El último día de María: Dos médicos de la Fundación Arturo López Pérez serán imputados por la muerte de paciente con cáncer

Marcela Campos murió en la Fundación Arturo López Pérez y sus médicos serán formalizados.
Marcela Campos falleció en la Fundación Arturo López Pérez y sus médicos serán formalizados.

La Fiscalía Oriente decidió imputar por cuasidelito de homicidio a dos facultativos de ese organismo por una serie de negligencias médicas en contra de la ejecutiva María Alejandra Campos, quien falleció a los 45 años, tras someterse a una cirugía para extirpar un tumor en su glándula tiroidea. El próximo 10 de julio los profesionales deberán enfrentar a la justicia.


El 1 de febrero de 2019 el cuerpo de María Alejandra Campos Vera, de 45 años, no resistió más. Tras un mes y medio agonizando se certificó su defunción poco antes de las 11:00 AM. La ejecutiva había ingresado el 17 de diciembre de 2018 a la Fundación Arturo López Pérez (FALP) para comenzar su tratamiento contra un tumor que tenía alojado en la tiroides. No era una cirugía complicada -le dijeron sus médicos tratantes- y ella ingresó con la esperanza de que la operación la ayudaría a estar más años junto a su único hijo, de 20 años. María Alejandra nunca más despertó tras un post operatorio que hoy está en la mira de una investigación penal que lleva adelante la Fiscalía Oriente.

Hace unos días, y tras un año y tres meses de diligencias, la fiscal Patricia Villablanca decidió llevar ante la justicia a los médicos Luis Marín de Amnesti y Daniel Ledezma, de la FALP, y formalizarlos por cuasidelito de homicidio en contra de la mujer, ilícito que es cometido por profesionales de la salud en calidad de autores. El Octavo Juzgado de Garantía ya fijó fecha para la imputación de cargos que se desarrollará el próximo viernes 10 de julio.

Hasta antes que María Alejandra fuera diagnosticada con cáncer a la tiroides su familia señala que era una mujer sana, muy dedicada al cuidado de su hijo Felipe Sena. Trabajaba como jefa del departamento de Recursos Humanos y prevención de riesgos en una empresa de agrogestión hasta que un día, a fines del 2018, comenzó con unos malestares que la llevaron a realizarse una serie de exámenes. Uno de ellos mostró una concentración elevada de la hormona tiroestimulante o TSH. La mujer tuvo miedo cuando cada análisis arrojaba la presencia de un tumor y decidió acudir a la FALP, especialistas en la materia. Ahí, a comienzos de noviembre de ese año, el doctor Luis Marín le diagnosticó un tumor de comportamiento incierto o desconocido en la glándula tiroides y le recomendó extraerla por completo.

Fue así como llegó el lunes 17 de diciembre, y María Alejandra se despidió de su familia. Les dijo que estuvieran tranquilos, que el procedimiento no tenía mayores complicaciones. Sin embargo, la indagatoria penal -y la querella presentada por el abogado Miguel Schurmann en representación de la familia- dan cuenta que algo ya andaba mal en la clínica en el pre-operatorio. Esto, porque las distintas fichas clínicas dan cuenta de informaciones contradictorias. La enfermera que atendió a la paciente registró dos cesáreas cuando en realidad ella sólo tuvo una y que fumaba cinco cigarros diarios, lo que activaba un antecedente de tabaquismo. Sin embargo, el doctor Marín en la ficha registró el consumo del doble de cigarros.

“La operación se inició a las 20:30. La cirugía aparece descrita en el protocolo respectivo como una operación rutinaria y sin eventos especiales, registrándose la ligadura de los cuatro pedículos vasculares del tiroides”, dice la querella. Pese a que la paciente tuvo cuadros de alza de presión en la operación, éstos no quedaron registrados en la ficha, según los denunciantes. A la sala de post operatorio María Alejandra ingresó orientada, despierta y con un leve dolor cervical, que se lo hizo saber a las enfermeras tratantes. Las profesionales llamaron al doctor Marín, pero este tenía su celular ocupado por lo que se procedió a llamar al becado Daniel Ledezma.

Fue entonces cuando la mujer sufrió un paro luego de que manifestara dificultad respiratoria y una hematoma en el cuello. Una médico que llegó al lugar comprobó que Campos no tenía puesto monitor y ordenó que lo instalaran, tampoco tenía oxígeno y decidió intubarla. La cirujana dejó constancia en la ficha del mal proceder del becado, quien -a su juicio- “no realizó traquestomía de urgencia, la cual desestimó al igual que el traslado a pabellón y la intubación cuando se le solicitó en el momento de Paro Cardio Respiratorio (PCR), luego se le enfrenta y se le pregunta por qué no se presentó y me dijo que no lo encontró necesario y que no tenía porqué presentarse en situaciones así, lo cual me parece totalmente inadecuado (estuvo más de 10 minutos para realizarlos y llevó a confusión)”.

De ahí en más María Alejandra Campos nunca se recuperó y falleció el 1 de febrero del año pasado.

El abogado penalista Miguel Schurmann, querellante en el caso, explica que, a su juicio, “este es un caso evidente de negligencia médica en distintos niveles. Primero, la planificación institucional de la FALP de una cirugía completamente electiva terminó realizándose después de las 8 PM, en horario de riesgo, sin tener previsto un control mínimo del médico a cargo de la intervención, que es el doctor Marín, ni de personal adecuado para reaccionar en caso de una emergencia”. Agrega que “el deceso fue producto de una hemorragia masiva y precoz que es atribuible a una falla técnica en la ligadura de los pedículos vasculares de la glándula que se extirpó, es decir, una cirugía mal ejecutada y, finalmente, el personal de turno liderado por el becado Ledezma demostró completa incapacidad manteniendo a la paciente en un paro por 10 minutos. Acá hay una grave acumulación de negligencias que le quitaron la vida a una mujer vital”.

Hoy su familia, y en especial su hijo, aún lloran a María, pero en parte han logrado resignarse ahora que saben que el Ministerio Público ha acreditado las negligencias médicas sufridas por ella en la FALP, que ellos denunciaron, y que ahora serán enjuiciadas en tribunales.

Consultados los médicos Marín y Ledezma dijeron que preferían no pronunciarse respecto a la investigación penal pues se trata de un caso que aún está abierto.

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