Crece consenso para flexibilizar mercado laboral y atacar problema estructural del desempleo

Hace unos días fue el ex canciller Alejandro Foxley (DC) -hoy presidente de Cieplan- el que puso el tema en el tapete: en un documento publicado en un think tank norteamericano planteó la necesidad de reducir los costos de contratación y despido de trabajadores, mostrándose luego partidario de reformar el sistema de indemnizaciones vigente en Chile. A fin de esta semana se sumó la ministra del Trabajo, Claudia Serrano (PS), quien también consideró razonable revisar las indemnizaciones a cambio de un mayor seguro de desempleo, por ejemplo. "Creo que hay que hacer este balance entre eliminar o morigerar y corregir la Ley Bustos, como es conocida la indemnización, cotejada o balanceada por la mejora en la protección social del trabajador", dijo en la Cámara de Comercio de Santiago.

Así se ha ido generando un consenso creciente, que abarca desde la Alianza hasta sectores amplios de la Concertación y a los asesores económicos de las tres principales candidaturas presidenciales, acerca de la necesidad de avanzar hacia la flexibilización del mercado laboral como medida para atacar el alto desempleo que se ha tornado estructural en la última década. En igual sentido se manifestó la Ocde en un informe sobre el tema. Los economistas señalan que con la actual recesión, la desocupación se ha vuelto a situar como el problema prioritario de la economía para la autoridad, pero que lo cierto es que desde la crisis asiática prácticamente nunca dejó de serlo, más allá de los vaivenes del ciclo económico. Desde 1992 hasta la crisis asiática (1998) el desempleo en el país no superó el 8,5%. En 1999 se elevó marcando un peak de 11,9%. Pero a partir de ahí no cayó de 8,5% prácticamente hasta 2006, y ayudado sólo por el boom que vivía el mundo -que en parte se transmitía a Chile- y por el alza que sufrió la inflación y que corrigió a la baja las remuneraciones reales.

Hoy ha vuelto a los dos dígitos (10,2% marzo-mayo) y sin un cambio de enfoque de la política laboral, los expertos prevén que retomar a los niveles precrisis (del orden de 7,5%) podría tardar más de cinco años. "Con expansiones del PIB en 5% ó 6%, demorará al menos seis años el ajuste a las tasas previas a la crisis", explica Ricardo Paredes, de la Escuela de Ingeniería de la UC.

FACTORES ESTRUCTURALES
Los especialistas coinciden en que el presente aumento tiene componentes cíclicos, asociados a la desaceleración de la economía. Esta provocará que "el peak del desempleo se manifieste probablemente en las cifras del trimestre junio-agosto, a tasas de entre 11,5% y 12%", dice el economista de la Universidad Católica, Fernando Coloma. Además, precisa, "hoy, con inflación decreciente, que se reajusten los salarios por inflación pasada significa un aumento en salarios reales, lo cual no ayuda a la preservación de los empleos".

Sin embargo, también ven un elemento estructural. "Hay razones que podrían explicar un pequeño incremento de la tasa natural (de 6% en los 90) y que dice relación con la mayor red de protección al desempleo y la permanencia de programas de empleo de emergencia, que aumentan los incentivos a permanecer activo", opina Paredes. También están las medidas tomadas en la década y que encarecieron la contratación y el despido. Sólo entre 1998 y 2000, el salario mínimo saltó 40% (de $71.400 en mayo de 1998 a $100.000 en junio de 2000), lo que significó un alza de 15 puntos porcentuales por sobre la de la media salarial.

Los expertos hacen ver, además, que esta situación es apremiante, porque afecta con mayor fuerza a los grupos más vulnerables de la sociedad, gente de menores recursos y jóvenes, donde se concentra la mayor tasa de desocupación. Por eso, aseguran, la principal política de protección social debiera ser generar condiciones de mayor empleabilidad para dichos sectores.

VISION ALIENADA
Que ahora exista un más amplio consenso en la naturaleza del problema y de sus posibles soluciones hace a economistas como David Bravo, académico de la U. de Chile, creer que "lo que ocurrió después de la crisis asiática esta vez no debería volver a pasar. El desempleo seguirá siendo una prioridad, aunque baje de su máximo; hace una década empezó a bajar y salió de la agenda". "En todos los sectores detectamos mayor disponibilidad para considerar con más pragmatismo el tema del trabajo", agrega. En 2008 el Consejo de Equidad ya había alertado de la necesidad de quitar rigidez al mercado laboral, proponiendo cambiar el sistema de indemnizaciones por año de servicio -hoy con tope de 11 años- por un fondo de indemnizaciones a todo evento con una cobertura de tiempo o monto distintos.

De hecho, más allá del abanderado de la oposición, Sebastián Piñera, que siempre se ha mostrado partidario de la flexibilidad laboral, en las otras dos candidaturas también hay, con matices, receptividad al tema. "En nuestro sector tenemos que perderle el miedo a la palabra flexibilidad", dijo Oscar Landerretche, asesor del candidato oficialista Eduardo Frei, en un reciente encuentro en La Tercera. "Nosotros creemos viable un modelo de flexibilidad pactada" entre trabajadores y empresa, dijo en la misma ocasión Paul Fontaine, quien participa en el programa de Marco Enríquez-Ominami.

"El que distintos frentes hablen más abiertamente de flexibilidad laboral es un reconocimiento explícito de que ante un mundo cada vez más competitivo y dinámico, resulta evidente la necesidad de avanzar hacia una regulación laboral más acorde a los requerimientos de flexibilización de las personas y de las empresas", opina Coloma. Una ejemplo es Alejandro Foxley, quien como ministro de Hacienda de Patricio Aylwin participó en el cambio del régimen de indemnizaciones por año de servicio, subiendo el tope de cinco a once salarios, sistema que hoy propone modificar.