El acecho de la Fiscalía sobre la diputada Catalina Pérez

“¿Conoce a doña Catalina Pérez Salinas?”.

La pregunta se repite constantemente en los interrogatorios que la PDI y el fiscal Cristián Aguilar han realizado a lo largo de la investigación en que se indagan los millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva.

Y las respuestas de los interrogados -la mayoría excorreligionarios de la parlamentaria- terminaron por hacer girar la situación judicial de la diputada Catalina Pérez -suspendida de Revolución Democrática por un año.

Si cuando estalló el caso el 16 de junio de este año y luego se abrió la investigación el 20 de ese mes se la consideraba una testigo, hoy su calidad es de imputada.

En un comienzo a Pérez se le cuestionó por su vínculo sentimental con Daniel Andrade, representante de la cuestionada fundación, pero también por el hecho de que el exseremi Carlos Contreras había sido su jefe de gabinete entre 2020 y 2021.

Pero con el avance de la indagatoria, la Fiscalía comenzó a pesquisar más en lo que la parlamentaria sabía o no de los convenios, tomando en cuenta que abrió una arista por el delito de omisión de denuncia -sumado a la negociación incompatible y fraude al Fisco del caso original, donde también figura como imputada la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD). La interrogante de esta hebra apunta a establecer por qué los funcionarios públicos no denunciaron un potencial delito cuando tienen la obligación legal de hacerlo.

Todo eso se despejará en la investigación, donde el fiscal Aguilar ya dictó una serie de diligencias en torno a la diputada Pérez. La primera pista de que la situación judicial de la parlamentaria comenzaba a complicarse la entregó la PDI en un informe del 19 de julio: “Conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze”.

El 1 de agosto -en tanto- la Fiscalía afinó aún más la puntería y solicitó alzar el secreto bancario de las cuentas de la parlamentaria, a través de una petición al Juzgado de Garantía de Antofagasta para indagar, y ya el 9 de septiembre solicitó a la PDI una “pericia contable a alzamiento de secreto bancario de Daniel Andrade Schwarze, Carlos Contreras Gutiérrez y Catalina Pérez Salinas, para determinar ingresos, egresos, transferencias, coincidencia de transferencias entre aquellos u otras personas relacionadas, como de cualquier otra circunstancia que se considere relevante”.

En medio de estas diligencias, el ente persecutor también pedía las declaraciones de Pérez en el Servicio de Impuestos Internos (SII), su afiliación política a través del Servel y una serie de requerimientos para establecer qué sabía y qué no sabía de los convenios hoy cuestionados.

Conocer con quién habló la diputada y de qué daban cuenta estos diálogos también es relevante para el Ministerio Público. Por lo mismo, el 12 de octubre expuso al tribunal que de acuerdo a la investigación por fraude al Fisco, malversación y lavado de activo, “solicito a usted practicar las siguientes diligencias: se realice el análisis del tráfico de llamadas del número (...) correspondiente a la imputada diputada Srta. Catalina Pérez Salinas, para determinar comunicaciones con los restantes imputados u otros sujetos de interés en la investigación, como de cualquier otra circunstancia relevante que sirva para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

A cinco meses de iniciado el caso, Pérez pasó de testigo a imputada.

En el expediente de 21 tomos también figura un informe que la Unidad de Lavado de Activos (UAF) hizo llegar a la Fiscalía el 1 de diciembre.

En un “Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)” detectó que “entre los meses de agosto y septiembre de 2023, esta unidad recibió cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos por BancoEstado, Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Banchile Administradora General de Fondos S.A., dando cuenta de la vinculación de la fundación Democracia Viva y la señora Catalina Pérez Salinas con una de las investigaciones en curso por parte del Ministerio Público en el marco del denominado ‘caso convenios’”.

