Fiscalía gastó $144 millones en 110 testigos protegidos los últimos 16 meses

“Decía que éramos maricas y que si declarábamos nos iban a matar”. Esa fue parte de la intervención que realizó en 2018 una víctima que declaró en el juicio de los imputados por la quema de una iglesia de la Región de La Araucanía. Atemorizado, el hombre de iniciales A.C. aseguró que en las jornadas previas a entregar su testimonio había sido violentamente amedrentado con el objetivo de que guardara silencio.

Como relató ante el Tribunal Oral de Temuco, en la entrada de su casa encontró un panfleto con el mensaje antes mencionado y que envolvía una bala. Según describió, luego de este episodio sus hijos temían ir al colegio y no dormían.

La situación, sostienen desde el Ministerio Público, sirve para reflejar la necesidad de que se mantenga la figura del “testigo protegido”. Una solicitud de la defensa del líder de la CAM, Héctor Llaitul -quien enfrenta un proceso donde la Fiscalía pide 25 años de cárcel-, activó un debate respecto de la reserva de identidades de quienes declaran en juicio. Esto, porque el exFPMR pidió los nombres de quienes declararán en su contra y que hasta ahora se desconoce su identidad. Una jueza accedió y puso en jaque a la Fiscalía de La Araucanía, que ahora busca una fórmula para revertir esta orden.

La disposición de resguardar a un testigo, según penalistas, “tensiona” con el derecho a la defensa, pero como insiste el fiscal nacional, Ángel Valencia, en conversación con La Tercera Sábado, es una herramienta necesaria y, por lo demás, extraordinaria. Y es que de acuerdo con cifras de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, los últimos 16 meses sólo 110 testigos se posicionan en esa categoría, efectuándose en su favor 659 prestaciones avaluadas en $144.859.409.

“Circunstancias graves y especiales justifican medidas distintas a las de las reglas generales. La existencia de crimen organizado, de bandas que intimidan a los testigos para favorecer la impunidad, justifican que se adopten medidas especiales para proteger a los testigos que van a colaborar con la justicia y que van a contribuir con los esclarecimientos de los hechos”, comenta la autoridad.

Por lo mismo, Valencia considera necesario que la Corte de Apelaciones de Temuco rechace la petición de la defensa del líder de la CAM y revoque definitivamente la determinación dictada inicialmente por la jueza Viviana García.

“Confiamos en que los tribunales de la Región de La Araucanía van a acoger nuestros planteamientos”, sostiene. Junto con esto agrega que “el Ministerio Público cumple con sus obligaciones legales de proporcionar antecedentes y copias a los abogados, lo que les permite preparar la defensa de sus clientes. Tienen el tiempo necesario para poder ejercer esas defensas y, además, pueden efectuar las preguntas del caso en los juicios y efectuar contrainterrogatorios”.

Según explican desde la Fiscalía, hay reglas generales de protección a testigos que están en el Código Procesal Penal y normas especiales que se fijan en leyes particulares, como en la Ley 20.000 (drogas) y en la Ley Antiterrorista, que indican que sin perjuicio de lo que vale para la generalidad de los casos, se abre la posibilidad de que se tomen mayores resguardos cuando esté en riesgo la vida de un testigo, perito, familiar, entre otros.

En esos casos, se resguarda la identidad, domicilio y profesión de la persona en cuestión, y su nombre es reemplazado por una “clave” como XX o XH. Esto, como parte de una decisión autónoma del fiscal a cargo de la causa.

Una de las medidas más extremas que se pueden adoptar es incluso la reubicación domiciliaria de ese testigo. También se brinda atención psicológica y psiquiátrica, traslados y, en general, dicen, se les apoya en todas las situaciones que surgen a raíz de su declaración en un juicio.

Para testigos que intervengan en causa por delitos distintos a los mencionados y que, de todas maneras, revierten ciertas condiciones de riesgo -como es el caso de cinco testigos que intervendrán en el juicio contra Llaitul, todos civiles-, la Fiscalía igualmente puede disponer de mayores resguardos, pues prima la “obligación de proteger su vida”.

Esto ocurre, como indican desde el ente persecutor, porque puede existir “conciencia clara y cierta de que hay condiciones que podrían ponerlo en riesgo”.

Pero no todo es perfecto. Como indica el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, falta un estatuto integral de protección, “donde se describan las medidas y no se dependa del criterio de una jurisdicción u otra”

Como dan cuenta las cifras proporcionadas a La Tercera Sábado, en 2022 hubo 74 testigos protegidos en 40 casos, y el gasto ejecutado fue de $ 103.403.846. Y en lo que va de este 2023, se acumulan 36 testigos protegidos en 24 casos y el gasto ha sido de $ 41.455.563.

Conforme al desglose de los dineros desembolsados el año pasado, además, se advierte que el 75,5% se destinó a prestaciones de “reubicación” definitiva y temporal. Asimismo, se cubrieron gastos de alimentación de los sujetos por $ 5.602.331; de “elementos de seguridad” por $2.595.037; de “asistencia social” por $1.217.190, y de “traslado” por $8.346.572.