Gobierno anuncia proyecto que endurece penas cuando exista robo con homicidio de menores de edad y mayores de 65 años

portonazo

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, explicó que la iniciativa busca modificar, en este tipo de delitos, la pena de presidio mayor en su grado máximo por presidio perpetuo simple, hasta el presidio perpetuo calificado.


El gobierno anunció hoy que enviará al Congreso un proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes cometan delitos de robos con homicidio, sobre todo cuando las víctimas sean menores de edad y mayores de 65 años.

Así lo anunció la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien explicó que la iniciativa busca eliminar, en este tipo de delitos, la pena de presidio mayor en su grado máximo y sustituirla por presidio perpetuo simple, hasta el presidio perpetuo calificado. Con esto, en el caso que existan víctimas menores de 14 años, mayores de 65 o personas en situación de discapacidad la pena a aplicar podría ser la máxima.

Martorell dijo que la iniciativa se presentaba “dados los últimos acontecimientos que hemos vivido” y que será enviado al Parlamento “dentro de estos días”.

“Esperamos que en el Congreso se tramite con la máxima urgencia dadas las situaciones de violencia que hemos visto en el último tiempo”, añadió.

La iniciativa propone la incorporación de una circunstancia calificante con la cual, cuando el delito sea violación, homicidio o lesiones y recaiga sobre menores de 14 años, mayores de 65 años o personas en situación de discapacidad, se deberán imponer las penas del artículo 433 en su máximo, vale decir presidio perpetua calificado.

De forma paralela, se propone la incorporación de un tipo penal que describe la encerrona, como figura de robo sin violencia o intimidación, con una pena equivalente al portonazo. Esto es, presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años). Si la encerrona se realiza con violencia o intimidación, la sanción que se aplicará será la figura residual de robo con violencia o intimidación, cuya pena es de presidio mayor en su grado mínimo a máximo (5 años y un día a 20 años).

La iniciativa surge a raíz de dos hechos delictuales ocurridos en los últimos días que dejaron a dos menores de edad fallecidos. El 28 de febrero, en Maipú, Itan Padilla de seis años, falleció tras ser alcanzado por una bala en medio de un enfrentamiento entre delincuentes y carabineros por el robo de un vehículo. Ese mismo día, Tamara Moya, de cinco años, perdió la vida luego de que un delincuente le disparara tras robarle el vehículo en que se movilizaba junto a su madre.

“El gobierno reitera su absoluta condena de estos sucesos y su férreo compromiso de llevar adelante todas las acciones necesarias para que no exista impunidad frente a estos crímenes”, señaló Presidencia sobre estos casos mediante un comunicado.

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