En el oficio se lee que “en cuanto a los abonos a la cuenta realizados por la propia reportada y el señor Andrade Schwarze, de forma posterior a la adjudicación por parte de la fundación Democracia Viva, de los $ 426.000.000 desde el Serviu Antofagasta, montos que a la fecha se encuentran cuestionados. Cabe señalar que para la primera corresponden a un depósito de un vale vista por $ 15.206.733, mientras que para el segundo corresponden a nueve transferencias por un total de $ 3.600.000″.

Sobre sus abonos y cargos, concluye que “se advierte que ellos provienen principalmente de miembros del partido político de la reportada, y en cuanto a su uso, por las características de los pagos, corresponderían a eventuales pagos de arriendos y asesorías, como también, según los propios comentarios adjuntos en las transferencias, a aportes de campaña”.

Luego de que La Tercera revelara el informe de la UAF, la diputada señaló que “no he recibido ningún depósito por más de 15 millones de parte de Daniel Andrade o de la fundación Democracia Viva, directa o indirectamente. Esa suma de dinero corresponde a mis ahorros”.

En paralelo, la Fiscalía ha acumulado diversas declaraciones que apuntan a la diputada RD (militancia suspendida). “¿Conoce a doña Catalina Pérez Salinas?”, preguntó la comisaria de la PDI, Arlen Valladares, a Paula Cabrera, directora de Democracia Viva.

Cabrera respondió que “conocí a Catalina Pérez en el mismo proceso de elecciones internas entre fines del 2018 e inicios del 2019. En esas elecciones, Catalina Pérez fue electa presidenta de mi partido, Revolución Democrática. Con Catalina nos hemos encontrado en diversos espacios políticos y laborales (el Congreso y RD), y en algunas y muy contadas ocasiones sociales a través de amigos en común. A eso se limita mi relación con la diputada”.

Esta pregunta se le realizó a gran parte de quienes trabajaron en Democracia Viva, pero también a dos asesores del diputado RD Jaime Sáez. El primero en declarar fue Tomás Flores, quien el 12 de octubre confirmó las sospechas de la Fiscalía.

“Entre octubre y noviembre del año 2022 me contactó telefónicamente Daniel Andrade, instancia en la cual se me señaló que la fundación iba a iniciar un trabajo en Antofagasta, financiado por la Seremi de Vivienda”, partió relatando.

Flores, según su relato, le expuso al fiscal que le hizo ver a Andrade que su vínculo con la diputada Pérez podría traer problemas. El ingeniero civil le respondió que “la legalidad del proyecto estaba revisada por abogados y que, además, iba a incorporar a una persona para contabilidad, no entregando nombres”.

Esta conversación se la comentó de inmediato al diputado Sáez, quien le pidió a su jefa de gabinete, Ivalú Millar, tomar contacto de inmediato con el círculo de la diputada Pérez.

“Transcurrida una semana aproximadamente de este hecho, Ivalú me señaló que Romina Neumann indicó que la diputada Catalina Pérez señaló que el contrato con Democracia Viva estaba dentro del marco legal. Todo lo anteriormente expuesto, antes de que el caso se conociera públicamente”, reveló.

¿Qué hizo la Fiscalía? Le pidió a la PDI tomar declaración a Ivalú Millar, quien testificó ante los detectives el 19 de octubre. Su versión coincide con la de Tomás Flores, desclasificando aún más la conversación que en noviembre del 2022 tuvo con la jefa de gabinete de la parlamentaria.

“Transcurridas dos semanas aproximadamente, Romina Neumann concurrió a oficina legislativa del diputado Sáez, sosteniendo una reunión entre ella, el mencionado diputado y yo, donde nos indicó que nos despreocupáramos de la situación, puesto que ella se encontraba trabajando el tema con su equipo, y como ella era abogada, nosotros nos quedamos tranquilos”, indicó.

