A 35 años de la creación de isapres expertos piden impulsar reformas

Para algunos, el sistema de salud requiere una intervención urgente, tanto en el ámbito público como privado. Para otros, la opción de elegir un sistema de aseguramiento sólo se cumple en quienes puedes costearlo, y los actuales tiempos de espera atentan contra la dignidad de los pacientes. Esas son algunas posturas de diversos expertos, al cumplirse 35 años del modelo sanitario actual, con el surgimiento de las isapres y la instauración de un sistema mixto de seguros.

La necesidad de una reforma, que involucre tanto a Fonasa e isapres, es la opinión de consenso. "La inequidad en el acceso y el financiamiento, la incapacidad de controlar los costos en ambos sistemas, así como la falta de un modelo de atención a nivel país para enfrentar con éxito los desafíos de la tercera edad y las enfermedades crónicas son parte de las principales debilidades del sistema", plantea Héctor Sánchez, director de la Escuela de Salud Pública de la U. Andrés Bello.

Fonasa opera con un mecanismo solidario de financiamiento, compuesto por una cotización del 7% de los afiliados, además de un aporte fiscal directo, para cubrir las atenciones de casi 13 millones de chilenos, es decir, el 80% de la población. En el modelo, las personas con más ingresos hacen un mayor aporte, mientras el Estado cubre los costos de los que tienen menos recursos.

Las isapres administran el 7% de cotización, y los montos adicionales que pagan sus afiliados -tres millones de personas- se determinan a partir de sus riesgos: niños menores de dos años, adultos mayores y mujeres en edad fértil asumen mayores costos.

Los titulares de ambos sistemas coinciden en la urgencia de hacer cambios. Con diferentes posturas y visiones, plantean las prioridades que detectan (ver entrevistas).

La directora de Fonasa, Jeanette Vega, dice que "urge rediseñar un sistema de salud que no sólo focalice la resolución de problemas agudos, sino que se oriente a la prevención y tratamiento de males crónicos" (ver nota secundaria). El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, considera que es necesaria una reforma que mejore la equidad, solidaridad y transparencia, e incluya un sistema de cálculo del reajuste que termine con la judicialización: "Los tribunales no han aceptado la metodología de la ley de 2005 y han motivado una verdadera industria del litigio. A fines de 2016 se habrán transferido US$ 130 millones a un grupo de abogados".

Propuestas

El economista y docente de la U. Andrés Bello Rony Lenz dice que el modelo "ha fracasado, tanto en el ámbito privado como en el público, isapres y Fonasa, y el gran parche de la reforma Auge/GES, que trató de compensar algunas falencias, no dio resultado".

Para Lenz, "isapres y Fonasa han beneficiado a las clínicas, a los doctores y a los gremios de salud, pero no a los pacientes, desde el punto de vista de los indicadores, de las expectativas que tiene la población. El modelo sólo ha entregado utilería a la gente que puede pagar, y el resto de los chilenos sufre un sistema desalineado con las necesidades de salud".

Para el ex presidente de la Asociación de Isapres Hernán Doren, las principales deficiencias de Fonasa están en "su pésima cobertura cuando las personas requieren de un prestador privado y las listas de espera". Para las isapres apunta "el tener afiliados cautivos, no contar con a lo menos un plan común para todos y encontrar una forma aceptada de adecuación de planes". Añade que "la reforma a la salud es imprescindible y los principales temas fueron acordados por una mayoría en la comisión presidencial".

Matías Goyenechea, de la Fundación Creando Salud, manifiesta que la premisa de que las personas tienen completa libertad de elegir dónde y con quién atenderse "sólo se cumple para quienes pueden pagarla, en su mayoría profesionales jóvenes y adultos sanos de sectores medios y altos. El paradigma del Estado ineficiente y la política de destinar enormes cantidades de recursos a las aparentemente más eficientes soluciones privadas refleja un sistema sanitario dominado por el mercado".

Oscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, plantea que "no es suficiente reformar el sistema de aseguramiento". Propone sacar del Ministerio de Salud la conducción de la red pública, cambiar la forma de gobierno de los hospitales y servicios de salud y "abrirse a desmunicipalizar la atención primaria, así como hacer frente a las brechas de recursos humanos".

El ex ministro de Salud Jaime Mañalich, jefe de salud pública de la U. de los Andes, apunta a la colaboración público-privada y a la integración de la red, creando macrorregiones para abordar la demanda sanitaria. Propone un "plan único de salud, igual para seguros públicos, privados y complementarios, que incorpore la prevención, educación, el Auge, la Ley Ricarte Soto y el Plan Complementario de Salud". Iniciativa que, sugiere, debería comenzar "por las isapres y luego ser general".

En la misma línea de la integración se mostró Héctor Sánchez, director de salud pública de la Unab, quien agregó que se requiere un sistema "integrado, en el cual coexistan actores públicos y privados en el aseguramiento y en la prestación de servicios. Debe eliminarse la segmentación por riesgo, edad y nivel socioeconómico, y la gente debe escoger el subsistema que satisfaga mejor sus necesidades".

El economista Rodrigo Castro sostiene que los desafíos están en integrar las redes pública y privadas. "Hacer trabajar de forma conjunta los prestadores, para usar de mejor manera los recursos y priorizar brechas sanitarias".

Para el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, los cambios se requieren porque "los buenos índices sanitarios no se traduce en que la gente esté contenta con la atención".

En otra línea, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, propone impulsar y reforzar en los servicios de salud "el valor de designar territorios acotados con mayor autonomía, apostando por el desarrollo descentralizado".