Codelco-Contraloría: "Contexto político" frenó cambio legal

El 21 de junio se realizó la junta extraordinaria de accionistas de Codelco que selló el destino de la pugna con la Contraloría General de la República (CGR), y que terminó con la cuprera demandando la nulidad de la fiscalización que le hicieron por procesos de compra, acusando al organismo de arriesgar el normal desarrollo de su negocio.

Según el acta de la sesión, el primero en hablar fue el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, quien presentó los posibles impactos económicos y operacionales "que se están generando" producto del conflicto.

En seguida fue el turno del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien decidió desechar la tramitación de una ley especial para destrabar el conflicto. Según revela el acta, el secretario de Estado "reconoce la dificultad actual de poder solucionar este tema por una vía legislativa, dada la agenda legislativa y el contexto político de este año".

De hecho, fue el propio abogado de la minera, Pedro Pablo Gutiérrez, quien expresó el miércoles que "cuando hay discusiones muy intensas sobre cuál es el verdadero sentido y alcance de una norma u otra, una ley puede permitir resolver eso. Eso sería una buena manera de resolver este tema".

A renglón seguido, Valdés comentó que todo el año se ha estado trabajando con Contraloría en su relación con las distintas empresas públicas, reconociendo que, "dado lo presentado, puede dificultarse el poder llegar a un acuerdo marco con Contraloría". Sin embargo, consideró "recomendable" mantener un canal de diálogo abierto, "sin descartar la vía judicial"

Quien también tomó la palabra fue la ministra de Minería, Aurora Williams, que hizo hincapié en que tanto la administración como el directorio han demostrado actuar de manera "eficiente, eficaz y proba".

Las palabras de la secretaria de Estado no fueron elegidas al azar. En su informe de auditoría, uno de los argumentos que entregó Contraloría era que la Ley de Compras Públicas aseguraba que las operaciones se hicieran apegadas a esos principios, mientras que Codelco dice que actúa bajo esos preceptos con la Ley de Sociedades Anónimas. "Durante los últimos tres años se ha intensificado la fiscalización de Cochilco en distintos aspectos de la gestión de Codelco, ratificando, a su juicio, que es Cochilco quien tiene las herramientas y capacidades técnicas para fiscalizar a Codelco", dijo Williams.

El batatazo final, la ministra lo apuntó sobre las incertezas para otras empresas estatales. "La relevancia de este conflicto puede repercutir en otras empresas del Estado, enfatizando que el grado de incertidumbre impacta en la gestión de la empresa", cita el acta.

Oscar Landerretche, presidente del directorio de Codelco, dijo que no "tiene ningún problema ni incomodidad con el control y la fiscalización, pero que lo relevante de esta discusión es que se está desdibujando el rol de este directorio, donde están radicadas las facultades de administración de esta empresa y quien es el encargado determinar la eficiencia, eficacia y probidad de las decisiones de negocio y administración de esta corporación".