Democracia Viva: Ministerio de Justicia solicita al CDE recurrir a tribunales para pedir la disolución de la fundación

El Ministerio de Justicia -encabezado por Luis Cordero- envió una solicitud al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que el organismo recurra ante tribunales civiles para perseguir la disolución de la fundación Democracia Viva, representada por el exmilitante RD Daniel Andrade, tras los eventuales delitos de corrupción que habría protagonizado la entidad cuando recibió traspasos por $426 millones con la Seremi de Antofagasta.

Según un comunicado de la cartera, la decisión fue adoptada por la subsecretaría de Justicia -al mando de Jaime Gajardo Falcón (PC)-, luego de un procedimiento de fiscalización iniciado por el Departamento de Personas Jurídicas del ministerio el 22 de junio de este año, tras el destape del caso cero, que actualmente mantiene al Ministerio Público investigando traspasos a fundaciones por más de $14 mil millones en nueve regiones.

De acuerdo con el resultado de la fiscalización, se detectaron diversas faltas de carácter estatutario y legal, que habrían sido cometidas por el directorio de Democracia Viva. Es por ello que, desde la cartera, solicitaron al organismo encabezado por el abogado Raúl Letelier interponga un recurso ante tribunales civiles para poner término a las actividades de la fundación y disolver su personalidad jurídica.

“Durante el procedimiento, se detectaron irregularidades en los estatutos de la fundación, en el cumplimiento en el objeto social y en la administración del patrimonio fundacional en relación con el Código Civil, y en convenios celebrados con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Antofagasta”, reza el comunicado evacuado por el subsecretaría que encabeza Gajardo.

En concreto, la fundación -dice el comunicado- habría incumplido sus estatutos, su objeto y patrimonio social, “lo que desnaturaliza los fines propios de la fundación, persiguiendo otros distintos a los consagrados en su objeto y a los propios de las entidades sin fines de lucro”.

Los incumplimientos detectados por el departamento del Ministerio de Justicia harían “inviable” la existencia de la fundación Democracia Viva, “ya que sus infracciones son de tal magnitud que no es posible corregirlas y su objeto, adolece de reparos que no es factible modificarlo sin que la entidad devenga en otra totalmente distinta”.

Luego de emitido el comunicado, el ministro Cordero entregó más detalles, asegurando que su cartera, al terminar la fiscalización a Democracia Viva, “ha considerado que existen graves incumplimientos a la ley, a los estatutos de la fundación, que se han desnaturalizado el objeto de la misma y que, en resumen, ha alterado los fines para los cuales la regulación permite la existencia de ella. Es un extenso oficio que ha sido dirigido al Consejo de Defensa del Estado requiriendo la disolución de la fundación Democracia Viva por los incumplimientos en los cuales les he hecho referencia”, dijo.

Consultado por esos incumplimientos, puntualizó que “están vinculados al objeto, es decir, la inconsistencia entre el objeto declarado por las acciones requeridas, los tipos de convenios que se han suscrito para actividades respecto de las cuales no estaban dentro de la especialización y el propósito perseguido y, en tercer lugar, el mecanismo de financiamiento a través del cual se estaba utilizando, especialmente la correlación entre los ingresos y los honorarios que se pagaban. En el oficio está destacado, además, separadamente, la forma y modo en que se producían esos montos”.

Luego detalló que “uno de los efectos que ha provocado este conflicto y este problema en relación a las fundaciones, es que ha demostrado la vulnerabilidad del marco regulatorio que quedó establecido en el sistema chileno a partir del año 2011, que permitía una fiscalización más directa. De hecho, la cancelación de las personas jurídicas se hacían por decreto supremo al Presidente de la República (...) Uno de los casos emblemáticos es el término de la personalidad jurídica de Colonia Dignidad que se pudo hacer por esa vía. Sin embargo, la reforma del 2011, por distintos tipos de razones, se estableció un mecanismo de fiscalización un poco más flexible y la única manera de disolver la personalidad jurídica es mediante un requerimiento al CDE para que lo realice judicialmente”.

En esa línea, el secretario de Estado puntualizó en lo que será la “doctrina” del ministerio para este tipo de casos.

“En opinión del Ministerio de Justicia (…) la relevancia de esta fiscalización es que si ven en detalle la fiscalización y el fundamento del oficio dirigido al CDE, está la doctrina del Ministerio de Justicia en orden a cuál es el objeto, el propósito y los fines de entidades sin fines de lucro y cómo la desnaturalización de las mismas lo que van a provocar no solo son las reacciones por parte del Ministerio de Justicia en términos de fiscalizaciones sino que también la solicitud de disolución  de esas instituciones”, expresó, explicitando que “uno no puede tener entidades de esta naturaleza, que tienen por propósito la beneficencia pública, la educación y otras actividades de interés público, como consultorías implícitas”.