Jefe de DD.HH. de la Defensoría: “Hay que sacar ahora a los presos, es el momento de medidas audaces para evitar una crisis carcelaria por el Covid-19″

En algunos módulos de Santiago 1, penal habitado por imputados en prisión preventiva que esperan su juicio, no hay luz. La situación ha generado más angustia a presos que hace tres semanas vieron restringidos sus contactos con el exterior, ya que Gendarmería limitó las visitas de familiares como medida de prevención de contagio del coronavirus. La situación de falta de energía, explica el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, Tomás Pascual, se debe a una de las consecuencias del intento de fuga y motín que hace unos días protagonizaron internos de ese penal.

Y es que la situación al interior de las cárceles chilenas, dice el abogado, “es preocupante”. Para Pascual es de vital importancia que “la iniciativa del Ejecutivo en cuanto a los indultos llegue a buen puerto y permita sacar de las cárceles a alrededor de 1.300 personas”. El profesional agrega que el proyecto de indulto conmutativo ingresado por el Ministerio de Justicia al Congreso “va justamente en la línea de las recomendaciones que han hecho a Chile organismos internacionales que promueven protección a los derechos humanos”.

Pascual advierte del riesgo de no tomar medidas ahora que los brotes de Covid-19 están relativamente controlados en los penales chilenos. “Hoy es el momento de actuar, de sacar a los presos, de descongestionar las cárceles, de adoptar medidas audaces y evitar así una crisis en los penales del país que pueda hacer mucho más complejo el escenario de la alerta sanitaria que ya hay en todo el país. Imagina lo que sería sumarle una situación adversa en las cárceles, sería incluso distraer recursos, por eso es importante que se avance en la línea de lo que plantea el proyecto de indulto y en los indultos personales como atribución del Presidente”.

En esa línea el jefe de la Unidad de Derechos Humanos lamentó que el proyecto de ley se haya visto entrampado por quienes plantean que la exclusión de violadores de los derechos humanos es discriminatoria.

“Es lamentable porque el indulto entendemos que merece una respuesta inmediata a una situación que trata de resolver una crisis sanitaria y apunta a un determinado grupo de personas pero en un contexto determinado y que son personas que viven en medio de una sobrepoblación donde además hay falta de higiene, lo que está plasmado en informes del INDH, de la Fiscal judicial, situación que no es extrapolable a la situación que viven los internos en Punta Peuco y Colina. Es lamentable porque se mezclan discusiones que son distintas y complejas”, expresó.

Hoy el jefe de Derechos Humanos de la Defensoría hizo una visita al penal Santiago 1, lugar en que esta semana un grupo de internos comenzó un huelga de hambre. “Hay mucho miedo al interior de las cárceles de contagios por Covid-19 y también hay mucha desinformación, por lo que nosotros hemos estado tratando de tener permanente contacto con ellos para descartar aquella información falsa que ronda en estos lugares que están desconectados del exterior”, explica Pascual.

Para el profesional, un grupo de riesgo que le preocupa a la Defensoría Penal Pública son aquellos internos que habitan Santiago 1 y los penales como la Cárcel de Mujeres de San Miguel y otros recintos en que hay personas privadas de libertad como medida cautelar y no porque estén condenadas.

“En estas situaciones el Estado debe ser especialmente cuidadoso y se deben hacer los esfuerzos por sustituir la prisión preventiva por arrestos domiciliarios. Piensa que sólo el año pasado el 40% de las personas que estuvieron en prisión preventiva no fueron condenadas a pena efectiva de cárcel. Esta situación de emergencia ha develado lo que hemos sostenido como Defensoría Penal Pública y es el tema de abuso de la prisión preventiva. Hoy hay personas bajo ese régimen en peligro de ser contagiadas y que quizás nunca van a recibir una condena en la cárcel. Nosotros estamos pidiendo más de 800 revisiones de medidas cautelares y lamentamos que en muchos casos el Ministerio Público se esté oponiendo”.

Finalmente Pascual aseguró que la Defensoría no se está aprovechando del momento social que se está viviendo. “No nos aprovechamos de esta pandemia para sacar los internos, lo que estamos haciendo en adelantarnos a un escenario que puede ser muy complejo, porque desde siempre ha sido complejo el control de la población penal pero ante el miedo que provoca este virus la situación puede ser incontrolable, pero aún estamos a tiempo”.