Informe anual de DD.HH. de la UDP revela existencia de "discriminación estructural" en acceso a derechos sociales

Cuando se cumple un mes del estallido social que remece a Chile, la Universidad Diego Portales (UDP) dio a conocer el Informe anual de Derechos Humanos 2019 que reveló una "discriminación estructural" en el acceso a la educación, salud, o pensiones; una precaria calidad de la mayoría de los empleos en Chile y un "uso desproporcional de la fuerza en la Araucanía" que a juicio de los investigadores "hoy llegó a las ciudades del resto de Chile".

En su XVII versión, el documento da cuenta de hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2018 y agosto de 2019. Aunque no recoge lo sucedido durante la crisis social de octubre abarca materias que están directamente relacionadas con las demandas planteadas en las manifestaciones contraponiendo la realidad nacional con los estándares internacionales. También incorpora un crítico análisis de las instituciones que deberían velar por los DD.HH. en Chile y cuyos roles están en el centro del debate como son el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Subsecretaría de esta cartera.

A través de 12 capítulos el informe anual de DD.HH. de la UDP aborda verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición por los crímenes de la dictadura chilena; avances y deudas pendientes en derechos de las personas LGBTI; Derechos Humanos de los pueblos indígenas en Chile; "Derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas; Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes; derecho a la educación y proyecto de admisión justa; violencia contra las mujeres; derechos laborales y empleo desprotegido en Chile"; disparidades y barreras de acceso a la salud mental en personas LGBTI; acceso a prestaciones de salud en cárceles chilenas"; estado de la información sobre calidad de aire en Chile y la institucionalidad de los Derechos Humanos en Chile: el INDH, la Subsecretaría de DD.HH. y la política exterior chilena".

Respecto a la relación de la crisis social con los temas abordados en el documento, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, explicó a La Tercera que "nosotros no previmos un estallido social como se dio, salvo quizá lo que podría haber sucedido en La Araucanía. La Araucanía era un lugar que estaba encapsulado y que se miraba desde lejos. Sin embargo, el uso de la fuerza estaba allí, el reclamo social siempre estuvo presente, las manifestaciones sociales en sus más diversos espacios siempre estuvieron allí. Por lo tanto, lo que veníamos diciendo por 17 años, lamentablemente ,teníamos razón. Que la gente se levantara y dijera basta fue algo que se veía gestando hace mucho tiempo y no es algo que pasó solo por los $30 (del alza del Metro)".

En esta línea, la investigadora Judith Schonsteiner, agregó a este medio que "el informe anual hace varios años estudia los derechos sociales y cómo no se logra protegerlos. Hemos relevado en todos estos años que el diseño del sistema provoca que exista una discriminación estructural en perjuicio de las personas de estratos económicos más bajos. Ni la regulación actual, ni tampoco los subsidios que se puedan lograr van a permitir acceso a estos servicios sin discriminación aunque hayamos tenido avances, como el Auge o la Ley de Inclusión escolar. Aún persiste que la calidad de los servicios depende de cuánto gana la persona".

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La directora del Centro de DD.HH. de la UDP, Lidia Casas (a la izquierda) junto a la académica e investigadora Judith Schonsteiner.[/caption]

El documento presenta los hechos más relevantes ocurridos en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile, entre junio de 2018 y julio de 2019, con especial acento en temas relevantes seleccionados desde la perspectiva de los estándares de derechos humanos de los pueblos indígenas.

Éste reconoce "la situación de violencia que se vive en el sur de Chile, en especial en la región, donde confluyen las legítimas aspiraciones de miembros del pueblo mapuche por recuperar espacios de autonomía y territorios, con actos graves de violencia que ponen en riesgo a la población en general y cobran víctimas colaterales que no tienen relación con el conflicto. Todo ello en un contexto de inaceptables abusos policiales, asesinatos, montajes realizados por la policía para la inculpación de miembros del pueblo mapuche, allanamientos ilegales y uso desmedido de la fuerza en esos procedimientos".

En el informe se analiza además la muerte de Camilo Catrillanca y establece que "la excesiva militarización de la zona, la poca preparación de Carabineros en el tratamiento de problemas interculturales, el uso de la Ley Antiterrorista en el enfrentamiento de la protesta social mapuche, la decisión política de enfrentar el problema como uno de seguridad pública y pobreza, y no desde la óptica de los derechos humanos de los pueblos indígenas, hacía presagiar que una tragedia así era perfectamente posible".

"Nos parece que el actuar poco transparente y contradictorio de Carabineros en este caso, y en otros, confirma la existencia de un patrón de conducta que no está a la altura de lo exigible a un organismo policial en democracia y que la institución requiere, con urgencia, una revisión profunda que permita garantizar el derecho a la igualdad ante la justicia de los pueblos indígenas, en especial, del pueblo mapuche. En cuanto a la labor de los órganos de fiscalización y judiciales, observamos que han realizado su trabajo de forma oportuna y conforme a los estándares internacionales en la materia", se lee en el documento.

Durante la presentación del informe, Lidia Casas, directora del Centro de DD.HH. de la UDP relacionó la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca con la frase "crónica de una muerte anunciada" y aseguró que "la violencia vista en el territorio de La Araucanía hoy llegó al resto de las ciudades de Chile". "El uso de los balines, de lacrimógenas, de la fuerza policial desproporcionada bajo una política de seguridad", sostuvo, aludiendo a lo ocurrido durante las manifestaciones sociales de octubre."Esto lo hemos visto en diversas manifestaciones de carácter social contra personas que se despliegan la mayoría de las veces pacíficamente por legítimas demandas", agregó.

En esta línea, Casas sostuvo a La Tercera que deberán observarse con "detenido análisis" las responsabilidades en el marco del uso de la fuerza policial tras el estallido social tanto del Poder Ejecutivo como de las Fuerzas Armadas. "Qué instrucciones han recibido, qué tipo de órdenes sobre uso de armas no letales, de qué manera la reacción del Presidente Sebastián Piñera que estábamos en guerra contribuyeron también a un clima de represión como nunca antes vistas en nuestro país", explicó.

El informe también analizó el rol que cumplen el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Subsecretaría de Derechos Humanos mostrando los avances, carencias y desafíos que enfrentan ambos organismos. Un capítulo que fue escrito por el prodesor Alberto Coddou de la Universidad Austral de Chile.

Respecto al INDH, el documento consigna que "ha experimentado una rotación inusitada de directores desde que, a inicios de 2018, Branislav Marelic transformó su remoción, de parte del consejo directivo, en una batalla jurídica". En el texto se asegura que esta polémica "benefició a fuerzas políticas hostiles al Instituto que propusieron la incorporación de representantes policiales a su directiva". El informe además relata que el actual director, Sergio Micco, "fue inmediatamente cuestionado en algunos sectores debido a su postura personal sobre el aborto".

Durante la presentación del documento, la directora del Centro de DD.HH. de la UDP, Lidia Casas, destacó el trabajo realizado por los funcionarios del INDH durante el estallido social y agregó que la institución "debe ser fortalecida". La abogada también reconoció que existen consejeros y sectores al interior del INDH "que ven con reticencia el uso del derecho internacional para que Chile cumpla con sus obligaciones". "Sus posiciones no son sostenibles con el Chile de hoy", agregó.

Respecto al rol de la Subsecretaría de DD.HH., la directora fue categórica en sostener que "han visto con preocupación el trabajo de la subsecretaría durante el último año" y aseguró que el organismo "está al debe". "Creemos que ante este estallido social, ante esta masividad de violaciones, está más al debe aún".