Carlos Mora Jano, ex defensor nacional: “Llama la atención que nunca ha sido renovado un defensor nacional nombrado por un gobierno de otro color político”

Este 1 de noviembre, Carlos Mora Jano se convirtió oficialmente en ex defensor nacional. A fines de septiembre, el entonces ministro de Justicia Luis Cordero le transmitió en una breve reunión que no sería renovado en el cargo, pese a que había una buena evaluación de su gestión, como manifiesta en entrevista con La Tercera la otrora autoridad.

Asegura que se va satisfecho por los logros alcanzados y preparado para los nuevos desafíos que enfrentará, pues a partir de este lunes 4 de noviembre ingresará como socio al estudio de abogados Pereira Jano.

Antes de ello, eso sí, busca resaltar los logros que alcanzó en la Defensoría Penal Pública. “Avanzamos fuertemente con la defensa especializada, nos preocupamos mucho de las personas privadas de libertad, implementamos un sistema de atención de usuarios, y todo de la mano del principio de gobierno abierto, promoviendo la probidad y transparencia”, celebra con una sonrisa en el rostro, aunque desliza que aquello no habría sido aquilatado por el gobierno.

¿Cuál es el balance que hace luego de estos tres años en el cargo?

Dejo el cargo muy satisfecho, porque se cumplieron los objetivos planteados para tres años. Lo primero era mejorar en todo aspecto la calidad de la defensa, y lo segundo era mejorar y subir los estándares o indicadores de atención de usuarios. Llevamos a cabo varias cuestiones y creo que en estos tres años logramos mejorar sustancialmente el trabajo de la Defensoría.

Su salida de la dirección de la Defensoría se dio en medio de una crisis en el sistema de justicia. ¿Considera que la modificación puede afectar a la institución en un momento como este?

El sistema de Alta Dirección Pública señala que estos cargos duran tres años con posibilidad de renovación. Por supuesto que considero que ese es un periodo muy breve. Más allá que yo reconozco que es legítimo que el gobierno en este caso pida que se concurse el cargo, tienen todo el derecho de hacerlo, pero sí siento que no debería existir tal discrecionalidad cuando la evolución de quien cumple el periodo es buena.

Según Cadem, la Defensoría es la institución de justicia mejor evaluada.

Claro, lo que no es menor. En plena crisis de seguridad, la Defensoría Penal Pública supera en seis puntos a la Fiscalía. Eso es un gran logro para nosotros y es uno de los motivos por los cuales me voy profundamente satisfecho. Además, esa buena evaluación también la relevó la relatora de Naciones Unidas. Entonces, claro, creo que la institucionalidad se debilita descabezándola. Y esto dice relación con la falta de autonomía.

¿Lo hizo presente?

Es que esto es facultad del gobierno de turno, aunque llama la atención que nunca ha sido renovado un defensor nacional nombrado por un gobierno de otro color político, lo cual no debería ser así, deberían ceñirse solamente a lo que es una evaluación técnica.

¿En su caso cree que pesó más quien lo designó que el trabajo que realizó?

Es que los resultados fueron buenos, y a mí solamente se me señaló que querían un cambio de perfil. Lo demás tendría que preguntárselo al ex ministro de Justicia, porque no tengo otra explicación.

¿No se le detallaron razones?

No, solo se me comunica que se iba a concursar nuevamente el cargo, que lo había hecho bien, pero que buscaban otro perfil. No sé qué perfil buscan, porque tampoco se me detalló aquello. Eso lo conversamos personalmente, el exministro me convocó al Ministerio y ahí tuvimos una conversación muy formal y muy breve.

¿Tuvo diferencias con el hoy subsecretario del Interior?

Con Justicia, en general, tuve muy buena relación. Con la ministra Marcela Ríos trabajamos juntos, bien coordinados en distintos proyectos, hubo una comunicación bastante efectiva, y también con el ahora ministro Gajardo. Con él tuvimos una excelente relación, es una persona muy preparada y muy preocupada por la institución de la Defensoría. Y con el ex ministro de Justicia mantuvimos una relación simplemente formal.

¿A qué asocia entonces la determinación de no renovarlo en el puesto?

Para ser claros, yo no cuestiono que no se me haya renovado. Si me pedían quedarme yo lo iba a evaluar. De todas formas, no considero que haya algún hito o hecho que pueda señalar respecto de mi concursabilidad, solamente que fui nombrado en un gobierno anterior.

Hay una situación que sí enfrentó a la Defensoría con el gobierno, el caso relacionado con antecedentes de testigos protegidos en una causa en Arica vinculada a crimen organizado. ¿Eso tampoco cree que pudo haber influido?

No lo sé, porque si hubo una diferencia, nosotros solamente cumplimos una resolución judicial y creo que la Defensoría hizo lo que tenía que hacer. Es importante tener claro que la Defensoría Penal Pública, si bien es cierto que no es autónoma, tiene una autonomía funcional. Entonces, tampoco el defensor nacional puede dar órdenes con respecto a la defensa en concreto que realizan los defensores.

¿Hubo comunicación con el gobierno en ese episodio?

El ministro nos manifestó preocupación.

¿Considera que se intentó incidir en las medidas que adoptaban?

Es que intente o no intente incidir, este gobierno o cualquier otro, no es posible porque hay una autonomía funcionaria. Si algún día la Defensoría Penal Pública se politiza, lo que va a pasar es que se va a perder el Estado de Derecho con respecto al sistema de justicia penal.

¿Cómo se ponderó en ese momento que si esa información se liberaba podría haber estado en riesgo la vida de personas?

Nosotros cumplimos con el rol de defensa. Nosotros hicimos una solicitud y el tribunal es libre de resolver lo que estime conveniente en derecho. Y, una vez resuelto, nosotros solamente actuamos conforme a la misma. Tampoco es que los defensores llamen al defensor nacional para pedirle permiso para actuar; el día que lo haga, de hecho, se perdería su rol.

¿Cuán importante estima el que la DPP se convierta en un organismo autónomo?

Sin duda, la Defensoría tiene que ser un órgano autónomo. Yo creo que sobre esto ya no existen dos opiniones. Creo que ya llegó el momento, después de 24 años, de que se tome esa determinación. La defensoría ha demostrado ser un organismo técnico, independiente, apolítico.

Este año ha estado marcado en lo judicial por el denominado caso Audio. ¿Qué visión tiene usted de lo sucedido a raíz de esa indagación?

No tengo mayores antecedentes que los que he podido ver en la prensa, pero lo que sí puedo señalar es que es importante que el Ministerio público evite las filtraciones, considerando que ellos son los custodios de la investigación. Eso ha sido un tema que también debilita la institucionalidad y también frente a la ciudadanía. En lo demás, creo que hay debates que se tienen que dar procesalmente, como la licitud de la prueba que originó todo ese caso y sus aristas.

Algunos intervinientes han planteado que no sería prueba lícita. ¿Coincide con esa postura?

Yo creo que ese es un debate que se tiene que dar, porque efectivamente, como académico, considero que es un debate legítimo que en algún momento debe plantearse y en la oportunidad procesal correspondiente, más allá de las diversas interpretaciones que podamos tener.