Admiten penetración del narcotráfico en la política peruana

La procuradora antidrogas del Perú, Sonia Medina, admitió hoy que se han detectado indicios de penetración del crimen organizado en la política, incluyendo el narcotráfico, del que dijo que quisiera convertir al país en un "narcoestado".

"Tenemos varios casos detectados, personas con procesos penales abiertos que ya ocupan u ocuparon un cargo público", le dijo a la versión web del diario El Comercio, Medina, quien reconoció que el sistema electoral "es muy débil en este momento"

La procuradora, que tiene fama de incorruptible, reaccionó así después de que un experto en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, asegurara que ha detectado cerca de 40 'narcocandidaturas' en 15 de las 25 regiones de país con vista a los comicios regionales, provinciales y distritales de octubre. 

Según Medina, "no tenemos ahora confirmados nombres, pero es conocido que existen personas inescrupulosas que pese a sus vínculos con este delito postulan a un cargo".

"La Policía investiga con nosotros, los casos se judicializan. Con base en esto, los órganos electorales tendrían que ser el filtro (contra candidaturas sospechosas)", afirmó la procuradora. "Estamos consintiendo que el narcotráfico llegue a los poderes políticos", agregó.

En abril, en medio de hechos de violencia registrados en Áncash, donde fue asesinado un virtual candidato a la presidencia regional y otro sobrevivió a un atentado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitieron un comunicado conjunto en que advierte de los riesgos.

"Nos preocupan los riesgos de penetración del crimen organizado -narcotráfico, sicariato, extorsión- dentro del escenario político electoral", dijeron en esa ocasión el JNE y la ONPE, que anunciaron además que coordinarían con otros organismos involucrados. Empero, Medina indicó que a ella no la han consultado.

Diversos indicios apuntan a que la norteña Áncash, la décima mayor región del país, podría estar en manos de una mafia dedicada a diversos delitos comunes, de la que supuestamente el presidente regional, César Álvarez, es una de las fichas principales.

Álvarez, populista de derecha, es sospechoso de los asesinatos de al menos ocho opositores, pero los casos no han llegado a tribunales por maniobras aparentemente irregularidades de la Fiscalía, que también está bajo escrutinio por el caso.

Los expertos temen que lo de Ánchash se repita en otras regiones, en especial aquellas con fuerte presencia del narcotráfico, que ha hecho del Perú el mayor exportador mundial de cocaína.

En octubre, los peruanos elegirán 25 presidentes regionales, cerca de 200 alcaldes provinciales y casi 2.000 alcaldes distritales. La quiebra y desprestigio de los partidos nacionales ha hecho que esos comicios estén dominados por movimientos de alcance local, en muchas ocasiones encabezadas por personas sin antecedentes políticos.