Corte IDH declara a Chile responsable internacionalmente por muerte de diez adolescentes en incendio en centro Sename
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Los menores perecieron en un siniestro originado por una protesta en un recinto de reclusión juvenil de Puerto Montt el 2007.
En la sentencia del caso dada a conocer este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional de Chile por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal y de la niñez, en perjuicio de diez adolescentes, de entre 13 y 17 años, fallecidos en el incendio del 21 de octubre de 2007 en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado Tiempo de Crecer del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Puerto Montt.
También, responsabilizó a Chile por la lesión al derecho a la integridad personal de los familiares de los menores fallecidos en el siniestro originado luego que un grupo de internos prendió fuego a sus colchones en protesta por malos tratos.
Asimismo, determinó la responsabilidad estatal por la vulneración de distintos derechos de 271 jóvenes que estuvieron alojados, en distintos periodos entre 2006 y 2009, en los centros de internación provisoria y régimen cerrado Lihuén, Antuhué, San Bernardo y Tiempo de Crecer, a cargo del Sename, por las condiciones en que se encontraban recluidos.
En la sentencia, la Corte IDH aceptó y valoró el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por Chile.
El tribunal determinó que el Estado, pese a la posición de especial garante que mantenía respecto a la población joven privada de libertad, no tomó las medidas necesarias para prevenir el siniestro, ni tampoco actuó con la diligencia debida frente a su desarrollo.
El Ministerio Público inició una investigación penal que acabó con una salida alternativa.
Respecto a los centros Lihuén, Antuhué, San Bernardo y Tiempo de Crecer, el tribunal constató que las condiciones de privación de libertad en que se encontraban las víctimas eran incompatibles con estándares internacionales de protección de derechos humanos, lo que constituyó violaciones a los derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la educación, al agua, al saneamiento, a la salud y de la niñez.
Ante esta evaluación, la Corte IDH ordenó, como medidas de reparación integral: brindar tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten; continuar adoptando medidas a fin de mejorar las condiciones de centros de privación de libertad de adolescentes; comunicar la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación relativa a casos de violencia institucional ocurridos a partir de la creación del Sename; incorporar las pautas sobre derechos humanos de personas adolescentes privadas de su libertad señaladas en la sentencia en los programas de formación continua dirigidos a todos los actores que intervienen en el sistema de responsabilidad penal adolescente, y pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños inmateriales.
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