Cristina Kirchner en el banquillo: las claves del juicio contra la vicepresidenta por presunta corrupción en obras públicas

Este lunes empezó en Buenos Aires, en el Tribunal Oral Federal 2, la escucha de los alegatos del fiscal Diego Luciani, a raíz del caso Vialidad. Con la presencia vía Zoom de la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner como imputada, Luciani detalló durante horas las pruebas que, según él, la relacionan con Lázaro Báez y Austral Construcciones, una empresa a la que se le dio la licitación de 51 obras en los 12 años del kirchnerismo en el poder.

Estas son las claves de un proceso que, de salir como espera el fiscal, podría costarle hasta 16 años de cárcel a Cristina Kirchner:

Todo lo argumentado por Diego Luciani este lunes, y que continuará su exposición durante este mes, se basa en esta idea: “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”. Esta organización criminal habría operado de manera estable y permanente, y su actividad se concentró en la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina.

La causa Vialidad no solo acusa a Cristina Fernández, sino que a cercanos a los Kirchner que habrían colaborado: Julio de Vido, que fue ministro de Planificación Federal; José López, exsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, que estuvo en la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal; Nelson Pierotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otros. CFK llega acusada de dos delitos en particular: asociación ilícita y fraude en perjuicio del Estado. Considerando el Código Penal argentino y lo que espera Luciani, la vicepresidenta podría pasar entre 5 a 16 años de prisión.

Según el relato de Luciani, todo parte unos días antes de que Néstor Kirchner llegase al poder, el año 2003. En ese entonces un amigo de Kirchner, Lázaro Báez, abrió Austral Construcciones. “Lázaro no tenía conocimientos y fundó una empresa de construcción. Se convirtió en el principal favorecido de la obra pública en Santa Cruz. Y a eso también lo vamos a demostrar”, apuntó en su alegato el fiscal, señalando que el último trabajo conocido de Báez era empleado de banco.

“Austral no fue una verdadera empresa, fue una cáscara vacía”, aseguró Luciani, argumentando que la asociación ilícita de los Kirchner y Báez había decidido crear un empresario, porque prefería “manejar todo sin dejarlo en manos de otras contratistas con quienes tuviera que acordar en cada caso” para hacerse de los fondos del Estado.

Entre 2003 y 2015, el tiempo en que Néstor Kirchner y Cristina Fernández ejercieron la Presidencia de Argentina, el 78% de las obras estatales que se hicieron en la provincia de Santa Cruz fueron licitadas a Báez, y de esas, solo tres fueron finalizadas en tiempo. ”Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, detalló el fiscal.

La causa Vialidad se abrió en mayo de 2019, cuando se comenzaron a investigar las presuntas irregularidades de estas 51 obras. El fiscal Luciani señaló que hubo sobreprecios en ellas, junto con falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones que fueron amañadas en favor de Austral Construcciones, y en muchos casos, el pago total de las obras, aun cuando estas no fueron construidas. Para peor, de estas 51 obras, en 50 hubo predeterminación de precios.

El juicio, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 2, y que integran los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez y Andrés Basso, estipuló que se realizarán tres audiencias por semana, para permitir al fiscal enumerar las pruebas contra los 14 acusados. Luciani contará así con al menos nueve sesiones para esto, y los acusados tienen la obligación, aunque sea por Zoom, de escuchar las acusaciones del fiscal. En estas audiencias, Luciani se comprometió a “probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos”.

Hasta el momento, uno de los intereses principales de Cristina Kirchner tiene que ver con participar como candidata -sea a la Presidencia o al Senado-, en las elecciones que se tendrán en octubre de 2023. Ahora bien, hubo un momento en que se pensó que una condena originada por el caso Vialidad podía acarrearle no solo la cárcel a CFK, sino también la inhabilitación a cualquier cargo público.

El veredicto de la causa debería estar a finales de este año, pero está dentro de las posibilidades de la acusada el apelar, haciendo que el caso deba ser revisado, primero por la Cámara Federal de Casación Penal, y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según el Código Penal argentino, para que una condena se ejecute esta debe “quedar firme”, lo que ocurre con el rechazo del último recurso en la Corte Suprema.

Sumando y restando plazos, CFK podría perfectamente llegar a las papeletas de octubre de 2023, aunque habría que ver cuánto afectan estas al menos nueve audiencias a la ya dañada imagen de la vicepresidenta: se espera un agosto complicado en ese sentido.

Hasta el momento, la mejor defensa de Cristina Kirchner ha sido el constante ataque que lleva meses dirigiendo a los tribunales que la persiguen. En un video subido en julio, acusó al Poder Judicial de ser un “partido político protector del macrismo”, además de responsabilizarlo por la crisis económica, señalando que “será muy difícil mejorar las condiciones de vida” de los argentinos “con esta corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial”.

En esa instancia, se refirió a la decisión que había tomado la corte de continuar con la investigación de la causa Vialidad. ”Dio un aval anticipado para la condena que, tal como dije el 1 de diciembre de 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada”, acusó la vicepresidenta.

En tanto, el Presidente Alberto Fernández respaldó las críticas de CFK: “La vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”.