Tras renuncia al Ministerio de Defensa: retiran del TC requerimiento de destitución en contra de Maya Fernández

Con la renuncia de Maya Fernández (PS) al Ministerio de Defensa, el abogado Raimundo Palamara, representante del Partido Republicano y de la Fundación Fuerza Ciudadana, retiró el requerimiento de destitución que ingresó en contra de la exsecretaria de Estado.

La acción judicial buscaba cesar de su cargo a Fernández, sin embargo, con la salida voluntaria de la socialista el requerimiento quedó sin objeto.

“La salida de la ministra era lo que tenía que ocurrir. Más de dos meses tardó en darse cuenta que al celebrar el contrato de compraventa de la casa por $933 millones de pesos que iba a traspasarse a la fundación de su prima hermana gratuitamente era inconstitucional y con ello incurría en una causal de inhabilidad para permanecer en su cargo. Esto es una muestra que la fiscalización realizada por parte de la Fundación Fuerza Ciudadana está dando frutos en orden de alejar a los corruptos de puestos de poder”, afirmó el abogado tras la renuncia.

Previo a su partida del gabinete, Fernández ya había sorteado favorablemente un requerimiento de destitución que no fue admitido por el TC. Dicha iniciativa también fue presentada por Palamara.

La salida de Fernández se suma a la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien también renunció al cargo en medio de las presiones de la oposición que apuntaban a la inconstitucionalidad de la compra de la casa en Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende.

La trama que se transformó en una crisis para la administración del Presidente Gabriel Boric comenzó con el intento de casa museo para preservar el legado y patrimonio de Allende. Sin embargo, la adquisición de la vivienda fue truncada porque la exministra figura como la heredera principal de la Moneda Chica, contraviniendo lo que establece la Constitución respecto a los funcionarios y los contratos con el Estado.

La Carta Magna señala que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”. Esto aplicó para el caso de la secretaria de Estado y su tía, la senadora Isabel Allende, que como legisladora y heredera también tenía prohibiciones.