El decreto de Bienes Nacionales que autoriza compra de casa de Allende y el apunte que hizo Contraloría sobre el precio
El organismo planteó que la operación se ajusta a derecho e hizo presente, sin embargo, que "no se consignó expresamente la forma en que se estableció" la cifra cercana a los 933 millones de pesos que se pretende pagar por el inmueble.
La Contraloría General de la República planteó reparos por el proceso de adquisición por parte del Ministerio de Bienes Nacionales de la casa en que vivió el expresidente Salvador Allende.
El organismo fiscalizador dio curso al documento que autoriza la adquisición del inmueble “por encontrarse ajustado a derecho”.
Pese a ello, según indicó la Contraloría al autorizar la operación, en la parte considerativa del decreto “no se consignó expresamente la forma en que se estableció el precio de adquisición de la propiedad”.
El organismo especifica sí que de los antecedentes tenidos a la vista aparece que fueron acompañadas tres cotizaciones comerciales externas, información que, señalan, deberá en lo sucesivo, incorporarse expresamente en el pertinente acto administrativo.
La polémica por la adquisición
La casa de Guardia Vieja, ubicada en Providencia, fue el hogar de Salvador Allende con su esposa, Hortensia Bussi entre 1953 y 1971. El inmueble fue construido por el arquitecto Fernando Castillo Velasco en 1948.
A fines del año pasado el gobierno informó que esa propiedad y la residencia del expresidente Patricio Aylwin serían adquiridas por el Estado para formar parte del patrimonio nacional, transformándose en casas-museo.
Sin embargo, el hecho de que la compra de la casa de Allende beneficie a la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del desaparecido gobernante y una de las dueñas de la propiedad, generó una serie de críticas y encendió alarmas en La Moneda.
El decreto que da curso a la compra
El decreto de cinco páginas del Departamento Jurídico del Ministerio de Bienes Nacionales que autoriza la adquisición del inmueble tiene fecha del 25 de noviembre de 2024.
El documento especifica que el precio total de compra del inmueble asciende a la cantidad de 24.291,72 UF, equivalentes a más de 933 millones de pesos a la fecha.
“La presente adquisición se fundamenta interés de adquirir estos inmuebles como en la necesidad e iniciativas de inversión patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, establecidas en la Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año 2024″, sostiene el escrito.
Asimismo, indica que una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el contrato, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana deberá inscribir el inmueble a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces competente, dentro del plazo de 30 días siguientes a la notificación.
Este viernes, en entrevista con T13 la ministra Aisén Etcheverry en calidad de vocera de gobierno subrogante dijo que se está haciendo “un análisis exhaustivo” y “todos los chequeos legales” para concretar la operación.
La adquisición sería inconstitucional, debido a que según lo establece la Constitución, durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado. Esto aplicaría para el caso de la ministra Fernández.
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