Cordero dice que oposición de alcaldes ”es comprensible”, pero que sin nueva cárcel el sistema de justicia “no puede cumplir su propósito”

Luis Cordero
El ministro Luis Cordero. Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile.

Según afirmó el ministro de Justicia, es evidente que las comunidades y los alcaldes defienden los intereses locales, sin embargo la obligación que tienen desde la cartera "es proveer de una infraestructura para el país".


La mañana de este lunes, el ministro de Justica, Luis Cordero, abordó en Radio Cooperativa la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad anunciada la semana pasada por el Presidente Gabriel Boric tras la ola de homicidios que se registraron en la Región Metropolitana, y también la oposición de los alcaldes a que la infraestructura fuese instalada en su comuna.

La semana pasada, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), mostró su rechazo a la instalación del recinto penitenciario en su comuna, afirmando que “como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente”.

Al respecto, y consultado sobre si primero debería haber hablado con los alcaldes antes del anuncio de construcción, Cordero fue claro en señalar que “una cantidad importante de nuevos establecimientos penales en Chile no se han podido construir” por distintas tipos de razones, ya sea por oposición de las comunidades locales o directamente porque los municipios, una vez que el Estado adquirió los terrenos, modificó los planos reguladores para que no se construyeran.

“De hecho, si nosotros hubiésemos podido desarrollar una cantidad importante de los proyectos de infraestructura penitenciaria que quisieron desarrollarse desde 2010 en adelante, sin esas oposiciones probablemente no tendríamos la estrechez que tenemos hoy día”, sostuvo.

En este sentido, expresó que este tipo de establecimientos “prestan un servicio muy relevante para la seguridad, no de un lugar, sino que del país”

“Es evidente que aquellas infraestructuras -porque esto no solo sucede en casos de cárceles, también sucede en el caso de un relleno sanitario, en el caso de una central, en una línea de transmisión- que las comunidades y los alcaldes defienden los intereses locales, eso no cabe ninguna duda, y a mí me parece que la reacción de la alcaldesa Hassler, como de cualquier alcalde respecto a este caso, es completamente comprensible”.

Sin embargo, indicó la autoridad, “la obligación que nosotros tenemos como Ministerio de Justicia es proveer de una infraestructura para el país respecto a este tipo de instituciones, porque de lo contrario, el sistema de justicia no puede cumplir su propósito”.

“No hay que perder de perspectiva de lo que estamos hablando y del interés general que está detrás de eso. Porque de lo contrario, nosotros sería imposible construir ningún establecimiento penal en ninguna parte”, añadió.

Ministro Cordero y reforma a Gendarmería: “Decirle que no a un proyecto de estas características es decirle que no a una gestión que es central para el cumplimiento de la ley”

Consultado sobre cómo va a convencer a la oposición para tener sus votos y así agilizar la construcción de esta nueva infraestructura, el titular de Justicia expresó que este “no es un problema de lealtad de gubernamentales”, sino que este tipo de proyectos se debe pensar en el largo plazo y no contingentemente.

“No hay administración del Ministerio de Justicia que no hubiese padecido la falta de plazas penitenciarias en el sistema institucional chileno, ninguna. Este es el tipo de decisiones que uno mira en el largo plazo. Si uno lo mira contingentemente sería imposible desarrollar ninguno de estos tipos de proyectos”, afirmó.

En esta línea, Cordero sostuvo que “lo que está detrás de esto no es simplemente la construcción de un establecimiento”, sino más bien “es el desarrollo del sistema de máxima seguridad, lo que implica una reforma a Gendarmería”.

“Este no es un problema de lealtades gubernamentales o no, esto es un problema de política pública general y de largo plazo para el país. El sistema de máxima seguridad requiere una reforma de Gendarmería y requiere una dotación específica para este fin. En segundo lugar, requiere de establecimientos y de un sistema de gestión penitenciaria de máxima seguridad”-

En este sentido, sostuvo, “decirle que no a un proyecto de estas características es decirle que no a una gestión que es central para el cumplimiento de la ley, respecto del cual todos los operadores del sistema de justicia están de acuerdo. Entonces es un tema de responsabilidades compartidas. No hay nada mejor. Cuando hay cooperación, las decisiones se pueden implementar, aunque sean complejas, con cierta facilidad”.

“Si hay alguien que quiere mirar esto en perspectiva coyuntural, lo que está haciendo es comprometiendo el desarrollo, el cumplimiento del sistema de justicia para la próxima década”, afirmó tajante.

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