Defensor nacional: presos están cinco veces más expuestos al Covid-19

La Defensoría Penal Pública es uno de los actores clave del sistema penal. Representa el 92% de los casos que se tramitan y ha tenido que enfrentar las contingencias del último año: la crisis social y el coronavirus. Así, a dos décadas de la vigencia de la Reforma Procesal Penal, hoy el defensor nacional, Andrés Mahnke, entrega la cuenta pública de la institución.

La instancia comenzará a las 11.00 y será transmitida por Facebook Live. Al final de su discurso se podrán realizar preguntas.

Entre los temas del balance está la pandemia del Covid-19 y cómo el organismo lo ha enfrentado. “La evidencia empírica demuestra que una persona privada de libertad en Chile está expuesta a contagiarse hasta cinco veces más que una persona que no se encuentra en un recinto penitenciario”, dice Mahnke.

De acuerdo a Gendarmería, hasta ayer había 396 internos y 260 funcionarios contagiados con Covid-19.

Según el defensor, se deben considerar “las miles de personas privadas de libertad en Chile, las que no se encuentran en las mismas condiciones que la gran mayoría de nuestra población para enfrentar las medidas sanitarias de prevención de contagio y mucho menos para enfrentar el resguardo de su salud en el evento lamentable de ser parte de los casos positivos”.

De acuerdo a Mahnke, “esta catástrofe mundial que vivimos nos obliga a repensar nuestros marcos de acción”, y por eso se debe evaluar el nivel de prisión que existe en el país.

Será justamente en torno a esta materia, en que Mahnke recibirá las principales preguntas. Una de ellas fue realizada a través de un video por la expresidenta Michelle Bachelet -en su rol de alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU-, quien le consultará al abogado qué ha hecho la Defensoría ante la actual crisis carcelaria, por los privados de libertad que atiende la institución.

En la misma línea, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, pedirá que se evalúe la gestión de la Defensoría en materia de la sustitución de la prisión preventiva.

En relación al balance de 2019, el abogado indica que de las 333 mil causas ingresadas en 2019, el 19,3% correspondió a mujeres, el 5,4% a menores de 18 años, el 3,2% a personas de pueblos originarios y el 4% a personas extranjeras. “Aunque esta cifra (total de causas) representa un alza de 4,2% respecto del año anterior y parece romper la tendencia a la baja que el ingreso de causas tuvo desde 2012 hasta ahora, lo que se explica precisamente por la mayor cantidad de casos registrados a partir del ‘estallido’ social”, sostiene.

Sobre este punto, señala que “solo en octubre el ingreso de causas creció 24,1% a nivel nacional, en comparación con igual mes del año anterior, aunque hubo regiones con aumentos superiores, incluso, al 40%”.

Según el defensor, luego del “brusco incremento de causas penales producto de las movilizaciones sociales registradas desde octubre”, la institución atendió a detenidos en más de 110 cuarteles policiales del país.

En ese sentido, advierte una eventual cifra negra de aprehendidos en las manifestaciones. “La práctica cotidiana de esta tarea mostró que un número indeterminado de personas detenidas no llegaban al control de detención, porque el Ministerio Público decidió dejarlas en libertad antes de esa instancia, o porque su detención no fue notificada por las policías, de manera que no hubo control judicial de estas actuaciones, ni se dejó debido registro de ellas. Se trata de una brecha urgente de resolver, porque implica una cifra negra de personas que, eventualmente, vieron vulnerados sus derechos, tal como lo advirtieron en su momento distintos organismos internacionales de derechos humanos que visitaron el país”, asegura.

Para ejemplificar esta situación, Mahnke señala que “en situaciones de normalidad, como en 2018, las solicitudes de ilegalidad de la detención se realizan en el 10% de las audiencias de control de detención y son otorgadas en el 2,2% de los casos. Sin embargo, solo entre el 20 y el 28 de octubre de 2019 se alegó ilegalidad de la detención en el 32,8% de los controles y fue declarada como tal en el 8% de los casos”.

El defensor, casi al cierre de su presentación, hizo un llamado a modificar el Código Penal, “que actualice su mirada respecto de formas de vida y costumbres sociales que no existían hace 150 años y que nos permita rebalancear la persecución penal”.