La “filosofía” de Tohá por formalizaciones: “Tomar decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones”

Este jueves, durante una actividad en el Retén de Codigua por la puesta en marcha del Patrullaje Mixto Rural en Melipilla, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó los dichos del presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, quien mencionó que estaban evaluando la presentación de una querella contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Esto, en el contexto de la investigación desarrollada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por eventuales delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos, en las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA.

Al respecto, la jefa de gabinete mencionó que el gobierno espera que el caso “se investigue a fondo”.

En esa línea, dijo que como Ejecutivo tienen “el mismo planteamiento cuando hay investigaciones ligadas a hechos que ponen sospechas sobre el comportamiento de funcionarios o funcionarias públicas, independiente de si son cercanas a nuestra alianza de gobierno o no lo son. No cambia nuestra mirada”.

A continuación explicó que el Consejo de Defensa del Estado es un organismo autónomo y es “el que toma la decisión de si corresponde o no corresponde tomar acciones. Si lo ha hecho, es porque hay algo que amerita ser investigado y esclarecido y en bien del interés público es importante que así sea. Y nosotros somos partidarios que en este caso se investigue a fondo, si hay responsabilidades se esclarezcan y si hay culpas, se paguen o se apliquen las sanciones que corresponden”.

Luego, consultada por si el jefe comunal debiera dejar su cargo en Recoleta, planteó la “filosofía” que determinó el gobierno en casos de formalizaciones de funcionarios que dependan del Ejecutivo.

“Nuestra filosofía con los funcionarios que son de nuestra dependencia es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones. Pero esa es la filosofía que nos aplicamos nosotros como gobierno central y con nuestros funcionarios, otros poderes del Estado, organismos autónomos como son los municipios, toman sus propias decisiones”, dijo.

El criterio fijado por la ministra del Interior se da en momentos que los máximos representantes de las policías han enfrentado -o tendrán que hacerlo- procesos de formalización en la justicia.

El pasado 19 de marzo, el ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, fue formalizado en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de violación de secreto por filtración de antecedentes de investigaciones al abogado Luis Hermosilla. Cuatro días antes, había renunciado luego de que el CDE presentara una querella en su contra y fueran allanados su oficina y domicilio.

En el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el próximo 7 de mayo enfrentará una audiencia de formalización en la que el Ministerio Público presentará cargos en su contra por presuntos delitos durante el desarrollo del Estallido Social.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló el pasado 17 de marzo que él “esperaría que el general director (Ricardo Yáñez) evaluara su renuncia antes de ser formalizado”.

Luego, esta semana, en una entrevista, volvió a tocar el tema, asegurando esta vez que “alguien que está en un cargo directivo debería pensar en no perjudicar la institución que dirige. Si yo supiera que me van a formalizar, lo natural es que dijera que es un proceso que no compromete mi principio de inocencia, pero es cierto que yo dirijo una institución (...) Y creo que hay que actuar con lealtad al interés general, que es la institución a la cual uno pertenece”.