Allanamiento en el Parlamento: las facturas falsas que complican el escenario judicial del diputado Joaquín Lavín (UDI) y que impactó de lleno en el Congreso

En enero de este año, cuando la Policía de Investigaciones realizaba diligencias en el marco de la investigación contra la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, un correo llamó su atención.

Decía “Propiedades del archivo: autor Joaquín Lavín León” y se trataba de un “Word” que daba cuenta de una serie de contrataciones, desvinculaciones y sanciones administrativas a funcionarios del municipio que habría realizado el cónyuge de la exjefa comunal, hoy día imputada por delitos de corrupción al interior del municipio, ocurridos, presuntamente, entre 2016 y 2021.

Los investigadores, por esos meses, cuando la investigación contra Barriga estaba en ciernes, se preguntaban qué hacía un diputado dirigiendo acciones en la municipalidad. Fuentes de la investigación señalaban en ese entonces que los documentos habían sido “blanqueados” por un abogado que en aquella época asesoraba jurídicamente a la autoridad edilicia. En otras palabras, el autor del documento era Lavín Jr., pero quien firmaba el acta era un abogado.

Por ese entonces la Fiscalía encendía las primeras alertas contra el diputado de la UDI. En concreto, se buscaba dilucidar qué rol jugó en la cuestionada gestión de la alcaldesa, quien de acuerdo a la Fiscalía Metropolitana Oriente habría defraudado al municipio por $31 mil millones, y que hoy se encuentra bajo arresto domiciliario total. De hecho, fue en noviembre de 2023 cuando la fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina solicitó al Noveno Juzgado de Garantía el alzamiento del secreto bancario de las cuentas de Lavín, de Barriga y de otras 20 personas que trabajaron en la municipalidad.

A ese correo se sumaron testimonios en la causa de Barriga, que daban cuenta de que el hijo del histórico alcalde de Las Condes ejercía como una suerte de alcalde “entre las sombras” ante la inexperiencia política de su esposa.

Hoy día, casi un año después de esas primeras alertas, se realizaron las primeras diligencias contra el parlamentario.

Eran cerca de las 10.00 de este martes cuando la fiscal Encina y la Policía de Investigaciones arribaron en el Congreso Nacional, en Valparaíso. “La diligencia fue solicitada por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, ante el 9o. Juzgado de Garantía que autorizó la medida intrusiva”, informaba la Fiscalía Oriente minutos después.

Fuentes señalaron que la investigación contra Lavín Jr. se trata de una arista distinta a la de Barriga, pero desprendida de esa misma causa. En este caso se investigan la presunta rendición de facturas falsas que habría hecho como diputado. Preliminarmente, el monto alcanzaría los $17 millones. La fiscalía también estaría indagando a un asesor del parlamentario que estaría involucrado en el caso.

El diputado no se encontraba en el Congreso al momento de la llegada de los investigadores, ya que estaba en su domicilio. Así las cosas, la fiscal Encina tomó la declaración de una de sus secretarias, Aida Olivares.

Horas después la policía civil llegó hasta el domicilio del diputado, ubicado en la comuna de Peñaflor. Casi en paralelo, la policía también llegó hasta la sede distrital del diputado.

Luego de las diligencias en el Congreso, la fiscal Encina dijo: “Se trata de una investigación donde el imputado en este caso es el diputado, el señor Joaquín Lavín León. Esta investigación, si bien surge de una investigación que tenemos por fraude al Fisco y otros delitos de falsificación en el contexto de la Municipalidad de Maipú, esta es una investigación donde solamente se está imputando al señor Joaquín Lavín por el momento”.

El abogado Cristóbal Bonacic, quien representa a Barriga y Lavín, señaló a La Tercera: “Las diligencias se desarrollan dentro del proceso investigativo que está haciendo la Fiscalía en forma integral respecto de Cathy y también de Joaquín, por lo tanto nos parece bien que se investigue, que se incaute y que se revise todo lo que haya que hacer, porque no hay ningún hecho irregular ni ilícito. Por lo tanto, toda investigación que se haga nos parece totalmente positiva y es una señal de transparencia”.

