El exconcejal de la Municipalidad de La Calera Llamal Karim Chahuán Cerna presentó ayer un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Su nueva arremetida legal se produce en medio del inicio del juicio oral en su contra, acusado por varios delitos, entre ellos, liderar una banda que saqueó el mall de dicha comuna en octubre de 2019, en medio de los hechos de violencia del 18-O.

El caso tiene su origen en la acusación que presentó el Ministerio Público en contra del empresario. El 16 de octubre de 2020 se dictó el auto de apertura de juicio oral para que la causa fuera conocida por el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota. A esa acusación adhirió, “sin ofrecer prueba propia, ni teoría alternativa del caso, la hoy extinta Intendencia de Valparaíso”, dijo la defensa del ingeniero comercial, que se encuentra en prisión preventiva hace casi dos años.

Para su abogado, Juan Carlos Manríquez, previo a la presentación de la acusación por parte de la fiscalía “se creó artificialmente un contexto procesal y vínculos ficticios con otras investigaciones, al cual se agregaron supuestos delitos de mal cartel, con penas altas, con evidencia ajena, actos ajenos y una exposición mediática desproporcionada, generando en la población la sensación de que es imposible que no exista condena, o que sea admisible se le dé un trato de privilegio, entre otras razones, porque a la época de la receptación del hurto era servidor público: concejal de La Calera por el partido Renovación Nacional, o sea, un saqueador y traficante de derecha, de apellido conocido”.

“Hasta ahora, esa estrategia de generar altas expectativas en el colectivo social y crear un relato de etiquetas y titulares sin entrar al fondo ha generado eco en quienes, según los creadores de la estrategia, le temen a la mala prensa”, aseguró.

La fiscalía agrupó otra investigación llevada en La Ligua respecto de otras personas que se dedicarían a cometer delitos diversos, y por otras interceptaciones telefónicas, y en la que se daría cuenta de que Karim Chahuán sería una especie de “ayudista” o cómplice para que ellos asaltaran y traficaran, al “facilitarles” vehículos de la automotora Chahuán Cars.

“Dada esa conexión artificial por supuesta evidencia indirecta, que no lo es, ni lo ha sido, los medios destacaron desde enero de 2020 que Karim Chahuán tenía vínculos con el narco, y que era cercano al más poderoso traficante de la zona: Pedro Melo Cartagena, como lo detallaron un reportaje de CiperChile y varios matinales, en que los autores de la nota se explayaron en su imputación periodística. Ello condimentó con fruición el ambiente y aumentó circunstancialmente sus audiencias.

El empresario solicitó la suspensión del juicio que se lleva en su contra y que “no intervenga más” en el proceso la Intendencia de Valparaíso, ya que es una entidad que “ya no existe” jurídicamente. Esto, luego de la promulgación de la Ley 21.073 y de la Ley 21.074, normativas que crean las gobernaciones regionales.

En su presentación, la defensa de Chahuán sostuvo que luego de varias postergaciones por razones de salud de los acusados y en particular por una cautela de garantía que ordenó la Corte de Valparaíso se dio inicio, el pasado 23 de julio, al juicio oral en su contra y en el que el Ministerio Público solicita una pena de 26 años de cárcel para el exedil. El tribunal de alzada porteño dispuso que el tratamiento “psiquiátrico de Chahuán no fuera interrumpido y se le dieran los medicamentos prescritos que toma hace años, y que eran imprescindibles para su estabilidad psicológica, emocional y cognitiva”, sostuvo Manríquez.

Su presentación viene antecedida por un nuevo revés. Esto, luego de que su defensa solicitara excluir del juicio al querellante ex Intendencia de Valparaíso, con el objeto de evitar vicios de nulidad del procedimiento. Según la defensa, admitir la participación de este organismo significa “una violación del debido proceso, al admitir a quien carece de capacidad de intervención”.

En el escrito, su defensa explicó al tribunal que el 21 de julio no se pudo iniciar la audiencia porque desde el penal de Quillota, donde hay tres acusados presos, llegó un aviso al Tribunal Oral que se había dejado en cuarentena a los internos que habían tenido contacto con otro que no es parte de esta causa, pero del que se sospechaba que podría sufrir un cuadro de TBC (tuberculosis), lo que impidió conectarlos por Zoom. “Tampoco fueron llevados al recinto del tribunal, y dado que todos los acusados de una misma acusación fiscal –por decisión estratégica de la fiscalía– deben estar todos presentes y en condiciones físicas, psicológicas e intelectuales óptimas, no se dieron las condiciones para partir con el juicio una vez más”, añadió.

“El día 26 de julio de 2020 volvimos a audiencia para oír las declaraciones de los acusados que renunciarían a su derecho a guardar silencio, entre ellos mi representado, pero eso no fue posible. No lo fue, porque de los otros dos coacusados, uno de ellos estaba muy mal de salud, con vómitos y fiebre, y tuvo que ser retirado del tribunal, y aislado de la población a enfermería. Nuevamente, siendo un requisito de validez y así sólo al llegar a la conexión del sistema mixto que dispuso el tribunal sabremos si podemos continuar. Con todo, los gendarmes de Valparaíso notificaron hoy un “paro reflexivo” y no sabemos qué pasará mañana y si los internos podrán ser conectados o no a sus audiencias”, remató.