CPC y CUT buscan acercar posiciones frente a reemplazo de trabajadores en huelga

Un acuerdo más específico que la declaración de voluntades firmada en febrero de 2012 buscan conseguir este año la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

De acuerdo con las minutas que emanaron del trabajo que realizaron técnicos de ambas organizaciones el año pasado, ya existe consenso en avanzar en materia de negociación colectiva. En este ámbito, los documentos plantean la necesidad de resguardar un piso mínimo, argumentando que el empleador no debiera proponer al sindicato una oferta inferior a la contenida en el contrato vigente. También se constata la voluntad de discutir sobre la ampliación de los fueros sindicales y "revisar el marco legal que regula el ejercicio del derecho a huelga, procurando armonizar un ejercicio efectivo" con los convenios de la OIT.

En esta última materia, de acuerdo con fuentes vinculadas al proceso de negociación, la CPC ha planteado la disposición a postergar la posibilidad de reemplazo de trabajadores al vigésimo día de huelga.

Actualmente, el Código del Trabajo permite que las empresas reemplacen a sus trabajadores en dos circunstancias. Desde el primer día de huelga, si es que la empresa ofreció los mismos beneficios del contrato colectivo vigente reajustado al 100% de la variación de la inflación por toda la vigencia del nuevo contrato -excluidos los últimos 12 meses- más un bono por trabajador reemplazado de 4 UF. Si la compañía, en cambio, ofrece al sindicato menos beneficios, puede hacerlo desde el décimo quinto, aunque de todas maneras debe pagarles un bono de 4 UF.

Desde la CUT, en todo caso aseguran que defenderán que se debe poner fin definitivo al reemplazo en huelga. "Ellos (la CPC) plantean que sea posible desde el día número 20 de la huelga, pero nosotros sostenemos que no", afirman. La única posibilidad de reemplazo que están abiertos a discutir, dicen en la multisindical, es en caso de turnos de emergencia en áreas como la salud. "La CPC está cerca de esa postura, pero tenemos cierta reticencia porque tendríamos que acotar bien cuáles son los casos", agregan.

La mayoría en el Parlamento que obtuvo la coalición de gobierno en la elección pasada, genera distintas posturas al interior de la CUT en torno a la necesidad de firmar un nuevo acuerdo con el empresariado.

Algunos de sus miembros aseguran que este año la multigremial buscará avanzar en las llamadas demandas laborales históricas, como lo es el fin del reemplazo a huelga y la ley de pisos mínimos para la negociación colectiva.

"Una reforma laboral requiere quórum simple y el gobierno tiene los votos. Los empresarios quieren ir junto a nosotros al Congreso, pero estoy seguro de que cuando entremos en el detalle de la discusión no habrá acuerdo. ¿Para qué ceder en nuestras demandas si podemos ir directamente al gobierno o al Congreso?", dice uno de los integrantes de la directiva de la CUT. Otro, en cambio, advierte que en la Nueva Mayoría "hay personas que no quieren una verdadera reforma laboral". Ante ese escenario de incertidumbre, dice, un acuerdo con los empresarios permite legitimar la necesidad de aplicar cambios al mercado del trabajo y presionar para que ellos se concreten.

De todos modos, las reuniones entre la CPC y la CUT se retomarán en marzo. Tanto Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, como Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC, han manifestado su voluntad de intentar construir un consenso para presentar una propuesta laboral al nuevo gobierno. "Si ambas partes estamos de acuerdo en que se necesitan profundas reformas laborales, es una señal potente para el gobierno de que hay que concretarlas", señaló Figueroa a fines del año pasado.

Por el momento, involucrados en las conversaciones señalan que no hay apuro en cerrar pronto un eventual acuerdo, ya que la atención durante el primer semestre estará puesta en la reforma tributaria y educacional.