El abogado señaló que no le tomaron declaración. Eso sí, le incautaron el teléfono celular y un computador. Por su parte, Encina dijo que Lavín “colaboró” en su casa ante la llegada de los policías.

A la salida de su casa, el parlamentario enfrentó a los medios de comunicación que lo esperaban. Allí dijo que no había cometido ningún delito y que la investigación contra su esposa ha sido “muy larga”.

“Desde que el alcalde (Tomás Vodanovic) presentó esta querella en contra de Cathy, hemos estado envueltos en este proceso de investigación que la verdad ha sido muy largo. Ya llevamos más de tres años de investigación y siempre hemos estado disponibles a colaborar con ella, así como ha sucedido en la diligencia de hoy”, dijo.

Asimismo, agregó: “Solo señalar que aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue de manera rápida”, agregó el diputado, agregando que no tenía conocimiento de por qué se le investigaba.

Pocos minutos pasaron desde el allanamiento en las oficinas del parlamentario, cuando el resto de sus pares -y la corporación de manera institucional- reaccionaron a la medida intrusiva que se dio en el piso 12 de la Cámara.

Si bien en el oficialismo hubo reacciones más duras que otras, todos coincidieron en el golpe a la imagen de la corporación con el allanamiento que se dio en horas de la mañana. “Nunca va a ser bueno que los fiscales estén paseándose por ninguna de las bancadas allanando las oficinas”, dijo el diputado Daniel Manouchehri.

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, se encargó de hacer el control de daños. “Vamos a pedir antecedentes para conocer de la causa, le vamos a solicitar formalmente a la Fiscalía que actúe con la mayor velocidad posible”, explicó.

“Si el diputado Joaquín Lavín está libre de cualquier irregularidad vamos a defenderlo y lo vamos a acoger; si es que aquí hay algún tipo de irregularidad, dependiendo de la gravedad del asunto, la UDI va a tomar medidas. Puede ser pedir la suspensión de la militancia, puede ser la expulsión”, agregó el timonel gremialista.

La Cámara de Diputados, de manera institucional, también reaccionó al allanamiento. La presidenta de la corporación, Karol Cariola, acompañada por el secretario general, Miguel Landeros, salieron a explicar el procedimiento que adoptó el Ministerio Público con esta rama del Poder Legislativo.

“En este procedimiento tomaron contacto con nosotros, tanto con el secretario general como con quien habla, el fiscal nacional, para informarnos de esta diligencia. Le manifestamos nuestra más absoluta disposición a colaborar con todos los procedimientos que se requieran para que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, junto con la fiscal Constanza Encina pudieran hacer ingreso al edificio, particularmente a las oficinas del diputado Lavín”, detalló la presidenta.

Y añadió: “Nosotros recibimos el llamado del fiscal nacional (...) lo que nos piden es la colaboración para ingresar al edificio y frente a eso nos pusimos a disposición inmediata, porque esto se iba a realizar en las horas siguientes del llamado que recibimos del fiscal”.

De igual manera, las autoridades de la Cámara detallaron que esta no es la única vez que se lleva a cabo este procedimiento, pues en el 2008 también se llevó a cabo esta diligencia, a raíz de la causa del exdiputado Maximiliano Errázuriz (UDI) que había firmado unos contratos de arrendamiento.

El viernes pasado la Municipalidad de Maipú presentó una ampliación de la querella contra Cathy Barriga, donde se expone que el programa municipal “Fuerza de Mujer” fue inscrito en INAPI el 2019 a nombre de la exalcaldesa.

De hecho, cuando lanzó dicho programa, en octubre de 2016, lo hizo en la sede distrital de su esposo.

Por otra parte, en la nueva acción judicial contra Barriga también la acusan de haber desfinanciado proyectos de la empresa sanitaria SMAPA. “Existió un mecanismo de rebaja fraudulenta de resguardos presupuestarios (...) con el objeto de disponibilizar artificialmente recursos para proyectos” de la exalcaldesa, dice la querella.

Según la Fiscalía, hubo una rebaja de presupuesto por casi $24 mil millones durante su administración.