Cathy Barriga sale en defensa del agua de Maipú y recurre al TC

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, convocó a un Concejo Municipal extraordinario, luego de recibir el informe de su equipo jurídico sobre los juicios pendientes que mantiene el municipio desde administraciones anteriores.

Se detectó que existen tres procesos judiciales, dos en los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y uno en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, donde la Tesorería General de la República le cobra al municipio cerca de 12 liquidaciones en contra de SMAPA (Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado) que ascienden a la suma de $ 34.729.744.414 pesos, según informó en su exposición el jefe del departamento de recaudación de la Tesorería, Rufino Sánchez.

SMAPA es un servicio de y para los vecinos de Maipú con fuentes propias de agua potable. Es una dirección municipal, no tiene ni patrimonio ni personalidad jurídica propia. No es un negocio, los dineros percibidos por SMAPA ingresan directamente a las arcas municipales.

Sin embargo, el SII considera que se realiza un acto de comercio y que se debe pagar un impuesto a la renta sobre las utilidades, criterio que aplicó desde el año 2005 en adelante. Dentro de la exposición se señaló que este conflicto jurídico no fue enfrentado adecuadamente en los tribunales, por las administraciones anteriores en la alcaldía de Maipú.

La alcaldesa Barriga instruyó a los abogados del municipio para enfrentar esta millonaria deuda, indagando la posibilidad de presentar un requerimiento por inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, para cautelar los recursos y el agua de los vecinos de Maipú.

"Vamos a defender el agua de Maipú, los recursos de los vecinos. Llegaremos hasta las máximas instancias en los tribunales de justicia para evitar que estos dineros que nos cobran pierdan su objetivo, el bienestar de los vecinos de nuestra comuna" manifestó la jefa comunal.

En el requerimiento ante el Tribunal Constitucional se argumentaría que el criterio del SII sería contrario a Derecho e inconstitucional, y no sólo perjudicaría a este Municipio sino que a otras municipalidades y organismos de la administración del Estado.

En la ocasión también expuso Gonzalo Torres, ex subdirector jurídico del SII, quien entre otras cosas señaló que las administraciones anteriores del municipio tuvieron la oportunidad procesal de presentar pruebas y así "haber probado que la base imponible que estaba determinando el SII era totalmente errónea, pero lamentablemente no se llevó nada". Añadió que se perdió la oportunidad que daba la ley, "de cambiarse de jurisdicción", es decir, llevarlo a los nuevos tribunales tributarios aduaneros.

Torres puntualizó que el error más grave cometido por administraciones anteriores, es que en beneficio al principio de buena fe tributaria, el contribuyente pudo haber reclamado y continuado con el reclamo y se hubiesen estancado los intereses y multas que afectan hoy en día al municipio de Maipú.