Exjuez Sergio Muñoz recurre al TC para que se declare inconstitucional la reserva de la comisión de Ética de la Corte Suprema

Una nueva arremetida judicial realizó este martes el exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien presentó ante el Tribunal Constitucional (TC), un recurso para que se declare inconstitucional la reserva de la Comisión de Ética del máximo tribunal.

La solicitud de Muñoz ante el TC, surge después de que el exjuez recurriera ante la Corte de Apelaciones de Santiago -a través de un recurso de protección- para poder acceder a los antecedentes que maneja la comisión, negados por el pleno, en medio de la indagatoria interna seguida en contra de Muñoz, quien finalmente fue acusado constitucionalmente, y removido, por el Poder Legislativo.

En su presentación reciente ante el tribunal encabezado por la presidenta Daniela Marzi, la defensa de Muñoz -los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz- piden que se declare inconstitucional la normativa que facultó la reserva de los antecedentes del actuar de la Corte Suprema.

Según acusa la defensa de Muñoz, el secreto de los antecedentes vulnera los derechos fundamentales al “derecho a un justo y racional procedimiento, derecho a no ser juzgado por una comisión especial, garantía de igualdad ante la ley, derecho a la integridad psíquica, derecho a la vida privada y a la honra personal y familiar”.

La presentación de Muñoz ante el TC, según explica en el texto presentado, busca impugnar los preceptos legales que son “determinantes” en la causa ante la Corte de Apelaciones, en el que pide acceder a los antecedentes tras la negativa del pleno de la Suprema, el que se basó en dicha normativa para declarar aquello como reservado.

A juicio de Muñoz, según lo expuso al TC, “dicha decisión de rechazar el acceso de nuestro representado al informe final de la Comisión de Ética es contraria al ordenamiento constitucional por infringir las normas sobre formación de leyes y competencias de organismos públicos”. A lo que agrega: “no solo infringe una serie de garantías constitucionales que se expondrán en el presente requerimiento, sino que, además, normas contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile”.

“Al establecer la reserva del proceso ante el Comité de Ética y regular materias que son objeto de una ley de quórum calificado, la Corte Suprema se está atribuyendo -erróneamente- funciones de legislador (...) dicho de otro modo, la Corte Suprema carece de competencia para acordar normas que regulen el secreto o reserva de un acto proveniente de un órgano del Estado”, sostiene el recurso de inconstitucionalidad.

Respecto a los argumentos sobre los derechos fundamentales transgredidos, afirma que el acceso a la información “constituye una garantía fundamental del debido proceso ya que es esencial para la adecuada defensa del involucrado”, sosteniendo que aquello afecta también “a un justo y racional procedimiento”.

La defensa de Muñoz también plantea -respecto a que a su juicio no existe igualdad en su tratamiento- porque “a toda persona que se encontraba en la posición del Sr. Sergio Muñoz le correspondía acceder al informe final de la investigación, nuestro representado fue tratado de forma distinta”. Seguido de eso, agrega que “es manifiesto que las normas cuestionadas vulneran el derecho de igualdad del Sr. Sergio Muñoz”.

Además de eso, expone que la “falta de conocimiento acerca de lo concluido en el informe final del Comité de Ética provoca gran cantidad de angustia e incertidumbre al Sr. Sergio Muñoz”. Aquello, basado en que a su juicio “nuestro representado ha tenido una carrera intachable dentro del Poder Judicial e incluso ha sido reconocido por sus -entonces- pares por sus aportes al sistema judicial. Por lo demás, la probidad y transparencia han sido pilares fundamentales dentro de la carrera profesional de nuestro representado, impulsando una serie de medidas en el Poder Judicial relacionados a éstos”.

En el recurso presentado ante el TC, la defensa de Muñoz pide que “se suspenda la gestión pendiente invocada en el presente requerimiento”, es decir, la tramitación del recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Resulta del todo necesario que se decrete la medida cautelar toda vez que en caso contrario merma sustantivamente la efectividad de la sentencia favorable que se dicte eventualmente en autos, afectando la supremacía constitucional”, argumenta. De no acceder a esa solicitud, agrega que “es sumamente probable que la acción de protección se resuelva prontamente”.

Por otro lado, pide también que mientras dure la tramitación ante el TC, este ordene a la Suprema no destruir los antecedentes considerados en la indagatoria de la Comisión de Ética, los cuales son destruidos después de tres meses, según lo está establecido en la regulación de dicha instancia.

“De no prohibir la destrucción del Informe emitido por la Comisión de Ética, el presente requerimiento de inconstitucionalidad y el recurso de protección interpuesto por el Sr. Sergio Muñoz perderán sus efectos y nuestro representado nunca podrá tener acceso a dicho documento”, concluye.