“Que el Ejército me dé una explicación”: familias de conscriptos de Putre son recibidas en comisión de DD.HH. del Senado

Desde las 15.00 horas de este martes, la comisión de Derechos Humanos del Senado sesionó para recibir a familiares de Franco Vargas, un conscripto de 19 años de la Brigada Motorizada N°23 Huamachuco, de la IV División de Putre del Ejército, que falleció tras presentar problemas respiratorios en una marcha de entrenamiento de ocho kilómetros a 4.000 mil metros sobre el nivel del mar el sábado 27 de abril.

La primera en exponer ante los legisladores fue Romy Vargas, la madre del joven que se presentó como voluntario al Servicio Militar y murió en el extremo norte del país.

“Yo estoy aquí para poder pedir ayuda para que mi hijo tenga justicia. Porque hemos sabido de la incongruencia del Ejército en lo que han dicho a la prensa todos estos días, pero en ningún momento se han acercado a mí como la madre afectada y nos hemos enterado en base al relato de los niños que presenciaron ese hecho, que mi hijo suplicó por su vida. Pidió, por favor, vivir. Y dos tipos de las filas del Ejército, en vez de socorrerlo, lo patearon en el suelo, diciéndole que era un maricón, un niñita, que preferían verlo muerto y lo golpearon mientras él suplicaba vivir. Una vez que mi hijo murió, se alegraron. Esto no puede ocurrir aquí. Esas personas no pueden estar libres. Tienen que tener cárcel y baja. Y que el Ejército de Chile me dé una explicación”, expresó la mujer sollozando.

Posteriormente, la sesión de Sala de la Cámara Alta se inició con un minuto de silencio en memoria de Franco Vargas.

Participaron también Octavio Reyes y María Elizabeth Oñate, padres de Sebastián Reyes, Olimpia Suárez, mamá de Alejandro Hidalgo, y Angélica Mendoza, mamá de Benjamín Osorio. También asistió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, Lorena Fries y el diputado Rubén Oyarzo.

“Mi hijo se fue de voluntario. Él iba con un sueño de quedarse en el Ejército, pero ahora está totalmente decepcionado. Psicológicamente está mal. Le truncaron todos sus sueños en dos semanas. Esto no puede seguir pasando. Si ellos van de voluntarios no pueden ser tratados como perros. Esto se tiene que terminar”, señaló Octavio Reyes, contando que están a la espera del regreso de su hijo a casa.

Consuelo Contreras, directora del INDH, conectada en forma telemática, aseguró que “este caso es sin lugar a dudas una violación de derechos humanos”.

Contreras destacó que “los jóvenes que se encuentran haciendo el Servicio Militar deben estar en un contexto seguro porque están bajo la custodia del Estado”.

“Quienes cometieron el delito, el grave delito en contra de todos estos jóvenes y especialmente el delito cometido en contra de Franco Vargas, deben responder ante ese delito. Son personas individuales, las responsabilidades penales son individuales y el Ejército de Chile no debe verse involucrado”, manifestó.

Ante lo ocurrido, el Ejército informó que eran 245 los soldados conscriptos que se encontraban en instrucción y al menos 45 presentaron un cuadro infeccioso de origen respiratorio en el marco de la aclimatación que se inició el 21 de abril. Tras una denuncia del INDH por un delito de apremios ilegítimos, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota anunció la apertura de una investigación a cargo del persecutor jefe de Arica, Anatole Larrabeiti Yáñez.

La Contraloría General de la República ofició a la institución para que informe sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte de Vargas y de las medidas adoptadas para prevenir este tipo de situaciones. También solicitó información el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Ejército, por su parte, dispuso la realización de las respectivas investigaciones sumarias administrativas con el fin de contribuir a esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades. Desde el Ministerio de Defensa, en tanto, se ofició al Consejo de Defensa del Estado(CDE) “para evaluar hacerse parte de este proceso investigativo”.

En beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, el comandante en jefe de Ejército, general Javier Iturriaga, resolvió relevar del mando a dos oficiales, un capitán y un teniente coronel, que encabezaron los ejercicios, reservando sus identidades. Además, se accedió a que 114 conscriptos que presenciaron lo ocurrido dejen el Servicio Militar.

En declaraciones a Chilevisión, el exconscripto de la Brigada Motorizada N°23 Huamachuco Cristóbal Sanhueza, señaló que en el marco del entrenamiento se hizo “una costumbre” ver a compañeros apunados, vomitando y con crisis de pánico. El joven además denunció consumo de alcohol de sus superiores, ligándolo al trato que habría recibido. “Ellos tomaban dentro de la campaña. Habían cajas de vino, habían latas de cerveza, ellos no eran conscientes tampoco, quizás por eso muchos tratos eran agresivos”, afirmó.

Previamente, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, que viajó a la zona, señaló que hubo soldados que participaron del ejercicio que “intentaron autoagredirse” tras lo ocurrido.

Desde el Ejército descartaron que los soldados involucrados hayan enfrentado condiciones climáticas extremas con protección inadecuada, asegurando que marcharon con una “vestimenta estándar conforme a los procedimientos establecidos”.

Lo ocurrido llevó a evocar la tragedia ocurrida el 18 de mayo de 2005, cuando 45 soldados de las compañías Andina y Mortero del Regimiento Reforzado N°1 de Los Ángeles perdieron la vida expuestos al viento blanco en las cercanías del volcán Antuco, en la Región del Biobío. La mayoría no contaba con la indumentaria necesaria para enfrentar temperaturas bajo los -10°C, sin embargo, descendieran marchando desde el refugio Los Barros hasta La Cortina, distante a 20 kilómetros uno de otro obligados por el comandante del batallón, Patricio Cereceda.