Proyecto de reforma a los notarios considera auditoría anual, realización de trámites por Internet y creación de consejo de nombramientos

Durante esta jornada el Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley que busca modernizar el sistema notarial en Chile. Dentro de los puntos más destacados de la iniciativa presentada por el mandatario están la "desnotarización" del sistema, la exigencia de la realización de una auditoría externa anual, la injerencia de las Cortes de Apelaciones y la Fiscalía Nacional Económica en la creación de nuevas notarías.

"El objetivo, la misión, el norte de un buen gobierno es mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Y este proyecto de ley apunta en esa dirección. A través de eliminar una enorme cantidad de trámites, que de acuerdo a la ley deben hacerse en las notarías y que no son necesarias. Hay más de 200 trámites que la ley exige que se hagan en notarias, muchos de los cuales no son necesarios. Segundo, facilitarle la vida a las personas, usando las tecnologías de forma que muchos de los trámites los puedan hacer desde la comunidad desde su celular, sus computadores o desde su casa, sin necesidad de concurrir físicamente a las notarias. Y tercero, reducir los precios que cobran los notarios, que muchas veces exceden las tarifas que están establecidas en los reglamentos que rigen a los notarios", indicó el Presidente Piñera.

Agregó el mandatario que "queremos que el Estado comprenda de una vez por todas que está al servicio de los ciudadanos (...) Queremos que el Estado no le pida nunca más ningún documento o certificado a una persona que ya fue entregado por esa persona o que es emitido por el mismo Estado".

Piñera dijo que en esta iniciativa se consideró un informe de la Fiscalía Nacional Económica que detallaba las falencias del sistema y sugería una serie de propuestas. Ese documento "estima que con una reforma de esta naturaleza podremos ahorrar cerca de 150 millones de dólares al año, que van a ir en beneficio de nuestros ciudadanos", aseguró el mandatario.

La firma del proyecto de ley la realizó en Palacio junto al ministro de Justicia y DD.HH., Hernán Larraín.

Lo que se busca con la "desnotarización" es reducir el número de trámites que se deben efectuar ante notarios. Para ello el proyecto del Ejecutivo considera tres grandes modificaciones:

La creación de Fedatarios, que son ministros de fe y que tendrán competencia en todo el país. Quienes podrán cumplir este rol son los oficiales del Registro Civil y los secretarios de los Juzgados de Policía Local. Su designación estará a cargo de la Corte de Apelaciones local y se realizará anualmente un llamado a registro, designando a todo aquel que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Los Fedatarios durarán tres años en el cargo pudiendo renovar por otro período acreditando el cumplimiento de requisitos.

Dentro de los trámites que la gente podrá realizar con estas personas están: finiquitos; salvoconductos para el cambio de domicilio; firmas para la suscripción de contratos, como el de arrendamiento; declaraciones juradas, autorizaciones para salir del país; cartas de renuncia; poderes simples, como el que permite cobrar pensiones de jubilación, retiro y montepío; copias de documentos; además de protesto de letras de cambio.

Otro punto es que el proyecto propone que se faculte al presidente para dictar una Delegación de Facultades Legislativas (DFL) que permita eliminar la obligación por ley de efectuar algunos trámites ante o por un notario. Esta medida busca reducir el número de diligencias (cerca de 205) que deben efectuarse ante estos profesionales.

Y, finalmente, se buscará que el Registro Civil pueda certificar hechos que consten o se desprendas de las inscripciones que constan en sus registros.

La elección de los notarios también tendrá una modificación importante. El proyecto considera la realización de concursos públicos en procesos basados en el mérito. Por lo que las Cortes de Apelaciones sólo podrán considerar a los 10 mejores postulantes.

Después de eso los postulantes pasarán a un Consejo Resolutivo de Nombramientos, presidido por el Ministro de Justicia, un decano de una facultad de Derecho y un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública. También se pondrá fin a los cargos vitalicios, estableciendo que cesarán en sus funciones a los 75 años o al cumplir 21 años en el mismo cargo.

Otra de las novedades es el hecho de que para la creación de nuevas notarías se pedirán informes a la Fiscalía Nacional Económica y a la Corte de Apelaciones respectiva. 

La fiscalización del trabajo de los notarios también es uno de los puntos que aborda la iniciativa del Gobierno. Dentro de los puntos más destacados está el que los notarios, conservadores y archiveros deban someterse a una auditoría externa anual. Además, se establece que la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema será la encargada de supervisar a los notarios, conservadores y archiveros.

También se busca que algunos trámites se puedan realizar mediante Internet, con el fin de reducir los costos de éstos y generar mayor eficiencia. Para ello se obligará que los actores del sistema cuenten con sistemas tecnológicos y medios telemáticos.  

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