tendría mando sobre Carabineros y la PDI, dependerá del ministro de Seguridad, pero deberá responder a los requerimientos del delegado. El diseño, impulsado por la ministra Carolina Tohá, busca equilibrar las responsabilidades al permitir que el delegado pueda “instruir” al seremi en el uso de la fuerza pública. Esta fórmula, de hecho, refuerza el rol del delegado en la región.

Para Juan Masferrer, ex subdere de Piñera 2, el problema no se limita a la coexistencia de Gore y delegado o a la falta de competencias, sino al hecho de que muchos gobernadores han optado por priorizar proyectos “pequeños”, de “impacto electoral”, en lugar de liderar grandes iniciativas estratégicas que impulsen el desarrollo regional. “Falta esa mirada de 10 años que permita diseñar y ejecutar megaproyectos en áreas como infraestructura o recursos hídricos; lo que vemos son gestiones que se enfocan en lo inmediato, perdiendo oportunidades para transformar sus territorios”, señala.

Pese a las críticas y limitaciones, los Gobiernos Regionales han logrado la implementación de diversos proyectos. Por ejemplo, en su cuenta pública de mayo, Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, destacó la reposición del equipo médico del Hospital Carlos van Buren o la rehabilitación del Centro Teletón de esa misma región. En el caso de la Región Metropolitana, Orrego dijo en su cuenta pública que se invirtieron más de $ 148 mil millones en seguridad, traduciéndose en equipamiento para policías, inspectores municipales, infraestructura y programas comunitarios. Dicho esfuerzo también fue destacado por Cristina Bravo, gobernadora del Maule, quien ha relevado que financiaron la construcción de la Subcomisaría de Maule Norte, la compra de 122 vehículos para carabineros y la entrega de 28 vehículos a la PDI.

Sin embargo, Masferrer critica la “quema de recursos” a fin de año para cumplir metas presupuestarias, lo que califica como un accionar “reactivo” que también ha truncado el cumplimiento de las expectativas de descentralización y desarrollo, sin obviar, claro está, los limitados alcances de gestión del Gore.

Ejemplo de esto último es que un gobernador tiene atribuciones respecto de la Estrategia Regional de Desarrollo, pero si el Ministerio de Obras Públicas de turno priorizara el financiamiento de una ruta determinada que vaya en contra de esa estrategia, primará el criterio de OO.PP., porque los presupuestos son sectoriales.

Estas tensiones administrativas han sido testigos directos de la diversidad de perfiles y trayectorias de quienes han ocupado el cargo desde su creación en 2021. De los 16 gobernadores electos, cuatro pertenecían a la Democracia Cristiana, cuatro al Partido Socialista, cuatro eran independientes sin pacto, dos independientes por el Frente Amplio, uno del Partido Radical y uno independiente por Chile Vamos. En el camino algunos fueron renunciando a sus colectividades, como Orrego o Patricio Vallespín, quienes finalizaron sus periodos como independientes. De todos, 13 fueron hombres y tres mujeres.

En cuanto a la edad, la mayoría se encontraba entre los 40 y los 60 años, con el gobernador más joven con 41 al asumir y el mayor, de 75. Además, 10 de los gobernadores tenían experiencia en cargos públicos, como diputados, intendentes o alcaldes, mientras que el resto provenía de sectores privados.

En el panorama actual, 11 de los 16 buscaron la reelección o la obtuvieron en la primera vuelta. Tres de ellos no repostularon e incluso algunos fueron destituidos, como la exgobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, quien fue removida por notable abandono de deberes, incurriendo en faltas de probidad, convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos dentro de este escándalo que continúa dejando consecuencias políticas y administrativas. Otros casos, como las irregularidades en torno a convenios entre los Gores y fundaciones, han dejado huellas profundas en la figura del gobernador, que también ha manchado la evaluación del cargo.

Los líos de platas entre fundaciones e instituciones del Estado también alcanzaron a los gobiernos regionales. El caso que aún se mantiene en indagatorias ha involucrado diversos allanamientos en Gores como Valparaíso, donde la Policía de Investigaciones ingresó a las oficinas en busca de antecedentes por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos. Otros ejemplos son Biobío y La Araucanía, con procedimientos similares que incluyeron la incautación de equipos y documentos.

El caso y sus implicancias no solo expusieron graves irregularidades en la asignación de recursos públicos, sino que se transformó en un duro golpe para la relativamente nueva figura administrativa. Harboe apunta que este caso mostró “la incompetencia de ciertos gobernadores regionales y la frescura de algunas fundaciones,” lo que llevó a que “se eliminaran buenas prácticas mal aplicadas”. Y es que tras explotado el caso los requisitos para firmar convenios se endurecieron y centenares de proyectos quedaron en el aire, limitando aún más la figura del gobernador, porque aunque han incrementado sus recursos nominalmente en los últimos años, su dependencia del gobierno central, acrecentada tras los líos de platas, hicieron más notoria todavía la falta de previsibilidad financiera. Y eso atenta directamente, acorde a los entendidos, para una verdadera descentralización.

Eso sí, para el ex subsecretario Harboe la falta de controles adecuados no puede ser excusa para no implementar medidas reactivas y que, sin ellas, se “afecta la capacidad de ejecución presupuestaria de los Gores”.

Por su parte, Galilea sostiene que “la falta de claridad en las reglas para la gestión regional” fue el detonante de estas irregularidades, mientras que “la pérdida de confianza en la descentralización como modelo” es uno de los mayores daños colaterales del escándalo.

Masferrer, en tanto, agrega que más allá de las irregularidades, este caso refleja una “incapacidad estructural para manejar megaproyectos” en las regiones. Según el ex subdere, “hay un exceso de foco en soluciones inmediatas que no transforman las regiones”, lo que indefectiblemente pone en cuestión la capacidad de los Gores para liderar un cambio real en sus territorios.