Dorothy Pérez propone cambio en legislación de Contraloría por oficios que organismos fiscalizados no responden

La contralora general subrogante, Dorothy Pérez, asistió como invitada a la sesión de este martes de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados sobre los incendios de febrero en la Región de Valparaíso.

En su diálogo con los integrantes de la instancia, Pérez detalló las acciones de fiscalización realizadas por la Contraloría General de la República a municipios y organismos que deben operar ante emergencias.

Asimismo, la autoridad manifestó la necesidad de cambios en la legislación que rige al ente fiscalizador para evitar los oficios sin respuesta, un tema al que están también expuestos los parlamentarios.

“Se requiere un cambio en el artículo 9 de nuestra ley orgánica. ¿A qué me refiero en particular? El artículo 9 de la ley orgánica señala que la Contraloría tiene facultades para requerir a los servicios, oficiar a los servicios que nos envíen información para fiscalización. Los artículos 9 y 10 de la Ley del Congreso, a su vez, cuando les dan facultades al Congreso para oficiar, luego señalan que si no se cumple, se requiere a la Contraloría iniciar un procedimiento”, expuso Pérez.

“¿Cuál es el problema en particular con el artículo 9 de nuestra ley orgánica? Ese artículo tiene una redacción confusa en un punto que genera que si los servicios no nos responden, no está claro qué medida podemos tomar. Nosotros lo que más podemos avanzar es en un apercibimiento. Avanzamos en el apercibimiento y después no está claro si podemos multar o suspender a los servicios públicos. Nosotros tenemos clara la posición en la Contraloría y esto está claro en la jurisprudencia, pero los servicios, de acuerdo a la forma en que está redactado el artículo, se defienden diciendo que no tenemos atribuciones, que por no habernos respondido un oficio tenemos que primero hacer un sumario. Imagínense”, comentó.

En esa línea insistió en que si hay alguna modificación que “para todos los temas, sería necesario abordar, sería perfeccionar ese artículo 9″, propuesta expresada en las cuentas públicas de Contraloría.

Respecto a la fiscalización ante emergencias recalcó que las autoridades “tienen que estar en los puestos de mando disponiendo medidas.

“Nosotros lo que revisamos allí no es la actuación global de la autoridad, sino que vamos a ver si la que tenía obligada a hacer, por ejemplo, disponer ciertas medidas, lo hizo o no lo hizo. Si lo hizo verbalmente y no mediante un acto administrativo frente a una catástrofe como esta, la verdad es que ese no es el problema, porque luego uno puede regularizar mediante actos administrativos que ratifican las actuaciones. El asunto es que se hayan cumplido las obligaciones que se tenían frente a la ciudadanía, porque el Estado finalmente está al servicio de la persona humana. Para eso estamos”, enfatizó.

Igualmente, la contralora subrogante se hizo cargo de cuestionamientos por “los sumarios que nunca terminan”.

“Eso es algo que sinceramente yo creo que hay que perfeccionar. La Contraloría también lo ha hecho presente en sus cuentas públicas. Los sumarios administrativos están regidos aún por un procedimiento demasiado arcaico, muy antiguo. Se reformó el sistema procesal penal y mantenemos sumarios administrativos por vía indagatoria con un sistema antiguo, extremadamente lentos. Y en este punto, la Contraloría no tiene imperio ni atribuciones para imponer medidas disciplinarias, salvo en situaciones muy menores. Tenemos atribuciones para imponer medidas disciplinarias por el mal uso de un vehículo fiscal, pero no por otras cosas, no por los deberes principales que tiene la administración. Esa es una decisión que le corresponde a los poderes colegisladores. Aquí nosotros nos limitamos a decir que vemos una deficiencia que quizás hay que corregir”, señaló.