MTT retira por segunda vez reglamento de Ley Uber en medio de duros cuestionamientos de aplicaciones
Desde el Ministerio de Transportes sostienen que la medida tiene por objetivo subsanar correcciones de forma realizadas por Contraloría, pero que no responden a implementar cambios de fondo. En ese contexto, las apps cuestionan los requisitos que busca la nueva normativa, los que, aseguran, impactarán a miles de conductores, encarecerán los servicios y vulnerarán la privacidad de datos.
Después de meses estudiando el reglamento de la Ley de Empresas de Aplicación de Transportes (EAT) o “Ley Uber”, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) ingresó por segunda vez el documento a Contraloría General de la República (CGR) para su posterior toma de razón. Sin embargo, el reglamento todavía no convence a las aplicaciones, las cuales acusan que, de concretarse, “afectará directamente la oferta de automóviles disponibles para las personas, calidad del servicio y, por ende, el costo de los viajes”.
Por lo mismo, desde la semana pasada las apps de transporte y delivery -coordinadas bajo Alianza In, dirigido por la exsenadora Marcela Sabat- se pronunciaron al respecto y anunciaron que ingresarían a la Contraloría una serie de observaciones -Cabify ya lo hizo-, buscando que el ente fiscalizador las revisase junto con el reglamento, atrasando su aprobación y publicación. En ese contexto, este miércoles el MTT retiró por segunda vez el documento de Contraloría tras petición de la contralora Dorothy Pérez.
“El retiro señalado se solicita atendido que se estima necesario revisar el contenido del acto administrativo previamente referido”, se lee en la solicitud que llegó justo después de que representantes del ministerio se reunieran con el ente contralor, y que desde la apps anunciaran una ofensiva en la misma CGR para botarlo.
De todos modos, desde la interna del MTT sostienen que el retiro responde a un proceso normal en materia de aprobación de reglamentos, descartando que responda a cambios sustantivos o de fondo a la normativa.
“En el proceso de revisión de reglamentos extensos y complejos, como es este caso, es normal que exista una iteración entre la Contraloría General de la República y la institución que ingresa el documento. El retiro efectuado recientemente tiene por objetivo subsanar las correcciones realizadas por el ente contralor, no teniendo este hecho relación alguna con las presentaciones realizadas por terceros”, comentan desde el MTT a La Tercera.
Las críticas de los gremios
Aún con el reglamento fuera, las empresas como Didi, Uber, Cabify y Rappi realizarán sus propias presentaciones al órgano fiscalizador para sustentar que el reglamento presenta vicios de legalidad y constitucionalidad.
El análisis que hacen las aplicaciones coordinadas a través de Alianza In dice que el reglamento reingresado mantiene los requisitos de operación para conductores y sus vehículos “en circunstancias que existe espacio para mejorarlas” como, por ejemplo, lo relacionado a los años de antigüedad de los vehículos. Esto, según su lectura, el reglamento extiende para todo el territorio nacional un mismo requisito de antigüedad para los vehículos de aplicaciones, “desconociendo la realidad del parque automotriz y la regulación de taxis”.
En consecuencia, según Alianza In, al no haber modificaciones a los requisitos de vehículos, el nuevo reglamento sigue impactando al 40% de los conductores. Es decir, a lo menos a 40 mil personas que ven en las aplicaciones su fuente principal o secundaria de ingresos.
Otro punto de preocupación para las apps guarda relación con la afectación a la calidad del servicio, al imposibilitar el reemplazo de conductores durante los 18 meses que el parque de vehículos se encontrará congelado. “Un proceso de reemplazos imposible de implementar, y la potestad autoatribuida por el MTT para asignar cupos a su discreción, reducirán sistemáticamente el número de conductores efectivamente disponibles, y en consecuencia impactará la disponibilidad del servicio de aplicaciones, especialmente en regiones extremas”, se lee en el documento de análisis.
También dicen que las exigencias mantienen riesgos a la privacidad de los datos personales de conductores y usuarios.
Algunos de estos puntos cuestionados han sido compartidos por la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad (Achiplam), que alerta que de aplicarse como está, el reglamento presentará un impacto económico en 60.000 familias que ocupan este medio como principal sustento.
“La actual fórmula del reglamento no se condice con las condiciones tecnológicas y las dinámicas de la industria de las plataformas de movilidad, complicando el óptimo funcionamiento de las mismas, y limitando el impacto social y económico que genera a diario. Es más, consideramos que la regulación cerrará las puertas a los emprendedores nacionales, quienes no podrán competir con las empresas ya establecidas”, aseveran.
La contraofensiva de Cabify
Una de las empresas que se adelantó en su presentación fue Cabify, que el 21 de enero entregó a Contraloría un documento de 25 páginas, firmado por los abogados Claudia Ramírez, Elisa Walker y William Machmar, donde se argumentó que el reglamento “adolece de graves vicios de ilegalidad al imponer exigencias no previstas en la ley, como la transformación de un sistema de registro en un proceso de autorización que contradice el marco normativo y afecta la libre competencia”.
Entre los puntos que califican como más controvertidos se encuentran el exceso de regulaciones, vinculación de conductores y vehículos -una disposición que las empresas consideran ajena a la intención del legislador- y entrega de datos sensibles, pues la geolocalización en tiempo real infringiría la Ley de Protección de Datos Personales, y la Constitución.
“En este afán, el proyecto de reglamento reingresado a la Contraloría sobrerregula una actividad lícita que ha demostrado ser un mecanismo eficiente y que, además, ha bajado sustancialmente los precios del transporte”, se lee.
La empresa sostiene que estas medidas no solo afectan su operación, sino que también podrían traducirse perjudiciales para los consumidores. Por ello, solicitan a la Contraloría que rechace el reglamento y lo devolviera al MTT para su revisión.
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