Lío de platas: ProCultura pide remover a fiscal Carlos Palma de investigación

Nueve páginas tiene el reclamo y solicitud de remoción enviado por los abogados de la Fundación ProCultura al fiscal nacional, Ángel Valencia. En el escrito, quienes representan a la ONG liderada por Alberto Larraín piden a Valencia que remueva de las investigaciones en contra de la organización al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, en el marco del “lío de platas”.

El requerimiento de los abogados Susana Borzutzky y Felipe Barruel da cuenta de que, a juicio de la defensa de la fundación, la labor del persecutor de Aysén se encuentra cuestionada para encabezar las siete investigaciones que agrupa en contra de ProCultura. Esto, entre otros factores, luego de que una publicación de Ciper expusiera el pantallazo de una conversación del fiscal enviado al abogado Luis Hermosilla.

Los abogados penales de la organización sostienen en su escrito, al cual tuvo acceso La Tercera, que son -principalmente- tres los argumentos para pedir la remoción del fiscal. La primera de estas, porque desde que comenzó el denominado “lío de platas” han intentado tener un rol colaborador en la investigación, sin embargo, una vez que Palma asumió la arista en su contra “hemos caído en un estado de ‘ceguera procesal’, no solo sin tener acceso a la causa, también sin poder acceder a entrevistas”.

Este es uno de los tres argumentos principales por los cuales los abogados solicitan la remoción de Palma. Y es que según apuntan, “cada vez que hemos ingresado una solicitud no hemos tenido respuesta, viéndose frustrado y agotado todo intento por hacer nuestra labor como defensores, pero por supuesto afectando la posibilidad de nuestros patrocinados para ejercer su defensa técnica, como le está garantizado por la Constitución”.

Detallan que en 24 ocasiones han intentado tener algún tipo de comunicación con el fiscal Palma, pero jamás han tenido respuesta. “Por todos los medios hemos hecho presentaciones de todo tipo. El propósito de cada solicitud era la de colaborar y entregar información relativa a los convenios”, explican.

La gerenta general y representante legal de ProCultura, María Constanza Gómez, afirma que “estamos plenamente conscientes de que el fiscal Palma ha cometido reiteradas infracciones al debido proceso al menos para con ProCultura, no respondiendo ningún requerimiento de nuestros abogados, no se nos ha permitido declarar en el proceso ni se ha citado a nuestros testigos, no ha decretado nuestras diligencias, a nuestros abogados no se les ha dado ni siquiera entrevista con el fiscal. Nunca los ha recibido”.

“Lo poco que sabemos de los avances de la investigación lo hemos conocido a través de la prensa. La carpeta de investigación en teoría está secreta, y decimos en teoría, porque nosotros no tenemos acceso por estar en secreto, pero el fiscal Palma incluso envía comunicados de prensa con las diligencias intrusivas que realiza”, concluye Gómez.

Además de apuntar a que el fiscal regional de Aysén no responde sus solicitudes, los abogados de ProCultura acusan que antecedentes de la investigación se han filtrado a la prensa. “Pareciera ser que los medios de comunicación, que no son intervinientes, tienen mejor acceso a la causa que aquellos que sí lo tienen, como nuestros representados”, señalan.

Respecto al caso, apuntan a que “ha sido una cacería mediática de la que se ve afectada la dignidad de nuestros representados, quienes públicamente han sufrido el escarmiento público de su loable labor como gestores de un trabajo social que rápidamente fue lanzado a un vertedero”.

En la tercera razón de Borzutzky y Barruel para argumentar que Palma debe ser removido citan la aparición de sus mensajes en la investigación en contra de Hermosilla. “No nos corresponde hacer valoraciones a esa publicación, pero sí podemos señalar que la labor del fiscal Palma se encuentra cuestionada. Claramente, mientras no quede resuelta esa situación, lo que pone en entredicho su función para hacerse cargo de la investigación de ProCultura”.

Los abogados concluyen solicitando a Valencia que se tomen medidas internas para asegurar la objetividad de los fiscales que investigan la causa de la ONG, así como también que “se asigne un nuevo fiscal exhaustivo y objetivo en su investigación en las causas en las cuales Fundación ProCultura sea interviniente”.

Consultados, los abogados señalaron que “el reclamo fue presentado y confiamos en que la Fiscalía Nacional adopte las medidas necesarias para garantizar un debido proceso, en que primen la transparencia y la probidad. Y, por sobre todo, que se cumpla con el principio de objetividad, esto es, investigar con el igual celo los hechos que podrían revestir delito con aquellos que los podrían exculpar”.