California, Texas y Florida concentran el 47% de los sin papeles

Jonathan Sánchez, de 14 años, cursa octavo grado en un colegio estatal en Venice, California. Toda su vida ha vivido en ese lugar, habla inglés e incluso tiene amigos estadounidenses. Sus padres, sin embargo, son mexicanos, llegaron al país antes de que él naciera y no cuentan con un permiso de trabajo, ni menos uno de residencia. "En mi casa están muy esperanzados con que se apruebe una ley de inmigración y mis papás puedan vivir y trabajar tranquilamente, sin tener miedo a que los arresten. Su situación (económica) en México no era buena, así que siguieron el ejemplo de otros familiares y vinieron para acá", relata a La Tercera el joven, cuyos padres son el reflejo de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y cuyo estatus legal actualmente se encuentra en las agendas tanto del Senado como de la Casa Blanca, para realizar una reforma al sistema migratorio. "Llegó la hora" de solucionar la situación de los inmigrantes sin autorización, dijo el Presidente Barack Obama en su último discurso sobre el tema el martes pasado.

Se abre así la interrogante de cómo afectará al país si estos inmigrantes consiguen un permiso de trabajo o de residencia. De esta forma, es en el estado de California donde este impacto será más notorio, debido a que posee la mayor cantidad de inmigrantes ilegales, 2,8 millones, lo que corresponde a un 24,5% del total de los inmigrantes indocumentados, según cifras del Centro para Estudios de Inmigración con base en Washington. Le siguen Texas, con un 17%, y Florida, con 5,6%. Los tres estados representan al 47% de total.

El "estado dorado", eso sí, al igual que el resto del país, experimenta una constante caída en la llegada de los inmigrantes ilegales desde 2009, debido a la crisis económica que afectó a Estados Unidos y a los refuerzos en la frontera. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, se estima que poco más de 2,8 millones vivían en California en 2010, lo que significa una caída de 280 mil en comparación con 2008.

La gran mayoría de los inmigrantes ilegales que entra a Estados Unidos proviene de América Latina, con un 60% de México y un 20% de otros países latinoamericanos, especialmente de El Salvador, Guatemala y Honduras. Las investigaciones realizadas por el Instituto de Políticas Públicas de California señalan que las razones para emigrar van desde mejoras económicas hasta la reunificación familiar. Este último motivo fue lo que impulsó la llegada de inmigrantes a California a fines de los 80, debido a la Reforma Inmigratoria y Control de Actas de 1986, ya que más de un millón de indocumentados pudo postular para una residencia. Así, muchos de los que consiguieron un permiso de residencia llamaron a sus familiares para que emigraran.

"California verá a un montón de nuevos votantes demócratas para las elecciones", dijo Steve Camarota, director del Centro para Estudios de Inmigración. Sin embargo, advierte que el efecto en las elecciones podrá ser observado en muchos años más, en cambio, en las políticas fiscales y el mercado laboral, las consecuencias pueden ser inmediatas una vez que se apruebe la reforma.

A medida que los nuevos residentes comienzan a pagar impuestos, eventualmente van a calificar para obtener salud estatal y beneficios sociales, los cuales aumentarán los costos para el Estado. Más allá de eso, el 80% de estos trabajadores no tiene cursos de educación superior, por lo que van a competir de forma directa con la población nativa de trabajadores con los mismos niveles de educación y de habilidades para obtener trabajos en los que se necesita un estatus legal.

California tiene una muy baja participación en la fuerza laboral que pertenece al grupo etario de entre 18 y 29 años. En 2000, ese grupo de trabajadores sin educación superior correspondía al 69%. El año pasado esa cifra cayó a 43%. Esto es bajo el promedio nacional, de cerca del 50%. Las reformas, sin embargo, aumentarán considerablemente el número de trabajadores que puede competir a ese nivel. "Ahora tendrás mucha más gente compitiendo por trabajos de bajos sueldos, como guardias de seguridad en una oficina o un repartidor de una empresa de correo privado", dijo Camarota.

Por el otro lado, este influjo de trabajadores indocumentados llenará las arcas fiscales en muchos estados, especialmente en aquellos con grandes poblaciones de inmigrantes ilegales, como es el caso de Texas y Florida. "Tendrá un impacto directo en el financiamiento estatal de la salud  y la educación, como también en ciertas industrias, como en la construcción, la agricultura y la hotelería, donde los trabajadores poco calificados son requeridos", dijo a la revista Christian Science Monitor, Ian Macdonald, uno de los jefes del área de la mobilidad global e inmigración de la firma Littler Mendelson. Los nuevos trámites para procesar las postulaciones para conseguir un estatus legal también implicarán un costo adicional para los presupuestos estatales.