Estas revelaciones llevaron a la PDI a hacerle una recomendación al fiscal Aguilar. “Los antecedentes vinculados a la fundación Democracia Viva fueron informados a una persona identificada con el nombre de Romina Neumann, jefa de gabinete de la diputada Catalina Pérez Salinas. Se sugiere a esa Fiscalía, si lo estima pertinente, emitir nueva instrucción particular solicitando la individualización con el nombre de y posterior entrevista de la persona identificada Romina Neumann”, concluye el informe policial.

Otro elemento que despierta sospechas en los investigadores es una conversación por WhatsApp que tuvo Carlos Contreras con Paloma Larraín, jefa territorial de Pérez en Antofagasta, el 30 de mayo de este año. Faltaban 17 días para que estallara el escándalo.

“Se logra observar una conversación de la cual fueron eliminados los mensajes por parte de ambas personas desde las 17.38 horas del día 30.mayo.23 a las 18.09 horas del día 31. mayo.23″, consignó la PDI en un informe de las comunicaciones de Contreras.

El 1 de junio, en tanto, se lee en el chat: “(mensaje eliminado) Ahí tienes ejemplo de otra fundación”, le dice Contreras a Larraín, a lo que ella responde, “ya, vale”. El entonces seremi le dice: “Me avisas y borro”.

La jefa territorial de Pérez le contestó a las 17.05 horas, “todo ok, borra no más. Tienes cuenta de Signal? Podríamos conversar”.

De lo que hablaron en esa aplicación, la PDI aún no tiene registros, al menos, así se desprende del expediente de la causa.

La consecuencia política que el caso trajo para la diputada Pérez fue su suspensión de militancia, situación que se resolvió en un juicio interno ante el tribunal supremo de RD. Se le formularon cargos, ella se defendió, pero no pudo evitar la sanción.

Este proceso revela cómo el partido la dejó y acusó de no informar sobre los polémicos convenios de Democracia Viva antes de que estallara la causa. “Esto no se trata sobre hechos que revistan características de delito, sino un juicio de ética al liderazgo femenino más importante de nuestro partido”, partió diciendo ese 18 de junio Edson Dettoni, exsecretario ejecutivo del RD.

El abogado -quien en su declaración a la Fiscalía reveló importantes antecedentes en la causa- expuso que “a Catalina nunca la hemos visto negar su conocimiento, solo ha dicho que no tenía conocimiento específico, pero a grandes rasgos sabía que existían o estaba consciente del riesgo político que podían implicar. Además, sabía su gabinete y sabían las personas de su territorio ligadas a Catalina Pérez, que pusieron la alerta por primera vez”.

La defensa de Pérez -representada por el abogado Gonzalo Medina- expuso ante el tribunal supremo de RD que la diputada “ha colaborado, ha sido objeto del reproche público total y solo en efectos de colaboración se pidió el 10 de junio una reunión que fue negada, en donde se le solicitó que se autodenunciara, encapsulando en ella toda la responsabilidad”.

La crítica política a RD también se ha centrado en la bandera contra la corrupción que levantaron, antes de ser oficialismo. En el juicio, este argumento también fue usado por los denunciantes.

“Nosotros prometimos que íbamos a cambiar la manera de hacer las cosas, que no íbamos a aceptar más pitutos, que no íbamos a aceptar una política que no estuviese al servicio de la gente, y lo que nos ha pasado es que se nos ha puesto en entredicho”, señaló Dettoni.

Medina, por su parte, argumentó que “lo niego categóricamente, la diputada Pérez no ejerció ninguna influencia en la generación del convenio con Democracia Viva”.

Finalmente, fue a las 1.05 horas del 19 de junio que el tribunal acogió los cargos contra Pérez y la suspendió hasta el 4 de julio del 2024. “Se da por probado que tenía conocimiento de la existencia de los convenios suscritos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, los cuales no se ajustaban a las exigencias y requisitos éticos de nuestro partido”,

Fue una noche larga para la diputada Pérez y, sin duda, estos meses eternos. El cerco sobre la expresidenta de RD es cada vez más estrecho.