La declaración como imputada de la alcaldesa Hassler ante la Fiscalía: deslinda responsabilidad de compra de Sierra Bella y apunta a que la operación fue liderada por el exsecretario de Planificación
La jefa comunal debió enfrentar durante cuatro horas el interrogatorio del fiscal Patricio Cooper. Ahí aseguró que la idea de ella era proveer a la comuna de un Cesfam y que delegó los estudios de la compra en su entonces jefe jurídico y en el secretario de Planificación cercano al PPD. Consultada si no le llamó la atención la suma de $ 8 mil millones, expresó que siempre decidió ser asesorada en esas materias y creer en lo que le decían sus equipos.
Veintiocho fueron las preguntas que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, debió responder -en calidad de imputada- el miércoles 5 de julio ante el fiscal Patricio Cooper, quien dirige la investigación por presuntos delitos en la millonaria y ya fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte del municipio que la militante comunista encabeza.
Y es que desde que se inició la indagación la jefa comunal había sido catalogada como sujeto de interés para la causa, pues coimputados, como Felipe Sánchez, único accionista de la inmobiliaria dueña del inmueble, habían dado cuenta de que ella personalmente había liderado el proceso y que, incluso, fue quien negoció directamente el cuestionado precio de más de $ 8 mil millones que iban a pagar por el recinto.
Sin embargo, en medio de su declaración -a la cual tuvo acceso La Tercera PM- la jefa comunal insistió en que todo el proceso estuvo liderado y guiado por tres funcionarios que hoy ya están fuera de sus cargos: el secretario de Planificación Luis Mayorga, el jefe jurídico Jean Pierre Chiffelle y por la entonces directora de Salud Beatriz Chamorro.
Remarcó, en el mismo sentido, que el valor que ella ofreció a Sánchez fue fruto de una “estrategia” de negociación que le recomendó Mayorga y que él mismo fue quien diseñó todo el cronograma para ejecutar la polémica transacción.
“Puedo decir que en esa reunión (en la del 20 de diciembre) sí se trató el precio a partir de la reunión organizada por el secretario de Planificación, pero no puedo responder en términos si hubo otras instancias en que se haya tratado el precio, al menos conmigo no. Sobre una primera oferta que el señor Sánchez rechaza, puedo decir que efectivamente es así, no recuerdo si hubo una segunda oferta que él rechaza, pero finalmente, efectivamente, llegamos a concordar en el precio que aparece en la escritura y que es en torno al promedio de las tasaciones. Estas tres tasaciones efectivamente yo tenía conocimiento de ellas y antes de la reunión el secretario de Planificación me indica la estrategia en torno a ofrecer primero un monto por debajo del promedio de las tasaciones y de ser necesario llegar al tope en cuanto a éstas, dado que debo indicar que la Dirección Jurídica siempre manifestó la opinión que el justo precio era el promedio de las tasaciones y que esto estaba respaldado en dictámenes de Contraloría”, manifestó Hassler.
Más adelante, además, al ser consultada por lo “acotado” de los tiempos con que se trabajó en la adquisición, la alcaldesa indicó: “El cronograma de la operación la efectuó el secretario de Planificación, estaba ya planificado que el 20 de enero se firmaba en notaría y que el 18 de enero se sometía a la aprobación de consejo municipal, la sesión extraordinaria del 20 no estaba prevista pero como se aprobó me imagino que no había razón para posponer la firma del contrato de compraventa, pero eso lo debe contestar con mayor fundamento el secretario de Planificación”.
Consultada por las razones para no firmar una promesa de compraventa, volvió a apuntar contra sus excolaboradores cercanos. “Se siguió el procedimiento que determinaron las direcciones”, indicó.
¿Sabía del grupo de WhatsApp de los tasadores?
Pregunta obligada en medio del interrogatorio fue lo referente a los contactos que se tuvieron con los tasadores que evaluaron el inmueble, y específicamente se le preguntó a la alcaldesa si conocía a la funcionaria que los contactó y que luego creó un grupo de WhastApp con ellos.
Y ante ello, volvió a poner foco en Mayorga. “Esa persona (Loreto Fernández) no es funcionaria de la Municipalidad de Santiago, era trabajadora de la Corporación de Desarrollo de Santiago (...) No sabía en ese momento quién era la persona que se había contactado con los tasadores, aclaro que es el secretario de Planificación quien llevó adelante el proceso del municipio acompañado por la Dirección de Salud”.
“¿Usted tuvo injerencia en la contratación de los tasadores? ¿Los conocía previamente?”, le preguntó el fiscal, y ella acotó: “No tuve ninguna injerencia, no los conocía y al día de hoy tampoco los conozco”. Luego, además, fue tajante en que no tuvo ni ha tenido contacto alguno con ellos.
Hassler mencionó, asimismo, que ella no participó ni dio instrucciones relativas a apurar el pago de los servicios que los tres profesionales realizaron, pues “es la Dirección de Salud la que paga y es la Secretaría de Planificación la que llevó adelante este proceso”, dijo.
Dado que a los tres tasadores se les hizo llegar una tasación que previamente la inmobiliaria San Valentino había encargado, se le preguntó a la alcaldesa si pudo revisarla, a lo que contestó: “El secretario de Planificación me informó que existía esta tasación, yo el documento no lo tuve a la vista pero me comentó el valor de la misma, esto fue un poco previo a la reunión del 20 (de enero)″.
Contactos con Felipe Sánchez
En medio de su declaración, la jefa comunal también hizo presente, en varias oportunidades, que sólo vio a Felipe Sánchez en dos ocasiones, cuando visitó la exclínica y en la reunión donde acordaron el precio de compra.
Descartó, en la misma línea, haber mantenido contactos telefónicos con él y también haber manifestado que iban a adquirir la clínica cuando fue a visitarla. “No es cierto, yo manifesté interés en evaluar esta opción”, sostuvo, contradiciendo lo expresado por Sánchez en su declaración ante la PDI.
No sabía, como aseguró, que el abogado que acompañaba a Sánchez era cuñado de éste ni menos, mencionó, que le habían conferido mandato para hacer rectificaciones al suscribir la compra venta. “Después tomé conocimiento y vi el alcance de aquello e instruí las acciones para revocarlo”, comentó.
Consultada sobre las razones que la llevaron “a cambiar de actitud” respecto de la entrega de su celular institucional, Hassler mencionó que le informó “a la PDI que lo iba a entregar en forma posterior”. Y además, respecto de la no entrega de su teléfono personal, quiso aclarar que nunca se lo pidieron, pero que está dispuesta a que los detectives puedan acceder a la información de las llamadas entrantes y salientes de este.
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