Jefes de Carabineros y la PDI renuncian a dieta de la Mutualidad

El 4 de enero, la Contraloría advirtió que no correspondía que los directores de Carabineros y la PDI integraran el consejo administrativo de la Mutualidad de Carabineros (Mutucar), organismo que presta servicios de aseguradora a los funcionarios de ambas policías. A raíz de esto, al interior de ambas instituciones comenzaron movimientos internos en búsqueda de alternativas, donde ya se tomaron determinaciones.

Según el estatuto de la institución uniformada, la Mutualidad es administrada por un consejo de nueve integrantes, de los cuales tres lo son por derecho propio. Entre ellos, el general director de Carabineros, quien lo preside; el director de Bienestar de Carabineros, quien se desempeña como vicepresidente, y el director general de la PDI. Por integrar esta instancia, los miembros de este directorio reciben una remuneración a partir de los excedentes de la aseguradora, los que en 2016 llegaron a $ 24 millones anuales.

La forma en que este dinero llega a manos de las autoridades policiales, y si esto estaba dentro del marco legal, en su momento también fue de interés del fiscal Eugenio Campos, quien investiga el millonario fraude en Carabineros.

Tras el dictamen de Contraloría, todas las instituciones de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y la Fuerza Aérea), quienes también cuentan con una mutualidad, recurrieron al ente contralor para que se pronunciara si podría realizarse alguna reconsideración. Lo mismo hizo Carabineros el 26 de enero, cuando el general director aún era Bruno Villalobos.

Sin embargo, el único en no pedir una prórroga para aclarar la situación fue el director de la PDI, Héctor Espinosa. A través de una carta a la Mutualidad, el 6 de enero, este señaló que renunciaba a la remuneración recibida por los excedentes.

En la misiva, Espinosa comunicó a la Mutualidad que "en vista a lo resuelto por la Contraloría General de la República en el dictamen (...), vengo a comunicar la suspensión de mi asistencia al Consejo de Administración de la Mutualidad, como también del pago de la retribución económica derivada de la función, mientras no varíe lo dispuesto".

Por su parte, en el caso de Carabineros, la Contraloría se pronunció el 19 de marzo. En su dictamen señaló que "en atención a las argumentaciones esgrimidas por esa institución (Carabineros), esta Contraloría accede a la solicitud de suspensión de los efectos de dictamen N° 262 impugnado (que decía que no correspondía que integraran el consejo de la Mutualidad), respecto de la entidad recurrente y de sus autoridades".

La "suspensión" del dictamen de enero, que advertía que no correspondía que los jefes policiales integraran el consejo de la Mutualidad, significa que por el momento el proceso queda "en veremos", a la espera de una resolución final. En el caso de las Fuerzas Armadas, la Contraloría está a la espera de información requerida al Ministerio de Defensa.

El actual general director de la policía uniformada, Hermes Soto, al asumir el cargo tomó una decisión similar a la de Espinosa, distanciándose aún más de la gestión de Bruno Villalobos.

Fuentes de la institución señalaron que todos los miembros de Carabineros, incluidos el general Soto, renunciarán al pago de excedentes, pero que están consultando cómo, jurídica y administrativamente, pueden zanjar esa salida y establecerlo de manera tácita en el estatuto de la policía uniformada.

Soto ya asistió a una de las reuniones del Consejo de la Mutualidad, en la cual se estableció la compra de 30 casas para personal policial en Temuco, a la cual también asistió Espinosa. Esto, ante el dictamen de Contraloría del 19 de marzo que suspendía su resolución de enero.

Esta semana, el general director señaló a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara que "no recibo ningún peso de la Mutualidad, no lo voy a recibir tampoco, porque no está clara la definición de eso. Por lo tanto, yo fui a ver qué se estaba trabajando (en el consejo), cómo estaba operando".

Agregó que no se vio más que la compra de las casas para los funcionarios en La Araucanía y advirtió: "Que se nos esté cancelando un sueldo a nosotros como miembros de esa corporación, no. Ahora, por estatuto, yo aparezco ahí como presidente de la Mutualidad, el director de Bienestar como vicepresidente, y el director de la PDI como miembro. Pero no estamos recibiendo ningún dinero por ese tema".

Incluso, el martes, Soto se reunió con el contralor Jorge Bermúdez y abordaron la situación de la Mutualidad. Según el general, "lo conversé con él, que están revisando, poniéndose de acuerdo, y nos van a informar pronto el resultado".

No fue el único tema que abordaron las autoridades. Los gastos reservados también fueron parte de la reunión, en que se está buscando una nueva fórmula de distribución de estos recursos.