Orrego sorprende al gobierno y apoya a alcaldesa de Santiago señalando que nueva cárcel debe estar fuera del área urbana

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, liderado por el gobernador Claudio Orrego, respondió al oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el que le solicitaba un pronunciamiento oficial sobre la materia. Y ahí la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), recibió un hasta aquí impensado apoyo.

A través de un oficio de dos páginas al que tuvo acceso La Tercera y que fue enviado al ministro Carlos Montes, Orrego expresa una postura que supone un respaldo a la edil santiaguina en su afán de evitar que se concrete la iniciativa del Ministerio de Justicia para modificar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) para permitir la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

“En cuanto al pronunciamiento sobre el PRMS, este instrumento de zonificación establece que las instalaciones penitenciarias deben ubicarse fuera del área urbana, específicamente en las zonas clasificadas como Zonas de Interés Silvoagropecuario Mixto 1″, dice el breve escrito, el que prosigue así: “Por lo tanto, el Gobierno Regional de Santiago se pronuncia en línea con esta normativa y reitera su disposición a proporcionar todo el apoyo necesario para la construcción del nuevo recinto penitenciario, una vez que se haya decidido y aprobado la ubicación conforme a las normativas vigentes”.

Sorpresivamente, Orrego decidió alinearse con la alcaldesa Hassler, a pesar de que anteriormente había señalado que la cárcel debía construirse, a pesar de las críticas de los alcaldes.

Fuentes del gobierno indican sorpresa ante esta respuesta y resaltan la ambigüedad del pronunciamiento del gobernador que se pronuncia sobre la base de la norma urbana vigente para ejercer la facultad legal que modifica el plan regulado.

Esta acción de Orrego complica, al menos en lo comunicacional, el escenario para el ministro Cordero, quien ahora enfrenta no solo la oposición de la alcaldesa de Santiago, sino también la falta de apoyo del Gobierno Regional. De todas maneras desde el Ejecutivo han recalcado que el pronunciamiento de la municipalidad de Santiago y de la gobernación no son vinculantes.

Hassler ya había emitido su propio informe rechazando la cárcel. En el oficio enviado hace semanas, de hecho, se aclara que la opinión de estas instituciones no determinará la resolución final sobre la construcción del recinto penitenciario.

Con todo, el oficio de Orrego establece inicialmente “el respaldo completo a la necesidad de construir nuevas y mejores instalaciones penitenciarias para la custodia de criminales peligrosos. Este respaldo está basado en nuestra convicción de que estas nuevas instalaciones son esenciales para fortalecer la seguridad en la región y proteger a nuestros ciudadanos”.

Además, el escrito de la autoridad regional pretende “destacar el firme compromiso del Gobierno Regional con la seguridad pública, demostrado a través del apoyo significativo que hemos brindado a las instituciones encargadas de esta tarea. Desde 2021 a la fecha, hemos proporcionado vehículos, cuarteles y equipamiento de seguridad a la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería y Carabineros, por un valor total de $ 148.804.407.903”.

“Nuestro rol normativo es emitir un informe y eso hicimos. En vista de lo normado por el PRMS vigente, el Gobierno de Santiago se pronunció en línea con la zonificación y restricción que indica el instrumento, donde se prohíbe expresamente la localización de cárceles al interior de las áreas urbana metropolitana (Art. 5.1.3 de la Ordenanza PRMS), siendo su único destino factible, la zona ISAM-1″, dicen desde el gobierno regional, donde añaden que “es urgente dar repuesta a la cárcel para reos de alta peligrosidad, siempre en el marco de la normativa vigente”.

El oficio enviado al Minvu cumple con el plazo de 15 días establecido por la cartera dirigida por Montes. De manera similar, la alcaldesa Hassler también se pronunció la semana pasada, señalando que, según un informe técnico de la Municipalidad de Santiago, una cárcel de alta seguridad en pleno centro urbano no solo sería incompatible con los planes de desarrollo de la comuna, sino que también podría aumentar la percepción de inseguridad entre los vecinos.