Contraloría revela que el 58% de las unidades de control municipales opera con menos de tres funcionarios

En medio de un año marcado por cuestionamientos al manejo de los cuantiosos recursos que poseen las municipalidades, un informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) sobre el estado de las unidades de control de los municipios chilenos elaborado por la Contraloría General de la República, dado a conocer esta semana, reveló que más de la mitad de dichos departamentos funcionan con equipos reducidos para fiscalizar presupuestos que van desde los $3 mil hasta los $500 mil millones.

En detalle, el informe evidencia que el 58% de las unidades de control interno de los municipios del país cuenta con apenas entre uno y tres funcionarios para supervisar los millonarios recursos municipales. Este déficit de fiscalización detectado por la entidad, además, adquiere especial relevancia en un contexto donde varios municipios han declarado recibir situaciones financieras deficitarias tras la llegada de las nuevas administraciones desde el 6 de diciembre.

Además, el informe se publica en un momento crítico, cuando el Ministerio Público mantiene abiertas cerca de 642 causas en distintas regiones del país por delitos de malversación y fraude al Fisco, que involucran a alcaldes y funcionarios municipales de todos los sectores políticos. Casos como los de Raúl Torrealba (ex-RN) en Vitacura, Cathy Barriga (ind. UDI) en Maipú y Daniel Jadue (PC) en Recoleta han puesto en evidencia las fallas en los mecanismos de control financiero dentro de los municipios.

El trabajo analiza la situación de los 345 municipios del país y revela importantes diferencias en la dotación de personal, incluso considerando la proporción y magnitud del gobierno local. En el desglose de los datos el ente fiscalizador da cuenta que el 23% (81) de los municipios del país tiene solo un funcionario dedicado a tales efectos, 35% (120) tiene dos y tres funcionarios, 32% (109), de cuatro a nueve, y por último, solo el 10% (35) tiene más de 10 funcionarios.

De hecho, en sus datos la Contraloría detecta que solo cinco comunas del país cuentan con más de 20 funcionarios a cargo de resguardar las arcas municipales. Un detalle clave es que son algunas de las casas edilicias con más presupuesto a nivel nacional: Las Condes (35 funcionarios, que deben fiscalizar $454.949 millones; Santiago (28), a un presupuesto de $377.735 millones; Viña del Mar (23), con $164.596 millones; Lo Barnechea (22), con $ 223.988 millones, y Puerto Montt (21), con $245.585 millones.

Casos extremos se observan en comunas como Colbún, en la Región del Maule, donde un único funcionario supervisa un presupuesto de $47.459 millones, o Mostazal, en la Región de O’Higgins, donde la situación es idéntica, con $44.751 millones bajo la vigilancia de una única persona. En municipios de la zona norte del país se detectó que en Illapel (1) u Ovalle (4), en promedio cada funcionario de la Unidad de Control debe fiscalizar de $39.235 a $33.525 millones. Hacia el sur también están Laja (1) y Mulchén (1), donde cada trabajador debe fiscalizar $35.185 y $37.040 millones, respectivamente.

En el caso de la Región Metropolitana, la data entregada por Contraloría afirma que Colina alcanza los tres funcionarios en su Unidad de Control y estos deben fiscalizar $35.157 millones cada uno, o el caso de Providencia, que cada uno de sus 11 funcionarios debe fiscalizar $20.151 millones del presupuesto.

En otros municipios grandes como Temuco, nueve funcionarios deben fiscalizar $254.691 millones, lo que implica que cada uno supervisa en promedio $28.299 millones, mientras que en San Joaquín once funcionarios administran el control de $56.475 millones, con una carga de $5.134 millones por persona.

La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), se refiere a los resultados del informe, apuntando a las limitaciones para contratar más funcionarios. “Es el reflejo de las diferencias en las cuales viven los municipios, tanto en sus tamaños, presupuestos y realidades territoriales. Un municipio pequeño, para aumentar su equipo de control, debe necesariamente reasignar personal desde otras áreas, lo que implica ‘desvestir un santo para vestir a otro’. Se hacen grandes esfuerzos por fortalecer la fiscalización interna, pero hay una limitación estructural de recursos”, afirma.

Sin embargo, señala que la gestión de estas unidades de control “muchas veces no tiene relación con la cantidad de funcionarios que tenga, sino que sus capacidades de gestión y fiscalización”. Y cierra: “Estamos trabajando para que los municipios sean modernos, transparentes y respondan de manera oportuna a la ciudadanía”.

La Contraloría subrayó que estas unidades desempeñan un papel fundamental dentro del Sistema Nacional de Control, con funciones clave como la auditoría interna, la fiscalización presupuestaria, la asesoría al concejo municipal y la identificación de actos ilegales. El informe concluye que es urgente fortalecer estos organismos, especialmente en municipios con altos presupuestos y escasa dotación de personal, para evitar que las deficiencias sigan facilitando la corrupción.

De hecho, frente a esta última situación la mayoría de los alcaldes entrantes ha optado por realizar auditorías externas al asumir sus mandatos, una medida que suele ser aprobada por unanimidad en los concejos municipales.

Sin embargo, según la institución a cargo de la contralora Dorothy Pérez, estas revisiones deben ser un rol que periódicamente realizan las unidades de control interno de cada municipio, organismos que operan de forma autónoma dentro de la administración local y que representan, en palabras de Contraloría, la “tercera línea de control” del sistema financiero municipal.