Profesores y estudiantes de la Universidad de Chile presentan amparo contra Carabineros por amenazas

Hasta el Palacio de Tribunales llegó este jueves un gran número de académicos y estudiantes de derecho, junto al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, para presentar un amparo preventivo en contra de las amenazas que acusaron haber vivido, por parte de Carabineros, en los últimos días.

Ya es conocido que tanto los estudiantes de derecho como profesores de esta facultad se encuentran prestando asesorías a las personas que han sido detenidas por la policía y militares en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno ante las protestas por la demandas sociales en el país.

Los recurrentes le pidieron a la Corte de Apelaciones de Santiago intervenir para procurar que la integridad física de quienes trabajan en el denominado "piquete jurídico" esté garantizada y puedan seguir desarrollando su labor que en muchas ocasiones ha sido denunciar actos de violación a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de orden y seguridad.

El profesor Juan Pablo Mañalich explicó hoy tras interponer el recurso que se reunieron con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Javier Moya, y que "le hicimos presente cuáles eran los motivos que sustentaban la acción, qué era lo que estaba en juego desde el punto de vista de la seguridad personal de todas las personas que figuran como amparadas en la acción y recibimos  una señal muy positiva de comprensión respecto a la labor que está realizando la facultad, así que hasta ahora ciertamente nos damos por satisfechos de la forma que hemos podido impetrar la acción y estamos seguros que  va a ser declarada admisible".

La Agrupación de Abogadas Feministas (Abofem) también se sumó a la interposición de este recurso. "Junto a Barbara Sepúlveda, directora Ejecutiva y Lieta Vivaldi, subdirectora de derechos sexuales y reproductivos, presentamos un recurso de protección frente a la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel, denunciando la no entrega del registro público de detenidos y detenidas, hecho que se repite en distintas comisarías de Chile. Desde Abofem, interpusimos el recurso en las comisarías de la Región Metropolitana. El argumento de carabineros, para negar el registro público, era que este solo podía ser entregado a abogados y abogadas del INDH, una distinción arbitraria e ilegal, ya que ante el ordenamiento jurídico todos los defensores somos iguales, por lo tanto todos deberíamos tener acceso a esa información para poder cautelar por los derechos de las personas detenidas en este Estado de Excepción Constitucional", explica Florencia Pinto, directora de derecho público de la Abofem.

En el amparo preventivo se detallan dos episodios que podrían poner en riesgo la vida de quienes están trabajando en la asesoría a personas que han sido víctima de abusos policiales. Uno de ellos refiere a lo ocurrido el 19 de octubre. "Alrededor de las 13:30 horas, un grupo de aproximadamente 15 personas, las cuales mostraban lesiones de diversa consideración, ingresó a la sede FECH para recibir atención de salud, ya que junto con el grupo de asesoría jurídica existía otro grupo dedicado a dar primeros auxilios. En ese momento, funcionarios de Carabineros de Chile lanzaron bombas lacrimógenas hacia la reja de entrada de la sede", dice el documento.

Agrega que dos profesores salieron entonces a pedir explicaciones del uso de gases disuasivos a Carabineros y que uno de estos le contestó que "debían dejar de "dar cobertura a los manifestantes" y de "cubrir a los que realizan desmanes", y que si volvían a salir, ellos (esto es, funcionarios de Fuerzas Especiales) ingresarían a la sede de la FECH, porque "en estado de sitio podemos entrar donde queramos y llevarnos a todos detenidos". Le respondieron que estaban prestando ayuda jurídica y humanitaria, que eran egresados de derecho y que no estaban participando en la manifestación, pero el funcionario policial les volvió a insistir en que si no se quedaban dentro de la sede ellos ingresarían y procederían a detener a las personas que estuviesen ahí".

En concreto el recurso que es presentado en contra del general director de Carabineros solicita que "se ordene a Carabineros de Chile que instruya a sus funcionarios a no realizar ingresos, ni amenazas de ingreso a lugares cerrados o detener personas fuera de los casos establecidos en la ley, reiterando que, bajo un estado de emergencia, los funcionarios policiales no están habilitados para ingresar a dichos recintos, ni para realizar detenciones que no cumplan con los requisitos contemplados en el Código Procesal Penal".