“Garantía obligatoria” y “normas de restitución”: presidenta de comisión de probidad detalla estándares “mínimos” que debiese tener ley de transferencias a privados

Este martes, la presidenta de la Comisión para Relación entre Corporaciones, Fundaciones y el Estado -más conocida como la comisión para la probidad-, María Jaraquemada, asistió a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para presentar el informe final emanado de la instancia asesora.

La comisión liderada por Jaraquemada -directora de Chile Transparente y abogada de la Universidad Católica- surgió en medio de la crisis oficialista por líos de platas, que tiene al Ministerio Público indagando traspasos presuntamente irregulares desde reparticiones públicas a fundaciones.

Después de 45 días de iniciar su trabajo, el pasado lunes 28 de agosto, la labor de la instancia concluyó en un informe de 46 propuestas para cambios administrativos y legislativos para mejorar la vinculación entre las instituciones del Estado y organizaciones privadas sin fines de lucro.

La propuesta se elaboró tras 30 sesiones en que se reunieron sus seis integrantes, entre los que se encontraban, además de la presidenta, los comisionados Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero, y la secretaria ejecutiva Valeria Lübbert, que homologó su rol en la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia de la Segpres.

En la comisión, que ya se encuentra disuelta legalmente, se escucharon las exposiciones de 42 representantes de organizaciones sociales, de la academia, de organismos del Estado y organismos internacionales, y se analizaron 58 sugerencias planteadas por la ciudadanía.

En su intervención ante los diputados, Jaraquemada se refirió en detalle a una de las principales recomendaciones de la comisión para la probidad, que plantea una ley permanente que regule de manera general y supletorio las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro.

“Nosotros creemos que todas las transferencias estatales, no necesariamente del gobierno central, también de municipios y gobiernos regionales, se rijan por este marco normativo y tengan estándares mínimos y comunes”, comentó.

Entre los estándares “mínimos” que debiese tener la normativa recomendada, se considera: la concursabilidad como regla general y deberes de fundamentación cuando se realizan asignaciones directas, que las excepciones de asignación directa sigan criterios similares a la ley de compras públicas y establecer criterios para asignar recursos, tales como años de experiencia, sellos de integridad y conducta anterior.

Asimismo, asegurar pagos parcializados asociados a hitos y con rendiciones de cuentas, incorporar rendiciones de cuentas técnicas, establecer criterios de supervisión, normas de término anticipado, normas de restitución, y normas y formatos de rendición de cuentas.

De acuerdo a la comisión, la ley también debiese exigir garantía obligatoria por sobre ciertos montos (puede ser asimilable a la regla establecida para compras públicas), en el caso de asignaciones directas -que debiesen ser excepcionales- establecer mecanismos más intensos de publicidad y difusión, e incluir un plazo máximo para que el Estado y servicios públicos se pronuncien sobre las rendiciones de cuentas.

“Porque nos han señalado organizaciones de la sociedad civil que a veces pasan tres años y no se pronuncian sobre la rendición de cuentas, quedan como pendientes, ellos como como incumpliendo por así decirlo, no pueden cerrar los procesos y resulta que es porque el organismo no se ha pronunciado, a veces incluso pierden los documentos”, señaló la presidenta de la comisión.

Finalmente, se recomienda establecer reglas de transparencia en casos de subcontratación y prohibición en determinados casos. “También hemos visto algunos casos que se están investigando de subcontratación a sí mismo, por así decirlo, entonces ahí también debiese haber esa normativa”, complementó.

Sobre las posibilidades de que se establezca la normativa que recomendó la comisión, Jaraquemada señaló: “Es verdad que esto no va a ser de un día para otro, incluso podría no ser, nosotros señalábamos en este caso, que en el intertanto que la norma legal no entre a regir, en las instrucciones del Ministerio de Hacienda sobre transferencia, puedan establecer estos criterios mínimos, porque sabemos que esto requiere una discusión en el Congreso, requiere su tiempo, y por lo tanto, debiera haber una normativa al menos del Ministerio de Hacienda que establezca estos criterios”.

Entre las demás recomendaciones que hizo la comisión está ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) de la Contraloría General de la República, como portal único de rendición de las transferencias del Estado.

Se sugiere también crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile de acuerdo con los estándares de buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE.

También hay otras ideas como crear un portal electrónico de información sobre transferencia de recursos públicos al sector sin fines de lucro, integrar a todas las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio y establecer la obligación de alcaldes de informar al Concejo Comunal de transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto, aplicando lo mismo para gobernaciones.

Igualmente, se propone reducir el monto de 7000 UTM para que gobernador regional requiera la aprobación del Consejo Regional para proyectos de inversión e iniciativas. En todo caso, deberá informar al Consejo Regional de todos los proyectos, se recomienda.

Por otro lado, se plantea incorporar una incompatibilidad general en materia de contratación y transferencias para incluir las relaciones de pareja no formales, como ha ocurrido en materia de legislación penal sobre femicidio y de violencia intrafamiliar, así como para aquellos con que tienen o han tenido un hijo en común.