Congresistas hispanos de EEUU exigen aprobación de fondos sin condiciones por crisis migratoria
El senador Bob Menéndez afirmó que es fundamental "dar al presidente el dinero que necesita para manejar esta crisis de refugiados en la frontera".
Una decena de congresistas hispanos demócratas exigieron hoy que el Congreso de Estados Unidos apruebe "sin condiciones" los fondos por valor de 3.700 millones de dólares que ha pedido el presidente Barack Obama para atajar la crisis humanitaria en la frontera.
"Necesitamos dar al presidente el dinero que necesita para manejar esta crisis de refugiados en la frontera", dijo el senador Bob Menéndez.
Los miembros del "caucus" (grupo) de congresistas hispanos lamentaron que algunos miembros del partido republicano estén condicionando la aprobación de estos fondos adicionales a la modificación de una ley de 2008 que protege a los refugiados.
Esta legislación impide la deportación acelerada de niños migrantes indocumentados originarios de países no fronterizos con Estados Unidos.
El gobierno estadounidense puede deportar inmediatamente a niños indocumentados mexicanos, ya que ambos países comparten frontera, pero en el caso de los niños centroamericanos es un juez de inmigración el que debe decidir si deben ser o no deportados.
De hecho, los niños centroamericanos pueden quedarse en Estados Unidos meses o incluso años antes de que un juez decida sobre su caso de deportación.
Ahora los republicanos quieren modificar esta legislación, aprobada durante el gobierno de George W. Bush con apoyo bipartista, para acelerar las deportaciones de niños centroamericanos. Quieren que puedan ser deportados inmediatemente después de ser detenidos por la patrulla fronteriza, al igual que ocurre actualmente con los niños mexicanos.
"El 'caucus' hispano quiere lanzar el mensaje de que estamos unidos para ayudar a estos niños. Estamos totalmente en contra de que se cambie la ley de 2008", explicó a la agencia dpa Juan Vargas, congresista demócrata por California.
"Si la vamos a cambiar, la tendríamos que cambiar para ayudar a más gente, como a los niños mexicanos, que sufren bastante. Si se va a cambiar, hay que cambiarlo a algo mejor, no a peor", añadió Vargas.
"El 'caucus' de congresistas hispanos se levanta en defensa de los menores no acompañados de Centroamérica. Estos niños que vienen de nuestros vecinos países de América Latina podrían ser nuestros sobrinos, nuestros nietos", dijo en rueda de prensa Rubén Hinojosa, presidente del "caucus" de congresistas hispanos.
"Debemos asegurarnos de que estos niños estén protegidos por la ley y que encontramos soluciones a esta crisis humanitaria", señaló Hinojosa.
El congresista demócrata por Florida Joe García recordó que "Obama no ha pedido cambios" en la legislación actual para acelerar las deportaciones de los niños centroamericanos, como sostienen los republicanos. Y consideró necesario mantener la legislación actual para garantizar que los derechos de estos niños son protegidos.
Los congresistas hispanos anunciaron que próximamente se van a reunir con Obama para tratar el tema de la crisis humanitaria en la frontera y hacerle propuestas sobre las medidas que puede adoptar por decreto presidencial en inmigración. Todavía no hay una fecha concreta sobre cuándo tendrá lugar la reunión.
"Esperamos que el presisente sea tan generoso como los republicanos han sido de mezquinos. Que sea grande", dijo Gutiérrez.
Obama pidió el pasado martes al Congreso 3.700 millones de dólares para atajar esta crisis humanitaria en la frontera. Los fondos adicionales servirán para mejorar las condiciones de los centros de detención, mejorar el cuidado y transporte de los niños no acompañados, acelerar las deportaciones, luchar contra las redes de tráfico de personas, lanzar campañas contra la inmigración ilegal y ayudar a los países centroamericanos a repatriar a sus ciudadanos.
En los últimos ocho meses, más de 57.000 niños indocumentados han llegado a la frontera de Estados Unidos solos, sin padres o tutores. La mayoría de ellos proceden de Guatemala, El Salvador y Honduras. Se espera que cuando acabe el año fiscal (en septiembre) su número haya llegado a los 90.000.
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