Contraloría establece que ministros sí pueden ser investigados por intervencionismo electoral

Luego de tres meses de analizar una presentación del comando de Piñera en contra de seis ministros por intervención electoral y cuando quedan sólo 11 días de campaña presidencial, el contralor Ramiro Mendoza decidió definir un nuevo criterio para enfrentar las denuncias que afecten a los ministros de Estado, estableciendo que Contraloría sí tiene potestades para investigarlos a futuro.

El 6 de octubre pasado, los senadores Andrés Allamand y Andrés Chadwick, junto a Jorge Schaulsohn y Rodrigo Hinzpeter, entregaron un oficio en que se enumeraban declaraciones en favor de Eduardo Frei que hicieron seis ministros en horario de trabajo, incumpliendo -a su juicio- el reglamento que había emanado Contraloría un mes antes, en donde se regulaba la prescindencia de los funcionarios públicos en campañas electorales. En su defensa, La Moneda alegó que la Contraloría no poseía facultades para indagar a estos personeros, pues no son funcionarios públicos.

Para zanjar el tema definitivamente, Mendoza definió que los ministros sí pueden ser investigados por la Contraloría y que deben cumplir todas las obligaciones emanadas de la ley de probidad, tales como el instructivo que les impide hacer campaña electoral en favor de algún candidato en horario de trabajo: "Los ministros siempre deben observar cabalmente las normas constitucionales y legales que regulan el principio de probidad administrativa (...) y están impedidos de realizar actividades de carácter político y, por ende, a manera ejemplar, no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, asociar la actividad del organismo respectivo con determinada candidatura, tendencia o partido político, ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto, y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos", señala el dictamen enviado esta mañana a La Moneda.

Sin embargo, el contralor decidió no investigar la denuncia del comando piñerista en contra de la ex Segegob Carolina Tohá, del canciller Mariano Fernández, del ministro de OOPP Sergio Bitar, del titular de la Segpres José Antonio Viera-Gallo, de la ministra de Educación Mónica Jiménez y de Agricultura Marigen Hornkohl.

En ese sentido, el texto indica que "de lo expuesto y en resguardo de la certeza jurídica, este criterio sólo resulta aplicable hacia el futuro, sin afectar los casos particulares ocurridos con anterioridad, de manera que no procede, en esta oportunidad, calificar las actuaciones denunciadas por los interesados".