Argentina denuncia ante Corte Penal Internacional asedio a su embajada en Venezuela

El gobierno de Javier Milei presentó formalmente una protesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el asedio de las fuerzas de seguridad de Venezuela a su sede diplomática en Caracas, donde están refugiados seis dirigentes opositores al gobierno de Nicolás Maduro.

Tanto las personas asiladas que se encuentran en la legación trasandina como las autoridades argentinas han denunciado que funcionarios venezolanos mantienen rodeado el edificio, restringen los servicios de electricidad y agua e impiden el paso de vehículos para abastecerse de alimentos.

Mario Oyarzábal, embajador de Argentina ante los Países Bajos y los organismos internacionales en La Haya, detalló que el inmueble, ubicado en el sureste de la capital venezolana, “ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro”, según el reporte de CNN.

Agregó que “es imperativo” que Venezuela respete la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y otorgue los salvoconductos correspondientes para que las personas asiladas -que pertenecen al círculo íntimo de colaboradores de la líder opositora María Corina Machado- puedan salir de territorio venezolano.

Argentina llevó su reclamo en la Haya casi dos semanas después de que el grupo de seis opositores venezolanos denunciara la persecución de las fuerzas policiales. “Si es por nosotros, los rescatamos, pero no es tan sencillo”, explicaron en la Casa Rosada. El canciller Gerardo Werthein fue quien dio instrucciones a Oyarzábal, convencido de hacer “lo que haga falta para defender la vida de los asilados”.

El embajador trasandino también de la crisis poselectoral en Venezuela. “La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía contra Maduro, que en medio de la polémica fue declarado vencedor de las últimas elecciones en ese país. Desde el 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más, Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho”, dijo el diplomático.

Agregó que “los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada”.

“Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”, señaló.

Argentina es uno de los países de la región que desconocen los resultados que declararon ganador al presidente Nicolás Maduro. A raíz de esos cuestionamientos, a fines de julio Maduro expulsó al cuerpo diplomático argentino, cuya embajada quedó bajo resguardo de Brasil.

El gobierno de Venezuela niega que lleve a cabo un asedio a la Embajada de Argentina.

La semana pasada, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo en una rueda de prensa que si la sede se ha quedado sin servicios es porque no los han pagado. “La Embajada de Argentina está ahí, ellos verán. Que paguen la luz, pues, que paguen los servicios, tampoco les vamos a regalar nada”, argumentó.

Las declaraciones del embajador de Argentina ante la CPI ocurren un día después de que el fiscal de la institución, Karim Khan, pidió a Venezuela liberar a los menores de edad detenidos durante las protestas electorales. Este martes, la Cancillería de Venezuela rechazó las palabras de Khan y lo acusó de dejarse llevar por “campañas públicas” contra el gobierno de Maduro.